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La pelea por la conducción del Colegio de Abogados de Capital Federal viene este año con una fuerte impronta política y mucha discusión mediática. Tal vez esto responda a la aparición en escena de un candidato novedoso, Damián Loreti, ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), quien llega con respaldo explícito del kirchnerismo e incluye en su lista, Frente Gremial de Abogados, a referentes de organismos de derechos humanos –algunos que querellan en causas contra represores–, sindicatos y agrupaciones de jóvenes del ámbito del Derecho. En función de esta presencia han definido su estrategia los otros dos candidatos fuertes, viejos conocidos en la entidad que ya presidieron años atrás. Atilio Alterini, un radical que fue decano de la Facultad de Derecho, se presenta como la propuesta “no kirchnerista”, en alianza con el llamado Colegio de la calle Montevideo, conocido por su apoyo a los golpes de Estado. Jorge Rizzo, de Gente de Derecho, dice que su fuerza es “apartidaria”, aunque combina un mix de radicales, peronistas, exponentes de PRO y fuerzas de izquierda, además de que cuenta con el apoyo del moyanismo, a través de Julio Piumato, líder del gremio de los judiciales UEJN.
La elección será mañana. Del padrón de 66 mil abogados habilitados para votar, en el Colegio estiman que lo harán entre el 20 y el 30 por ciento. Pueden votar también quienes tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires. Se eligen integrantes del Consejo Directivo, Tribunal de Disciplina y Asamblea de Delegados. Gente de Derecho lleva tres mandatos seguidos, desde 2006, al frente de la institución. El PRO iba a presentar lista propia, pero desistió. Dos candidatos con menos proyección son Elías Salazar y Daniel Rybnik.
El carrito de venta ambulante de comida rápida que para frente a Tribunales, en Plaza Lavalle, está tapizado hace días con afiches en apoyo a Loreti y la leyenda: “Abogados K para profundizar el modelo”. “Basta de Rizzo”, proclama, en alusión al oponente que, si triunfa, encarnaría la continuidad de la dirección actual del Colegio, a cargo de Eugenio Cozzi. Loreti, un experto en derecho a la información que fue clave en la redacción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hizo un acto multitudinario la semana pasada en la Asociación Unione e Benevolenza, donde fueron elocuentes las presencias del ministro de Trabajo, Carlos Tomada; del presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde; del secretario de Justicia, Julián Alvarez, militantes de La Cámpora y organismos de derechos humanos. Su plataforma promueve mejoras laborales e igualitarias para el universo de los abogados y cuestiona que el Colegio se haya mantenido al margen del proceso de ampliación de derechos de los últimos años, que incluye desde la ley de matrimonio igualitario, la Asignación Universal por Hijo y la despenalización de calumnias e injurias hasta la reestatización del sistema jubilatorio y el proyecto de reforma del Código Civil.
El cierre de campaña de Rizzo fue en el propio Colegio el viernes a la noche, con unas cuatrocientas personas y el lema “Somos todos abogados trabajadores”, quizás una provocación al Frente Gremial, al que atacó alegando que sus integrantes “no trabajan de abogados”. Alterini organizó un evento una semana antes, en el Club Español, con viejas figuras de la UCR como Marcelo Stubrin y adhesiones como la de Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación. Para reforzar la conquista de votos, su agrupación, Cambio Pluralista, lideró el viernes un “corbatazo” en la puerta del Palacio de Justicia en reclamo de “independencia” judicial y en rechazo a la postulación de Daniel Reposo para la Procuración General. Rizzo lo criticó: “Hoy le pega a Reposo, pero cuando fue decano lo promovió” con un cargo directivo en Derecho. En las filas de Loreti hubo quienes apreciaron el “corbatazo” como una movida de mal gusto, pues asocian inevitablemente el término a La Noche de las Corbatas, que signó el secuestro y la desaparición de abogados laboralistas. Según Alterini, las corbatas “son un símbolo de los abogados” que lamenta “que se use cada vez menos”. Las discrepancias están a la vista. Las propuestas tienen muy poco en común.
Rizzo le explicó a Página/12 que está concentrado en ofrecer cada vez más servicios para los abogados. “Ya tramitamos el DNI, el pasaporte y el registro y queremos agregar otras prestaciones, un campo de deportes y otro edificio. Apostamos, además, a que la Coneau reconozca nuestra propia escuela de posgrado”, dijo. Se reivindica como impulsor de uno de los proyectos para modificar la ley de aranceles (de la dictadura) que regula los honorarios de los abogados y a la que le cuestiona que conserva valores en pesos del año 1993 que no cambian con la inflación. Los radicales lo acusan de haber frenado esa reforma en otros tiempos. Rizzo llevó las riendas del Colegio Público entre 2006 y 2010. Ahora clama por “defender los intereses de los abogados sin meternos en ideas partidarias”. Con su habitual desparpajo, en un comunicado pidió “disculpas a los abogados” porque “los partidos políticos a cara descubierta se quieren meter en el Colegio”.
Su lista concentra a un espectro variopinto de aspirantes como José María Soaje Pinto (abogado de carapintadas, del neonazi Alejandro Biondini, del criminal de guerra Walter Kutchsmann) y por la parte privada de Papel Prensa, al abogado del Estado en esa misma empresa Ricardo Nissen, el ex legislador porteño Marcelo Parrilli (MST) y Tomás Hutchinson, un administrativista, ex juez, quien en estos días se pronunció contra la renacionalización de YPF. Entre los apoyos que cosecha, Gente de Derecho tiene al dirigente Julio Piumato, de la Unión de Empleados de la Justicia; a la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y a los municipales porteños, afines al macrismo. “Somos la Biblia y el calefón”, definió Rizzo. Como siempre lo relacionan con Aníbal Fernández, dijo: “Apenas si lo vi dos veces en mi vida”.
El Frente Gremial de Abogados Colegio para Todos lleva ese nombre en homenaje a la “gremial de abogados” que en los ’60 y ’70 defendía presos políticos. Lo lideran abogados jóvenes con ideas rara vez planteadas en el Colegio Público. Loreti cuestiona que la entidad “perdió toda vocación de incidencia” en los grandes temas de interés social y se propone interesar al común de la gente. “¿Se imaginan si en la mayor causa que tiene la Corte, la del Riachuelo, donde hay cinco millones de personas afectadas, el Colegio se hubiera presentado con un amicus curiae planteando los derechos de todas ellas?”, ejemplifica.
Hacia adentro promueve “el reconocimiento profesional de los abogados que trabajan en relación de dependencia, ya que sabemos que el 2 por ciento del trabajo en negro corresponde a estudios jurídicos y contables”; “mecanismos para que los abogados que trabajan para el Estado mejoren su carrera”; eliminar “la asimetría” que representa el pago del bono de actuación profesional (que es igual para letrados que trabajan solos o los que lo hacen con grande estudios); y “la inserción laboral de los jóvenes abogados”. Otra premisa es la reforma de la ley de aranceles, frente a la discrecionalidad que les otorga a los jueces para fijar honorarios. Loreti arroja una pregunta casi existencial: “¿Qué paradigma de abogado exitoso busca el Colegio?”. Las variantes serían: el que mide el éxito por las ganancias económicas y/o la aparición en los medios o el del “abogado trabajador” –que él prefiere–, categoría que incluye a quienes son querellantes en causas de derechos humanos o sociales.
El nombre de Loreti fue impulsado desde la Asociación de Abogados de Buenos Aires y la de Abogados Laboralistas. Se sumaron miembros de La Cámpora, de la agrupación AJUS (Abogados por la Justicia Social), de Nuevo Encuentro y organismos de derechos humanos, entre otros. Entre los candidatos está Eduardo Gallo, que fue director por el Estado en Papel Prensa; los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Diego Morales y Carolina Varsky, su ex directora Andrea Pochak, el director del Instituto de Derechos Humanos del Mercosur, Víctor Abramovich, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo Alan Iud y Luciano Hazan, al ex consejero de la Magistratura Beinusz Szmukler, el tributarista Arístides Corti y el ex titular de la Oficina Anticorrupción José Massoni. Los opositores cuestionan la inclusión de Hernán Diez, además apoderado de la lista, procesado en la causa de los medicamentos.
Cambio Pluralista, liderada por Alterini, no logró un acuerdo oficial con el PRO y se alió con el Colegio de la Calle Montevideo, marcado por apellidos como los de la familia Martínez de Hoz. Alterini, radical, la promueve como una lista “no kirchnerista”, “aunque no estamos en contra ni a favor de nadie”. “Sí estamos a favor de las instituciones y los servicios para los abogados, además de sostener la defensa de los valores democráticos en los que el oficialismo (del Colegio) ha estado ausente. Cada vez que los poderes públicos se exceden o invaden derechos, nosotros tendríamos que observarlo.”
–¿Se refiere a alguna situación en particular? –le preguntó Página/12.
–Como lo que se precipitó con la conferencia de prensa de Amado Boudou (por el caso Ciccone), que afectó a un juez respetado (Daniel Rafecas) y se llevó puesto a un procurador prestigioso como Esteban Righi.
Detrás del armado de este núcleo está Carlos Mas Vélez, titular de la UCR porteña. Su hermano Juan Pablo es candidato, junto con un extraño vintage de nombres como el hiperdenunciante en los tribunales federales Enrique Piragini, un grupo de abogados de poderosos estudios jurídicos (como, por ejemplo, Ezequiel Cassagne y Gonzalo Díaz Cantón) y María Eugenia Talerico, esposa del fiscal Paul Starc –ex segundo de Carlos Stornelli en el Ministerio de Seguridad bonaerense– y socia del estudio que defiende a Jorge “Fino” Palacios en la causa del espionaje. Alterini se convirtió en 2000 en titular (por dos años) del Colegio, cuando Fernando de la Rúa gobernaba el país. Dice que espera desbancar a Gente de Derecho, aunque pronostica que “La Cámpora hará una excelente elección”.
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