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A menos que tenga un traspié inesperado o que cause una repentina decepción en la audiencia pública programada para el 7 de agosto, Alejandra Gils Carbó tiene el camino allanado para convertirse en procuradora general de la Nación. Lejos del ánimo beligerante y de rechazo que marcó la evaluación del ex candidato al cargo Daniel Reposo, la UCR se muestra ahora proclive a avalar el ascenso de la actual fiscal de Cámara, postulada por el Poder Ejecutivo. Los votos del bloque radical definen (sumados a los del oficialismo) la aprobación del pliego –que ayer ingresó al Senado–, y todo parece indicar que en la misma senda está el Frente Amplio Progresista (FAP).
Aunque ninguna de estas dos fuerzas opositoras ha tomado posición oficial aún como bloque, el comentario generalizado entre los integrantes de ambas es que “el punto de partida es bueno, y más si se lo compara con la situación que pasó Reposo”. Pero además apuntan que “no están en duda sus antecedentes ni sus conocimientos técnicos”. Todos se muestran expectantes con respecto al desempeño que Gils Carbó tendrá en la audiencia pública. Por lo pronto, ella ya pasó por la experiencia una vez, cuando fue postulada por el gobierno de Néstor Kirchner para el cargo que ocupa en la actualidad, y para el cual el Senado le prestó acuerdo en 2004.
“No le voy a plantear preguntas de técnica jurídica, pero nos interesa poder medir su independencia”, le dijo el senador radical Ernesto Sanz a Página/12. “Las audiencias públicas son herramientas institucionales útiles para interrogar a los candidatos y lograr el máximo de idoneidad. Después de esa instancia, decidiremos”, añadió, midiendo las palabras, el presidente del bloque de la UCR, Luis Naidenoff. El santafesino Rubén Giustiniani, del Frente Progresista, dijo: “Vamos a ir a escucharla y preguntar, sabiendo que no es una improvisada y que llega con antecedentes”.
Paradójicamente, como parámetro de buen desempeño y demostración de “solvencia”, tanto ciertos oficialistas como opositores recuerdan la audiencia pública del ex procurador Esteban Righi, quien dejó el cargo después de las acusaciones públicas y penales del vicepresidente Amado Boudou, en el contexto del caso Ciccone, que involucraban al estudio jurídico familiar del funcionario en un supuesto tráfico de influencias. Hasta ahora, durante el período de testeo inicial, Gils Carbó recibió 151 adhesiones de un amplio espectro de instituciones (desde Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación por los Derechos Civiles, el Colegio Público de Abogados de Capital Federal hasta la CGT de Hugo Moyano) y cinco impugnaciones ante el Ministerio de Justicia, entre ellas la de Elisa Carrió, quien considera a la candidata como “fanática” del Gobierno.
Para la aprobación del pliego hacen falta dos tercios de los votos de los senadores presentes, o sea, 48 votos si en el recinto se encuentran los 72 legisladores. Si, como el clima en la Cámara alta parecería indicar, el bloque del radicalismo (con sus 14 integrantes más dos catamarqueños del Frente Cívico y Social) suma sus votos a los 33 senadores del Frente para la Victoria, el acuerdo para Gils Carbó sería un hecho, incluso con margen si se contabilizan también los votos del FAP. La definición podría darse en la sesión del 15 de agosto.
Mientras tanto, desde ahora y hasta la audiencia pública se abre un nuevo período de presentación de respaldos o cuestionamientos a la candidata a ser jefa de los fiscales. Recién después de que termine el proceso de evaluación de Gils Carbó comenzará el de los pliegos de 35 fiscales, defensores y jueces, entre ellos los candidatos a ocupar cuatro juzgados federales porteños, cuyos concursos llevan siete años de idas y vueltas.
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