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La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que entienda los abusos cometidos por militares a ex combatientes de Malvinas como crímenes de lesa humanidad y que, por lo tanto, sean considerados imprescriptibles. Ayer, mientras el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata (Cecim) presentó un recurso de queja a la máxima autoridad judicial para que revierta el fallo de la Cámara de Casación Penal, que consideró a los abusos denunciados como crímenes comunes y prescriptos, la CPM hizo lo propio con un amicus curiae. “Acompañamos la posición del Cecim. La metodología de abusos que los responsables de los soldados durante la guerra les aplicaron respondió, y estuvo enmarcada, en el plan sistemático de represión y exterminio que se aplicó durante esa etapa en la Argentina y en todo el continente”, explicó a este diario el copresidente del organismo bonaerense, Hugo Cañón.
Varios integrantes de la CPM –Cañón, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el secretario ejecutivo Alejandro Mosquera y la Madre de Plaza de Mayo Laura Conte– se presentaron ayer ante la Corte para respaldar su recurso de amicus curiae –un escrito con el que un actor ajeno a un litigio ofrece su opinión en calidad de “amigo del tribunal”–. Luego participaron de la conferencia pública en la que ex combatientes relataron lo sufrido. “Me obligaban a hacer cuerpo a tierra en un campo minado”, contó Pablo De Benedetti. “Estuve estaqueado varias horas y seis días sin comer”, recordó Pedro Benítez. Para ellos, el acompañamiento de la CPM es “fundamental”. “Durante muchos años estuvimos en la absoluta soledad, nos llamaban mentirosos. Ahora hay alguien que nos cree. Confiamos en que la Corte hará lo mismo”, analizó el responsable de Relaciones Institucionales del Cecim, Ernesto Alonso.
“Durante el conflicto de Malvinas, los militares aplicaron la misma metodología de terrorismo de Estado desplegada en el país durante aquellos años. Los mismos oficiales que reprimieron, asesinaron y desaparecieron fueron los que condujeron la guerra”, consideró Cañón. Los recursos del Cecim y la CPM llevaron a la Corte Suprema una causa que llegó a la Justicia en 2007. Tras una investigación iniciada por el entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, un grupo de ex combatientes denunció ante un juzgado de Río Grande a un grupo de militares retirados que, durante sus funciones a cargo de soldados en la guerra de Malvinas, cometieron abusos de diferente tenor sobre 23 soldados. Simulacros de fusilamiento, torturas físicas, sexuales y psicológicas y hasta una muerte por hambre son algunos de los delitos que describía la denuncia.
Los casos superaron el centenar, de La Plata y del resto del país. Los señalados como responsables son más de 80 militares, aunque sólo uno, Jorge Eduardo Taranto, hoy gerente operativo de una cadena de noticias de cable, planteó que los delitos habían prescripto. La causa, en la que los ex combatientes de La Plata son la única querella y a la que recién este año se sumó el Ministerio Público –el fiscal es Javier De Luca–, cayó en manos de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en Chubut, que consideró los vejámenes como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Taranto apeló y arrastró el asunto hasta Casación, que falló de acuerdo con su planteo. Cañón evaluó la decisión de esa cámara como producto de “una concepción ideológica que privilegia la disciplina militar por sobre los tratados internacionales de derechos humanos. Para Casación, las violaciones sufridas por los soldados son propias de la disciplina militar”.
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