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El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, anunció ayer que anulará los decretos a través de los cuales la provincia le quitó a YPF cinco áreas productivas por falta de inversión. “Esta medida es en función del nuevo panorama político, institucional y empresario que surgió a partir de la nacionalización de la empresa”, aseguró el mandatario. El resto de las provincias que también le retiró concesiones a la compañía controlada entonces por Repsol podría seguir el mismo camino. El ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, funcionarios a cargo de la intervención, recibieron ayer a funcionarios provinciales para analizar la situación de las distintas áreas.
Santa Cruz fue una de las primeras que le quitó concesiones a YPF. El 14 de marzo, Peralta había declarado la caducidad de Los Monos y Cerro Piedras-Guadal Norte, dos áreas que no tenían producción. En ese momento, el gobernador adelantó que estaba evaluando la rescisión de otros yacimientos relevantes desde el punto de vista productivo, entre los que se encontraba Los Perales. Finalmente, el 11 de abril procedió a la quita de Los Perales-Las Mesetas, Pico Truncado-El Cordón y Cañadón Vasco. Ese fue un duro golpe a la petrolera, pues representaban el 12,4 por ciento de su producción nacional de crudo.
Antes de que se efectivizaran esas quitas, YPF presentó ante las autoridades provinciales una propuesta de inversión que contemplaba el desembolso de 4379 millones de dólares en cinco años, de los cuales 1438 millones serían invertidos en Los Perales. Peralta rechazó entonces el plan por no considerarlo creíble. “Me avergüenza que se nos quiera tomar el pelo de esta manera”, aseguró. En el decreto se detalló luego la falta de inversiones en las tres áreas, pero fundamentalmente en Pico Truncado-El Cordón y Cañadón Vasco, donde sólo se había destinado el 3,4 por ciento de los 1609 millones de dólares que YPF invirtió en la provincia entre 2006 y 2011.
Ahora Peralta cambió de opinión en lo que constituye una señal política de respaldo a la nacionalización de la empresa, donde Santa Cruz también tendrá participación. “Sostendremos las áreas en nuestra órbita sin convocar a ningún proceso licitatorio, ni vamos a apurar los tiempos políticos que se plantean hoy desde la intervención de la empresa”, afirmó.
Chubut podría tomar una decisión similar a la de Santa Cruz. La provincia comandada por Martín Buzzi le quitó a YPF las áreas El Trébol Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido, que en conjunto representan el 6,9 por ciento de la producción de crudo de la petrolera. Pero el ministro de Producción de la provincia, Sergio Bohe, adelantó la semana pasada que esos yacimientos le serán ofrecidos “prioritariamente a YPF”. “La composición de la empresa cambió y lo mejor es capitalizarla”, aseguró. Tal vez, lo que podría ocurrir es que la explotación de las áreas sea compartida con Petrominera, la compañía estatal de la provincia.
El gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez, también dejó abierta la posibilidad de restituirle a YPF las áreas que le quitó, pero aseguró que la decisión debería ser tomada en conjunto con el resto de las provincias petroleras. Quien puso más reparos es Neuquén. Rubén Etcheverry, titular de la firma provincial Gas y Petróleo, declaró ayer que las áreas quitadas a YPF (Chihuido de la Salina Sur, Portezuelo Minas y Don Ruiz) seguirán bajo la administración de la provincia. No obstante, ninguna de las tres tiene producción.
La intervención de YPF recibió ayer a delegados de las provincias para repasar la realidad de la empresa, los pasivos ambientales y la situación de las concesiones mencionadas, pero no se dieron detalles. Lo único que se informó a través de un comunicado es que la prioridad es incrementar la producción de gas y petróleo para comenzar a revertir la tendencia declinante de los últimos años. La semana que viene está prevista una reunión con los representantes legales de las provincias para analizar en detalle los reclamos ambientales que se le hicieron a YPF durante la gestión de Repsol y Eskenazi. El objetivo es hacer valer esos pasivos en el momento en que el Tribunal de Tasaciones deba determinar cuánto tiene que pagársele a Repsol por las acciones que le serán expropiadas cuando el Congreso convierta en ley el proyecto enviado por el Ejecutivo.
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