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Veinte años después de su privatización y con una abrumadora mayoría, el Senado dio media sanción anoche al proyecto de nacionalización del 51 por ciento de las acciones de Repsol-YPF y de declaración de interés público de la producción hidrocarburífera. En más de 14 horas de debate, se plasmó un amplio consenso respecto del proyecto, que fue aprobado en general por 63 senadores tanto del oficialismo como de la oposición. A favor de la iniciativa votaron el Frente para la Victoria y sus aliados, la UCR y bloques independientes. El Frente Amplio Progresista no logró unificar una postura, mientras que los únicos tres votos en contra fueron por parte del peronismo disidente. La senadora de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro, se abstuvo, igual que la cordobesa Norma Morandini y los catamarqueños Oscar Castillo y Blanca Monllau. El ex presidente Carlos Menem no asistió a la sesión. El PRO de Mauricio Macri, la única fuerza abiertamente en contra, no tiene senadores.
Al final del prolongado debate, el jefe de la bancada radical Luis Naidenoff destacó que “estamos a favor porque pensamos en el Estado y no en el Gobierno” y criticó al oficialismo porque “toman una vez más una decisión por coyuntura como votó en los ‘90 la privatización. En cambio la UCR está a favor de una empresa estatal siempre”.
De inmediato, lo retrucó Miguel Angel Pichetto, titular del bloque K:”Quizás el principal error de la dirigencia política de los ‘90” fue la privatización de YPF, dijo y recordó que “tampoco estuvo ausente el radicalismo ni los gobernadores radicales y tampoco cuando fueron gobierno con la Alianza”. Picheto destacó el concepto de utitlidad pública incorporado en el primer artículo de la ley, que “implica la regulación para todas las empresas del sector, que deberían tomar nota”.
“No resulta sencillo contener la emoción que implica este día histórico. Que permite a las fuerzas mayoritarias de la Argentina recuperar la senda y el camino que marcaron los forjadores de la Nación”, arrancó en tono épico el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, miembro informante del proyecto oficial. Inusualmente temprano, el Senado daba inicio a las 10.30 a una extensa sesión, en la que no faltaron debate, críticas y alguna chicana, pero en la que no hubo gritos ni grandes polémicas, como en otras ocasiones. Precisamente, en la primera intervención del kirchnerismo Fuentes recogió uno de los argumentos de la oposición: “Somos conscientes de que la sola expropiación de YPF no soluciona el problema energético pero también somos conscientes de que sin la expropiación no hay posibilidad de inicio a la solución”, aseguró el neuquino.
Después de un duro debate interno, el radicalismo resolvió orgánicamente acompañar en general la iniciativa y presentar al mismo tiempo un proyecto alternativo para el tratamiento en particular. Fue el senador Gerardo Morales el responsable de exponer esas disidencias. “Está bien que se reconozca que YPF no es la solución del problema”, arrancó Morales y descargó sus críticas: la falta de “una política energética de mediano y largo plazo”, el “incumplimiento” de la ley de hidrocarburos y la “connivencia y complicidad” con el vaciamiento de YPF.
“No es la mejor herramienta pero estamos acá para votar a favor por más que estén haciendo operaciones algunos de mi partido, con la ayuda de algunos otros de afuera”, disparó el jujeño, en alusión a dirigentes como Oscar Aguad, quien encabeza una rebelión en el bloque de Diputados nacionales. Y fue el pampeano Juan Carlos Marino quien apuntó contra esos de “afuera”, en referencia a la presión de algunos medios de comunicación para torcer la votación. “Parece que algunos medios de comunicación no entienden el rol de la UCR. Hay periodistas que tienen que entender que en estos temas no le tienen que pedir a la UCR que vote en contra de sus convicciones. Votamos por Yrigoyen, Alvear, Mosconi, Illia y Raúl Alfonsín. No estamos votando un proyecto que nos impone el PJ, estamos votando por la historia de la UCR”, sentenció.
A pesar de conformar un interbloque de apenas cuatro senadores, el Frente Amplio Progresista, que lidera Hermes Binner, no logró encolumnar a sus integrantes. La cordobesa Norma Morandini se quejó de la falta de diálogo y consenso del gobierno nacional, pero en su bloque se cortó solita, anunció su abstención y dejó a sus tres compañeros apoyando en general. Su voto fue acordado con María Eugenia Estenssoro: “La razón me dice que tengo que votar en contra porque esto es un engaño, una estafa emocional e ideológica. Detrás hay demasiadas irregularidades. Pero el corazón me dice otra cosa. Creo que los hidrocarburos son estratégicos, creo en el rol del Estado y en una YPF estatal pero profesional, creo que en algún momento tenemos que encaminar al país. Y por esto voy a abstenerme”, señaló.
El senador Aníbal Fernández fue el encargado de defender el cambio de postura del peronismo. El ex jefe de Gabinete explicó que el proceso de privatización de YPF arrancó en el ‘92, cuando impulsado por el PJ se votó el pase de una empresa estatal a una empresa privada con mayoría de capital nacional. Era un esquema similar al aprobado ayer en el Senado: un 51 por ciento para el Estado nacional, el 39 por ciento para las provincias y 10 por ciento de los trabajadores. Pero no fue aquélla, según explicó Fernández, sino la ley sancionada en 1995, la que liquidó finalmente la empresa. Se permitió la venta de la “acción de oro”, que mantenía en manos del Estado el control de la compañía y se eliminó el mínimo de un 20 por ciento que debería quedar en manos de la Nación. Así fue como años más tarde se vendieron las acciones que posee la española Repsol. “En aquel momento se había instalado a nivel internacional el neoliberalismo, en base al sobreendeudamiento y la explotación petrolera como commodities”, señaló Fernández, quien, con su habitual verborragia, retrucó al escritor de derecha Mario Vargas Llosa, al presidente de México, Felipe Calderón, y al de España, Mariano Rajoy, entre otros.
Por otro lado, el chubutense Marcelo Guinle fue quien mejor explicó la decisión de expropiar sólo las acciones de Repsol y no del Grupo Petersen. “No se está penando a nadie, se está tomando el control. Es lógico y razonable expropiar sólo a ese socio porque no tiene que ver con el monto a pagar, sino con la conflictividad. No es discriminatorio ni persecutorio. Tiene que ver con una situación de conveniencia de no incorporar conflictos con otros actores”, argumentó Guinle. Sobre este punto cargaron buena parte de los opositores, incluido el peronismo disidente, que cargó las tintas sobre la pérdida de “seguridad jurídica”. “Podríamos haber logrado la estatización de YPF, pero respetando la seguridad jurídica que establece la Constitución nacional, que nada justifica que sea violada”, insistió la puntana Liliana Negre de Alonso.
A su turno, el socialista Rubén Giustiniani insistió con la incorporación de las provincias no petroleras en el grupo accionario de la nueva YPF, ya que del 51 por ciento expropiado a Repsol, un 51 por ciento quedaría en manos de la Nación y el 49 restante de las provincias petrolíferas.
La media sanción será tratada en el plenario de comisiones de Diputados, que buscará emitir dictamen hoy mismo y así contar con los siete días de plazo necesarios para el tratamiento en el recinto el próximo jueves 3 de mayo, cuando se convierta en ley la expropiación y la empresa insignia del petróleo argentino vuelva a estar en manos del Estado nacional.
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