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Hoy a las 10 debe comenzar en el Cine Teatro José Hernández de Rawson el juicio oral y público a los tres almirantes, cinco capitanes de navío, tres capitanes de corbeta y tres suboficiales de la Armada acusados de realizar tareas de inteligencia ilegal desde la Base Aeronaval Almirante Zar con asiento en Trelew, provincia de Chubut. La audiencia estaba programada para el lunes 5 de marzo, pero se frustró por una nueva maniobra dilatoria de las defensas, que a lo largo de seis años no han perdonado artilugios legales para evitar que la Justicia se expida en este caso tan significativo para el control civil de las Fuerzas Armadas y su adecuación a las normas de la democracia.
El 17 de marzo de 2006 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) formuló la denuncia con la información aportada por el cabo Carlos Ariel Alegre, quien se había negado a participar en el espionaje ilegal. El entonces titular del Juzgado Federal de Rawson, Jorge Pfleger, allanó la oficina del Servicio de Inteligencia Naval de la Base Almirante Zar y secuestró pruebas contundentes en discos rígidos y carpetas. El material incluía normativa sobre prácticas de inteligencia y mensajes navales con partes de seguimientos de actividades y la realización de semblanzas de funcionarios y políticos locales y nacionales (entre ellos la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré), periodistas, dirigentes e integrantes de agrupaciones sociales, barriales y de organizaciones de Derechos Humanos, clasificados por factores, como se hacía durante la dictadura. La investigación, extendida a otras dependencias de la Armada como las Bases Navales de Puerto Belgrano, Zárate y Ushuaia, y ampliada por el testimonio en 2007 de un segundo testigo, el ex cabo Luis Alberto Sánchez, demostró que esta práctica era sistemática y estructural dentro de la fuerza y que la información circulaba entre todos sus niveles jerárquicos. Los catorce procesados son el vicealmirante Eduardo Luis Avilés, ex comandante de Operaciones Navales; los contraalmirantes Pablo Carlos Rossi –ex director de Inteligencia Naval– y Luis De Vincenti; los capitanes de navío Jorge Alberto Janiot, Gustavo Leopoldo Ottogalli, Carlos Daniel Vázquez, Carlos Ruda y Félix Medici; los capitanes de corbeta Eduardo Omar Merlo, Cristian Andrés Vidal y Gustavo René Monzani; el suboficial principal Alfredo Luis Andrade, el suboficial primero Vicente Claudio Rossi y el suboficial segundo Daniel Vicente Guantay. Desde 2006, plantearon más de veinte incidentes para entorpecer la causa, entre nulidades, recusaciones e incompetencias que dilataron el proceso. Once jueces y conjueces se excusaron, la Armada invocó el presunto carácter “secreto y confidencial” de los partes de inteligencia interior y algunos imputados adujeron la inconstitucionalidad del decreto del ex presidente Néstor Kirchner que relevó de guardar secreto al momento de declarar a todos los agentes navales citados en el transcurso del proceso. También rechazaron ser investigados por la Justicia Federal, alegando que sólo debían responder ante la Comisión Bicameral Permanente del Congreso a cargo de la Fiscalización de Organismos y Actividad de Inteligencia. A estas trabas se sumó la sustracción de documentos del expediente.
Los nuevos subterfugios para provocar demoras son con frecuencia facilitados por la impericia, la lentitud e inclusive las pugnas internas dentro de la justicia federal. Por un lado, en la audiencia del lunes 5 no se hicieron presentes el procesado Ottogalli, su defensor, que renunció, y los defensores de Vázquez, Vidal, Ruda y De Vicenti, por lo cual fue suspendida hasta el día de hoy. Ante esta estrategia, y a pedido de los representantes del CELS Rodrigo Borda y Carolina Varsky, el juez Enrique Guanziroli dispuso la designación de defensores oficiales suplentes para que intervengan en caso de que los abogados particulares vuelvan a abandonar la defensa. Los querellantes también pidieron la imposición de costas a quienes abusen de chicanas procesales para obstaculizar la causa. La causa se mantiene en el Juzgado Federal de Rawson, cuyo titular Hugo Sastre es subrogado por Guanziroli, quien es juez del Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia. Esta situación ha potenciado previos roces entre los magistrados y provocado pedidos de apartamiento y cuestionables licencias del personal del juzgado. Esto agregó obstáculos, que el CELS comunicó a la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Las defensas también plantearon la incompetencia del Juzgado Federal de Rawson. El argumento fue que debía intervenir el Juzgado Federal N 3 de la Capital Federal de Daniel Rafecas, quien en diciembre pasado dispuso el procesamiento del hasta ese día jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy, y de su ex segundo, el vicealmirante Benito Rótolo. Rafecas consideró que el espionaje, prohibido por las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional, se realizó en forma “habitual, prolongada y reiterada en el tiempo” y que de las prácticas ilegales participaron las más altas esferas de la institución, la Dirección de Inteligencia Naval (DIIA) y el Comando de Operaciones Navales (COOP) que entonces dependían de Rótolo y Godoy. Los abogados de los marinos arguyeron que las dos causas debían tramitarse ante el mismo magistrado ya que comparten los mismos cargos y sus querellantes, incidente que fue rechazado por los juzgados de Rawson y de Capital Federal y calificado por el CELS como un intento más de frenar el avance de la causa.
El último ardid de las defensas fue una insólita demanda por falso testimonio y falsa denuncia contra el cabo Alegre quien fue sometido a sanciones y maltratos cuando se negó ante sus superiores a cumplir órdenes de realizar el espionaje, y contra el abogado Eduardo Hualpa, que participa de la querella como particular damnificado. Uno de los principales implicados, el ex jefe de la sección de Inteligencia de la base de Trelew, Gustavo Monzani, a la que sigue destinado, pretende que durante una licencia suya, Alegre confeccionó o modificó semblanzas de magistrados y políticos para “exhibirlas forzadamente como documentos de inteligencia”, y que este hecho era convalidado por la querella. Citó como prueba un peritaje informático solicitado por él. Pero en realidad ese peritaje realizado por Gendarmería probó que esos partes constituyen un ínfimo porcentaje del total de la prueba, que incluye más de veinte documentos firmados de puño y letra por Monzani, quien ni siquiera había iniciado su licencia. Además, Alegre ya fue sobreseído en 2008 de la acusación de partícipe en el espionaje. El abogado de Monzani, Guillermo Joaquín Hervida, es asiduo iterlocutor de medios radiales locales que apoyan a los espías navales. El CELS denunció que con este dislate pretende iniciar un nuevo expediente en el que se inviertan los roles de acusador e imputado y recordó que el derecho de defensa no ampara la calumnia o el agravio de las víctimas o sus letrados. El juicio debe comenzar hoy con la lectura de los cargos y está previsto que continúe mañana. Pero el tribunal no fijó aún el cronograma posterior para completar las treinta audiencias que se estimaron necesarias y en su respuesta a uno de los planteos del CELS, el juez Guanziroli se lamentó por la falta de recursos humanos y medios tecnológicos con que cuenta. Ni siquiera tiene computadora, escribió.
Informe: Mercedes González.
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