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En La Plata cobró impulso la causa de la Brigada de Investigaciones de San Justo, uno de los centros clandestinos del circuito Camps, por donde pasaron entre otros los delegados secuestrados de Mercedes Benz. A lo largo del mes de marzo, la Justicia federal detuvo a 24 personas entre los que se encuentran militares del Primer Cuerpo del Ejército; torturadores de la Policía Bonaerense que fueron identificados por primera vez, y civiles que integraron el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entre estos últimos, el nombre más emblemático es el de Juan María Torino, secretario del entonces ministro de Gobierno Jaime Smart y próspero abogado que ingresó a la Justicia en los ’90 y salió cuando era parte del Tribunal Oral Federal 1 porteño y renunció en medio de un escándalo por un pedido de coimas. Las detenciones habían sido largamente reclamadas por el fiscal federal Hernán Schapiro y la querella encabezada por Norberto Liwski, sobreviviente de ese centro clandestino. Pese a haberse realizado, no parecen desactivar sin embargo un tema de fondo que tiene como eje numerosos reclamos que las querellas y la Procuración General de la Nación vienen haciendo por el retraso de las causas en el juzgado de Arnaldo Corazza, donde está radicada esta causa.
La causa de la Brigada de San Justo está en manos del juzgado federal de Corazza, que está con problemas de salud y dejó la investigación de los expedientes de lesa humanidad en manos de uno de los secretarios. El trabajo viene siendo objeto de reclamos y presentaciones de los organismos de derechos humanos y de la fiscalía, porque advierten demoras inexplicables en los últimos tiempos.
A comienzos de marzo, cuando se iba a celebrar una audiencia con la Cámara de Apelaciones para resolver las demoras en la causa de la Brigada de San Justo, el juez subrogante Manuel Blanco aceleró las detenciones. Las órdenes comenzaron a ejecutarse el 6 de marzo, y hasta la semana pasada del total de 31 detenciones pedidas por el fiscal se habían realizado 24. Entre ellas, hay 15 represores que ya estaban detenidos por otras causas. Y nueve personas que fueron detenidas por primera vez. Son principalmente los policías de la Brigada de San Justo y también Juan María Torino, detenido en la línea que intenta avanzar en las investigaciones sobre la actuación de los civiles con la represión.
Torino fue popularmente conocido en el año 2002, cuando un narco condenado a 16 años de prisión por tráfico de 50 kilos de cocaína lo acusó de haberle solicitado una coima a su familia de unos 200 mil dólares para mejorar su situación procesal. En aquel momento, el entonces juez decidió apartarse del Tribunal con una decisión que le evitó someterse a un jury. De acuerdo con la información de la fiscalía, de Torino dependieron las órdenes que impartió la Secretaría de Gobierno de la provincia de Buenos Aires a la policía regenteada durante la dictadura por Ramón Camps. Torino era el secretario de Gobierno de Jaime Smart, juzgado ahora en el juicio oral por los crímenes en el circuito Camps y otro de los imputados de esta causa.
Además, el juzgado ya indagó a los militares con jurisdicción sobre la Brigada que están condenados o juzgados en otros juicios. Son el general del Ejército Jorge Olivera Rovere, subjefe del I Cuerpo del Ejército; el general Héctor Humberto Gamen de la Brigada de Infantería 10 de La Plata; el coronel Hugo Pascarelli y Rodolfo Enrique Godoy del Grupo de Artillería Mecanizada 1 de Ciudadela. También fueron indagados los integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 con asiento en La Plata y los policías de la Brigada de Investigaciones de San Justo, entre ellos Rubén Alfredo Boan, una de las personas señaladas entre los torturadores más severos.
Liwski es uno de los sobrevivientes de la Brigada, integrante del Codesedh (Comité para la Defensa de la Salud, la Etica y los Derechos Humanos) y parte de los querellantes nucleados en Justicia Ya! para impulsar la causa. “La causa por la Brigada de San Justo es importante porque encierra en un mismo expediente varios ejes de la represión”, indica a Página/12. “El primero es Mercedes Benz, porque los delegados secuestrados pasaron por San Justo y fueron torturados en ese lugar. Además, el 1º de julio de 1978, Rubén Lavallén, que era uno de los jefes de la Brigada, pasa a retiro y el 2 de julio es designado jefe de Seguridad de esa empresa. Y es la misma persona que se apropió de Paula Logares.”
En segundo lugar, otra de las características del centro es que fue una de las bases de coordinación del Operativo Cóndor. Personas como los padres de Paula Logares que habían sido secuestrados en Uruguay estuvieron detenidas ahí, antes de ir al Pozo de Banfield. Otro eje de la Brigada menos conocido, dice Liwski, es que fue el lugar que muestra el feroz ataque a los movimientos populares y la organización comunitaria de salud: “La Matanza había adquirido desde 1973 una fuerza muy importante como sede de experiencias de organizaciones de mucho peso, y una de ellas era la que estábamos desarrollando en un centro de salud del que fui director en el Complejo de Vivienda de Crovara y Camino de Cintura. Hubo una cosa muy clara del ataque represivo a las organizaciones que trabajábamos ahí y veníamos desarrollando programas de salud de atención primaria y con mujeres que desarrollaban un trabajo muy importante. Se había formado una guardería y un club de madres, y la organización tenía una presidenta llamada Cirila Benítez, de nacionalidad paraguaya, y fue detenida desaparecida el 24 de marzo de 1976, y llevada para su tortura a la Brigada de San Justo, donde estuvo 45 días antes de pasar a disposición del Poder Ejecutivo. La persecución se desató porque preocupaba qué generaban estos movimientos populares. No hay que olvidarse de que ahí enfrente estaba la sede del Regimiento III de Infantería de La Tablada, con lo cual antes del golpe ya habían surgido amenazas”.
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