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Gustavo Arballo, abogado y profesor universitario, blog Saber Derecho : “Es una buena idea por varias razones. El concepto de una legislación penal ordenada y sistematizada en un Código ha ido perdiéndose con el tiempo porque hay muchas disposiciones penales afuera del Código, leyes complementarias. En segundo lugar, muchas reformas episódicas fueron rompiendo en buena medida la proporcionalidad en la escala de las penas, bienes jurídicos sensibles han quedado desenganchados con penas muy altas, la importancia relativa de la vida y la integridad física está sesgada en favor de delitos contra la propiedad, hay escalas de penas sin correlación. No es lo mismo un robo a mano armada que los robos de cuello blanco, algunas escalas deben recotizarse para arriba y otras para abajo. Entonces, primero la organicidad y luego una buena relación entre las penas. Así como queremos recodificar y racionalizar, es una buena ocasión para pasar en limpio, incorporar y eliminar figuras con aspectos problemáticos de redacción del Código existente, es un buen momento para repensar los agravantes de la ley antiterrorista. Aun manteniendo el elenco de figuras, porque al respecto no hay mucho que inventar, en algunos casos hay problemas de redacción. Es una oportunidad de revisar, emprolijar, adaptar y actualizar algunos aspectos. El Código viejo tiene varias capas de reformas, pero no es justo decir que es el mismo Código de su origen, la última gran reforma es del ’84. También habría que trabajar en la parte de imputabilidad y abrir el elenco de penas alternativas a la prisión”.
Alberto Binder, vicepresidente Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip): “Creo que es una iniciativa muy positiva porque el nivel de desorden e incoherencia que hay en el Código Penal obliga a un trabajo de estas características. Sería importante tenerlo cuanto antes para presentarlo al Parlamento. Respecto del modo de la iniciativa, hubo una comisión revisora anterior que hizo un proyecto que tuvo mucha participación académica; ahora hay que darle sustento político, por eso es necesario el consenso y que la conformación sea plural, con gente muy idónea pero también con capacidad de consenso político. El fracaso de situaciones similares se dio porque quedan atrapadas en el debate puramente académico. Esperamos que la reforma integral del Código Penal y la reforma del Código Civil y Comercial se completen con una necesaria reforma del Código Procesal Penal”.
Javier De Luca, ex presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Penal: “Tuve el honor de integrar la comisión que elaboró el anteproyecto de Código Penal en 2006, que fue bastante federal y heterogénea. Realizó un trabajo gigantesco de depuración de leyes penales vigentes, y se proponía el regreso de leyes dispersas. El gran problema de la legislación penal es que viola el principio de código: todas las leyes deben estar en el mismo código. Hay muchas leyes complementarias, la ley de Propiedad Intelectual prevé delitos, igual que las leyes de sangre, trasplantes, o la ley de marcas. El Código Aduanero, el Régimen Cambiario, la ley de DNI tienen delitos penales. Antes se trató de limpiar todo eso, sobre la base del código original de 1921 volviendo a una cierta racionalidad, y darle sistematización. Pienso que deben abordar esto de la misma manera. Por ejemplo, a partir de las leyes Blumberg secuestrar a una mujer embarazada tiene más pena que el homicidio de esa mujer embarazada. Hay que tener en cuenta los fallos de la Corte Interamericana sobre libertad condicional porque lo que sucede ahora genera desigualdad. Se cometen disparates como condenar a 50 años de prisión por sumar la cantidad de robos de una persona. El gran desafío es reducir las penas de prisión, que no logra fines de resocialización, por medidas alternativas. Es muy fuerte decir esto hoy, va en contra de lo que (Raúl) Zaffaroni llama la criminalización mediática, el clamor popular que termina en agravar las penas y propone soluciones simplistas a los problemas sociales. Pero la pena de prisión no debe ser la reina de las penas. Además habría que derogar la reincidencia, que todas las penas se cumplieran, sin agravante en el segundo o tercer delito. Hay que eliminar figuras como el duelo. Y si la comisión decide no abordar el tema del aborto, entiendo que es un tema que traba. De los 15 mil mails que recibimos en aquella comisión, 10 mil eran por ese tema”.
Natalia Gherardi, directora ejecutiva Equipo Latinoamericano de Género: “La composición de la comisión podría haber sido más equilibrada, pero no sólo porque hay una sola mujer, sino en lo regional y en lo cultural. Hay que tener en cuenta equilibrios sociales más amplios. Esta reforma hay que hacerla porque el Código Penal es una suma de demasiados parches e intervenciones, poca gente puede dudar de que hace falta una reforma integral que le devuelva coherencia y proporcionalidad. Lo que nos interesa a nosotras es que mantengan los avances. Esto es, no retroceder en la derogación del advenimiento o los cambios en los delitos contra la integridad sexual, o en los agravantes del homicidio para contemplar el femicidio. Esperamos que mantengan ese espíritu. Y también esperamos avances, que tengan en cuenta la perspectiva de género en la reforma. Respecto del tema del aborto, puedo entender que es un debate complejo que genera reacciones encontradas, pero tampoco se lo puede obviar, meterlo debajo de la alfombra y fingir que no existe. Entiendo las razones que los puedan llevar a no incluirlo, pero tendrán que buscar la manera de abordarlo porque es un tema que está en la sociedad, al contrario de lo que dicen algunos funcionarios. Está en la Corte y en la gente. Si no que nos aseguren que lo van a contemplar de otra manera. Quedó demostrado que cuando el Ejecutivo quiere un debate mueve lo que tiene que mover para que salga. No nos parece que puedan seguir mirando de costado luego de semejante anuncio respecto de la reforma. El reciente fallo de la Corte no mereció un solo comentario de apoyo de las máximas autoridades del Ejecutivo. Plantean una reforma del Código Civil para legislar de cara a la sociedad actual y si semejante iniciativa como la reforma del Código Penal da la espalda a la sociedad en este aspecto, estamos ante un problema”.
Paula Litvachky, directora del área Seguridad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels): “Para nosotros es importante que avance una propuesta como ésta, de revisión del Código Penal, como había sucedido en aquella oportunidad para poder racionalizar y sistematizar lo que es hoy un Código sin sistemática ni proporcionalidad. Es necesaria una reforma que pueda hacer proporcional la escala de penas, revisar algunas figuras muy discutibles, como el agravante que se introdujo en la ley antiterrorista, y revisar las consecuencias de la reforma Blumberg. El corazón de la reforma debe revisar la aplicación del derecho penal a los conflictos sociales. Y sobre todo el aumento del máximo de la pena y los requisitos para la libertad condicional. Y en esa línea, discutir las cuestiones vinculadas con los avances del derecho de derechos humanos. El Código debe ser modernizado y racionalizado, hay que desandar lo que fue la tendencia a la inflación penal, a incorporar nuevas figuras, más penas y agravantes en contra del principio de legalidad porque son indefinidas, como el agravante de la finalidad terrorista, por ejemplo. El tema del aborto claramente debería estar adentro, porque es una discusión pendiente sobre la que hay que avanzar. De un modo u otro, cuando se debata habrá que tomar posición”.
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