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El gobierno denunció penalmente al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y a su hijo Pablo, secretario adjunto del gremio de Camioneros, por “amenazas agravadas” y “la creación de una situación de peligro que impida o entorpezca el normal funcionamiento de transportes”. En respuesta, a la noche y por TV, Moyano convocó a un paro nacional de su sindicato al que, aseguró, adherirían otros gremios, y para el viernes una movilización a Plaza de Mayo. Mientras tanto, durante la noche, plantas destiladoras en todo el país permanecieron bloqueadas por camioneros que se negaron a acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, aunque el secretario de Seguridad, Antonio Berni, aseguró que al menos ocho camiones lograron romper el cerco, liberando 300 mil litros de combustible que ayudarían a paliar la emergencia energética en las zonas más afectadas. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sostuvo que hay complicidad de los dueños de las empresas de transporte en la medida de fuerza: “Esto comenzó a ser un lockout patronal”, acusó el funcionario.
La denuncia penal fue firmada anoche por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que anticipó su regreso al país desde Brasil, donde planeaba participar de la Cumbre Río+20 sobre desarrollo sustentable (ver página 13). Esta mañana, a primera hora, la Procuración del Tesoro hará la presentación ante la Cámara Criminal en Comodoro Py. Hugo y Pablo Moyano fueron señalados desde el Gobierno como responsables de las consecuencias generadas por la medida de fuerza “injustificada” llevada adelante por Camioneros, a pesar de que las negociaciones paritarias continúan abiertas y hay una conciliación obligatoria dictada. Se los acusa de los delitos contemplados en los artículos 149 bis, 149 ter y 194 del Código Penal, por amenazas, amenazas agravadas “cuando tienen como objetivo la obtención por la fuerza de una medida o concesión por parte de alguno de los poderes públicos” y “la creación de una situación de peligro que impida o entorpezca el normal funcionamiento de transportes”. Las penas en caso de que fueran encontrados culpables irían de cinco a diez años de prisión.
Anoche continuaba la situación de tensión en las plantas destiladoras que permanecían bloqueadas y llegó a haber algunos forcejeos entre la Gendarmería y los trabajadores que bloqueaban la salida de camiones. De todas formas, el gobierno nacional puso en marcha un operativo para proveer de combustible a las zonas más afectadas; al menos ocho camiones pudieron salir de la planta de YPF en La Matanza, transportando 300 mil litros. El secretario de Seguridad precisó que los vehículos, conducidos por efectivos de Gendarmería y del Ejército, pudieron salir por un camino alternativo para evadir el piquete, reforzado por cargamentos de basura que volcaron los camioneros frente a las salidas.
Estos camiones, agregó Berni, “se dirigen a diferentes destinos de la provincia, en base a un cronograma de necesidades de abastecimiento diagramadas por el Ministerio de Planificación Federal”. Se trata de las localidades de Guaminí y Claromecó, entre otras. “También se ha decidido trasladar en aviones de las Fuerzas Armadas a otros choferes, para que aquellas patronales que acceden a entregar sus camiones en el interior puedan alcanzar el objetivo de abastecer”, agregó el funcionario, que concluyó: “Lamentablemente se confunden los roles y estamos siendo víctimas de un movimiento de pinzas entre patronal y gremio. Desde el Gobierno no venimos a confrontar, pero el Estado no puede ser víctima de este monopolio que ahora conforman patronal y gremio”.
En el mismo sentido se manifestó el ministro de Planificación, quien afirmó que los empresarios de la rama, agrupados en la cámara Fadeac, “se borraron y cortaron el teléfono”, por lo que “está claro que ya entonces el paro, la medida de fuerza ilegal, se parece más a un lockout patronal, que en conjunto con el paro del sindicato es un paro corporativo”. De Vido también calificó como “autoritarias” a las acciones, dado que “los empresarios son los dueños de los camiones, pero prestan un servicio público, entonces si no tienen la capacidad de poner choferes de repuesto, tienen que venir los propietarios a manejar camiones o decir dónde dejó las llaves y el camión para que el Estado lleve adelante la tarea de provisión de combustible”.
En ese contexto, De Vido advirtió que “son muchas empresas y pocos dueños” que tendrán que “hacerse responsables” de las consecuencias del paro, que además “afecta los negocios de YPF, por lo cual se deben rever los contratos, revisarlos muy bien, porque tienen una rentabilidad importantísima” y para evitar “quedar presos” de este tipo de maniobras. La petrolera recientemente reestatizada “tenía 500 camiones de distribución previo a la privatización; hoy no sólo estamos sujetos al capricho de la organización sindical sino también a la desidia de la patronal”, agregó.
La respuesta de Moyano fue redoblar: anoche, en vivo desde los estudios de TN, anunció un paro nacional de las 18 ramas del gremio al que, aseguró, adherirían otros sindicatos, aunque no especificó cuáles. También prometió una movilización de “100 mil camiones” a Plaza de Mayo para el viernes, aunque luego relativizó sus anuncios y dijo que había que discutirlo en el gremio. “No voy a estar al lado de alguien que no da respuestas a los reclamos de los trabajadores, y mucho menos de un gobierno que está perdiendo la línea nacional y popular”, había sostenido algunas horas antes, cuando afirmó que el trasfondo del conflicto es que el gobierno intenta evitar que consiga un tercer mandato al frente de la CGT.
La polémica también salpicó al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, quien hace diez días recibió a Moyano en el marco de los partidos de fútbol que se disputan en su quinta, en un mensaje político con vistas a las elecciones de 2015. Scioli, quien se encuentra en Italia con licencia, salió a reclamar “responsabilidad” al gremio de Camioneros e instruyó a su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, de “acompañar las acciones del gobierno nacional” con respecto al conflicto. Fue después de que Randazzo, un funcionario de la Rosada con comunicación fluida con La Plata, saliera a marcarle la cancha: luego de condenar la medida de fuerza, pidió públicamente que “el gobierno de la provincia de Buenos Aires haga lo propio, teniendo en cuenta el impacto que este paro está teniendo en localidades del interior bonaerense”.
En la misma línea, el vicegobernador Gabriel Mariotto recordó “la fotografía de un partido de fútbol de la última semana en donde uno de los protagonistas es quien le está trayendo un dolor de cabeza muy grande a la patria”. El ex titular del Afsca forma parte del “comité de crisis” conformado por el Gobierno para lidiar con este problema, y ayer supervisó personalmente la distribución del combustible que logró evadir el bloqueo. “Estamos transitando realmente un momento de gran dolor, de ver cómo por interés mezquino, transmisión individual, un sector del gremialismo ha puesto y pone en riesgo la estabilidad de 40 millones de ciudadanos que tienen que transitar por esta situación”, criticó a Moyano. “Los conflictos gremiales se resuelven en el Ministerio de Trabajo, para eso hay una conciliación obligatoria para ponerse de acuerdo –concluyó Mariotto–. Cuando no se acepta la conciliación obligatoria se está buscando otros objetivos.”
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