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El proceso de extradición del ex camarista mendocino Otilio Romano, acusado de complicidad con el terrorismo de Estado como fiscal y juez subrogante, comenzó de lleno ayer cuando tuvo que sentarse a declarar frente al ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile Adalis Oyarzún. El ex juez había huido al país vecino justo cuando el Consejo de la Magistratura estaba por resolver suspenderlo en su cargo y mientras avanzaba una causa penal en su contra como partícipe primario de 103 hechos de violaciones a los derechos humanos. Si bien consiguió amparo por unos meses, no pudo evitar ni su destitución, ni la orden de detención en su contra y, luego, el pedido del gobierno de Cristina Kirchner para que sea devuelto y juzgado en Argentina.
Romano llegó al Palacio de los Tribunales chilenos por la mañana con su abogado, Claudio Feller –director del Departamento de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de ese país– y declaró durante más de cinco horas, aunque el interrogatorio continuaría hoy. En febrero último había sido arrestado por unas horas y después quedó con un régimen de detención domiciliaria nocturna en el departamento donde está viviendo en la playa de Reñaca, en Viña del Mar. La Corte chilena pidió detalles y documentos sobre la investigación en su contra que tramita el juez federal de Mendoza Walter Bento. También requirió al gobierno de Sebastián Piñera información sobre el trámite de asilo político. Son datos fundamentales, ya que, de acuerdo con los pactos internacionales que suscribe, Chile no debería admitir dar refugio a alguien que está imputado por crímenes de lesa humanidad. Cuando tuvo todos los papeles en su poder, Oyarzún citó a Romano para interrogarlo.
Cuando escapó a Chile, en agosto del año pasado, Romano todavía no había sido destituido y, si bien estaba procesado por crímenes de lesa humanidad, no había sido ordenada su detención. En ese contexto, el ex camarista pidió asilo político e intentó victimizarse diciendo que era blanco de “una persecución y venganza de personeros de izquierda”. El gobierno chileno le otorgó ocho meses de visa transitoria hasta resolver su situación. En el ínterin ocurrieron varias cosas: el Jurado de Enjuiciamiento lo destituyó por unanimidad el 15 de diciembre, en un juicio que se hizo en ausencia y donde representó a Romano una defensora oficial. El juez Bento lo había declarado prófugo y su orden de captura internacional se activó una vez que perdió los fueros. Luego la Cancillería argentina empezó a tramitar la extradición.
Romano había sido denunciado por organismos de derechos humanos de Mendoza y quedó comprometido en el testimonio directo de sobrevivientes del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza, que operó como centro clandestino de detención un tiempo antes y durante la última dictadura. El eje de las acusaciones fue la pasividad de Romano frente a denuncias de secuestros, torturas y violaciones que recibió como fiscal y juez subrogante desde 1975 y durante el terrorismo de Estado.
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