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La reiteración de hechos de represión en Catamarca muestra la negativa del gobierno provincial a canalizar políticamente un conflicto de más de 10 años, que se ha intensificado desde 2009, y cuyo abordaje se centra en forma sostenida en acciones de represión y criminalización. La recurrencia de esta situación nos lleva a advertir sobre la importancia de fortalecer los principios de no represión y canalización política de los conflictos sociales. Dichos principios, que constituyeron un importante avance en materia de derechos humanos, se vieron erosionados a partir de variados hechos de represión en diferentes lugares del país durante los últimos años.
El próximo 26 de junio se cumplirán 10 años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Puente Pueyrredón. Este hecho puede ser considerado como el cierre del ciclo de protestas sociales y de represión que caracterizó la década del ’90. Desde 2003 la política de contención de la violencia policial frente a conflictos sociales tuvo una clara conducción por parte del poder político, con efectos directos sobre las fuerzas federales, pero con una innegable irradiación política hacia las provincias. La “no represión” de la protesta fue, con sus matices, una de las decisiones más innovadoras, que tuvo como característica saliente la canalización de los conflictos hacia instancias de negociación política.
Sin embargo, desde 2010 las respuestas violentas frente a reclamos sociales, la inadecuada investigación y sanción de sus responsables y el sometimiento de referentes sociales a procesos penales, han sido elementos comunes a una diversidad de casos. Estamos ante usos diversificados de la ley penal, que suman una amplia gama de figuras penales al delito por corte de rutas con las que se persigue, incluso, a las propias víctimas. A esta situación se suma la amenaza de aplicación de la nueva ley antiterrorista.
Estos hechos son propios de un nuevo ciclo de conflictos, de represión y de criminalización, caracterizado por otros actores y otras demandas en las que, como se detalla en el Informe Anual 2012 del CELS, el acceso a la tierra, a la vivienda urbana y al trabajo pleno se presentan como centrales, así como los reclamos por los efectos de industrias extractivas y agrarias.
El camino recorrido desde los ‘90 y los avances en el abordaje no violento de los conflictos sociales marcan aprendizajes para todos los involucrados, aportan experiencias y estrategias que es necesario revisar. Los actores sociales, políticos y judiciales deben reconocer las contradicciones propias del momento; desde diferentes espacios es indispensable adaptar las intervenciones a los problemas de fondo y a los formatos que adquieren las protestas actuales. Resulta fundamental asumir la responsabilidad política de reformular y disponer nuevas medidas para la protección de derechos en el marco de los conflictos presentes.
Abordar los conflictos sociales sin violencia es la piedra fundamental de la gestión política y una garantía para el fortalecimiento de los necesarios canales de interlocución. El CELS promueve principios de regulación del accionar del Estado en estas circunstancias y que también resultarían vinculantes para las acciones ordenadas por jueces y fiscales. Se trata, en definitiva, de entender la conflictividad como parte de la vida política y no como objeto de persecución penal y policial.
* Coordinadora del Equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS.
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