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El silencio que reinó en la audiencia inaugural del juicio por la Masacre de Trelew mutó en ovación cuando la Fiscalía pidió la detención inmediata en cárcel común de cuatro de los cinco imputados. La desestimación del pedido de parte del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia no cayó bien entre los familiares de las 16 víctimas fatales y los tres sobrevivientes del fusilamiento que las fuerzas de seguridad y militares cometieron en la base aeronaval Almirante Zar, en Trelew, el 22 de agosto de 1972. Sin embargo, “un día más o un día menos en el camino de estas bestias humanas a la cárcel no es lo más importante de la jornada. Lo fundamental es que comenzó a consolidarse un hecho de justicia”, remarcó Julio Ulla, quien espera que el asesinato de su hermano Jorge se salde con los responsables condenados. Ayer, además, se leyó la elevación a juicio de la causa, que señala a Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Carlos Morandino como responsables de los 16 homicidios y de tres tentativas, y a Jorge Bautista, acusado de encubrimiento. Para hoy se espera el inicio del debate con la invitación a los imputados a declarar. El tribunal integrado por Enrique Guanziroli, Pedro De Diego y Nora Cabrera de Monella rechazó el pedido que presentó la Fiscalía, y al que adhirieron las querellas de los familiares de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación porque “no acompañó elementos nuevos de convicción para variar el criterio” en relación a la situación de los acusados, explicó tras finalizar la audiencia Guanziroli. Es decir que la Fiscalía no aportó elementos que permitieran pensar que hay peligro de fuga.
El pedido de cárcel común e inmediata para los marinos Paccagnini, Sosa y Del Real y para el cabo Morandino apuntaba a “evitar que sucedan hechos que entorpezcan la investigación o los imputados se fuguen”. Para sostenerlo, la Fiscalía había citado antecedentes de otros tribunales que hicieron lugar a pedidos similares. La excepción realizada al marino Batista tiene que ver con la gravedad del delito que se le imputa, de encubrimiento. Existen aún dos militares más relacionados con los asesinatos que no ocupan bancos de acusados: Guillermo Bravo es uno de los fusiladores que sigue en libertad en Estados Unidos, donde la Justicia desestimó la extradición pedida por Argentina; Horacio Mayorga fue salvado por un cuadro de ACV.
La primera audiencia del juicio que intenta resolver los fusilamientos de Rubén Bonet, Jorge Ulla, Humberto Suárez, José Mena, Humberto Toschi, Miguel Polti, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart cometidos en Trelew hace casi 40 años se llevó a cabo a sala llena y con una multitud copando la puerta del teatro José Hernández, de Rawson. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Hijos y Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas viajaron hacia esa ciudad patagónica para estar presentes. “Un silencio sepulcral reinó en la sala durante la audiencia, mientras se leyeron las acusaciones y las probables penas. Pero la tensión estalló cuando los fiscales pidieron la detención inmediata en una cárcel común. El silencio se quebró en una ovación, aplausos cerrados y griterío”, narró Julio Ulla, un santafesino un año menor que su hermano Jorge, fusilado aquella noche de agosto del ’72 en las celdas de la base Zar.
Para Ulla, “hace muchos años que estas bestias humanas (los acusados) deberían haber caído presos. Pero un día más o menos no interesa tanto, porque lo que llega en breve es la justicia”. Su padre, contó a Página/12, denunció al entonces presidente de facto Alejandro Lanusse por el asesinato de su hijo en una solicitada que publicó un día después de ocurrida la matanza. Volvió a hacerlo no bien el país recuperó la democracia, en diciembre de 1983, cuando exigió que el Estado investigara las muertes. “Mi familia veía muy difícil todo, pero con este gobierno recuperamos la sensación de que la justicia sería posible”, mencionó.
Raquel Camps es hija de Alberto Camps, quien junto con Antonia Berger y René Haidar sobrevivió a los tiros de gracia, pero fue asesinado el 16 de agosto de 1975 (una fecha “nada casual”, dirá). Para ella, que los acusados estén en libertad “no es ninguna gracia” y “es difícil asimilarlo”. Sin embargo, confía en los próximos tres meses, durante los que más de 70 testigos expondrán sus verdades ante el tribunal de Comodoro Rivadavia. “Nuestro mayor anhelo es llegar a un nuevo 22 de agosto con esos culpables presos”, reveló.
El planteo de la querella de familiares que representa la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales Carolina Varsky es que los fusilamientos y las tentativas cometidos en la Masacre de Trelew “son crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, que el Estado debe investigar, dar con los responsables y, en caso, sancionarlos”, además de “la génesis de lo que después se conoció como terrorismo de Estado”, en referencia al plan sistemático genocida desarrollado durante la última dictadura militar. En su elevación a juicio en 2009, la fiscalía calificó los delitos de la causa como de lesa humanidad, en coincidencia con lo definido por el juez que estuvo a cargo de la instrucción, Hugo Sastre. Entonces, las defensas de los acusados presentaron un recurso a Casación para que se aplicara la ley de Amnistía. La Cámara rechazó el recurso y “manifestó que la prueba se debía definir en el juicio”, remarcó Varsky. En eso anda la Justicia.
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