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El abogado del CELS Rodrigo Borda le respondió al defensor de cuatro de los militares imputados por el espionaje ilegal en la Base Almirante Zar de Trelew, quien afirmó que en la dictadura hubo “una guerra sucia con 3000 desaparecidos”. Borda consideró que Javier Reuter, abogado de los marinos que enfrentan un juicio oral por hacer espionaje político en democracia, “agravia la memoria de las víctimas”.
La causa de espionaje estalló en marzo de 2006 con la denuncia del cabo Alegre al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que formaba parte del equipo de la base, pero que se negó a hacer tareas de inteligencia ilegal, por lo que recibió una larga serie de sanciones. La Justicia allanó la base y, entre las carpetas que se secuestraron, se encontraron seguimientos a la entonces ministra de Defensa Nilda Garré. También se reveló el seguimiento a los actos que recuerdan la Masacre de Trelew, que ocurrió en la misma Base Almirante Zar el 22 de agosto de 1972.
Por estos descubrimientos, Garré cerró las oficinas de inteligencias de las bases y debieron renunciar los principales responsables del área. La causa, sin embargo, ascendió en la responsabilidad hasta llegar al ex jefe de la Armada Jorge Godoy, que hizo lo imposible por detener la causa: primero arguyó que se había violado un sistema de encriptamiento militar, luego consiguió que parte de la causa pasara a los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires. El almirante ganó tiempo, pero finalmente fue procesado y debió renunciar como jefe de la Armada. Su procesamiento fue ratificado por la Cámara Federal.
En tanto, en Rawson avanzó la causa contra sus subalternos y llegó a juicio oral. En ese contexto, habló el defensor Javier Reuter. En su alegato, Reuter afirmó que la causa por espionaje ilegal es “una causa política para destruir a las Fuerzas Armadas”, de lo que acusó al CELS. También dijo que al organismo derechos humanos “habría que denunciarlo por hacer espionaje ilegal contra las Fuerzas Armadas y revelar documentos protegidos por el secreto militar”. Sobre el terrorismo de Estado, consideró que “una guerra sucia de los dos lados, donde hubo 3000 desaparecidos”. Reuter no cuenta con los mejores antecedentes como defensor oficial: en 2010, un tribunal de enjuiciamiento lo destituyó de su cargo por encontrar “insatisfactorio” su desempeño.
En tanto, el abogado querellante del CELS Rodrigo Borda planteó que el de Reuter “es un discurso profundamente reaccionario y que agravia la memoria de las víctimas de la dictadura cívico-militar. Sin perjuicio del derecho de todo abogado a ejercer una vehemente y tenaz defensa de los intereses de sus clientes, ello no habilita a injuriar a los damnificados, ni a las instituciones que los representan, como es el caso del CELS”.
Para el abogado, “los dichos de la defensa resultan coherentes con las prácticas de inteligencia de la Armada que se pusieron en evidencia en este juicio”. “Recordemos que pudo acreditarse que personal de la Armada utilizaba una base de datos donde se clasificaba a las personas por su ideología, etnia o religión, y se utilizaban categorías tales como ‘Banda de Delincuentes Terroristas’”, advirtió. “Muchos de los imputados, en cuyo nombre hablan estos defensores, se encuentran aún en funciones en la Armada”, dijo Borda y recordó que uno de los defendidos, el capitán Cristian Vidal, fue separado de la jefatura de contrainteligencia en la base de Puerto Belgrano luego de jactarse ante los jueces de que seguía ejerciendo funciones.
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