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El país|Martes, 31 de julio de 2012
El jueves empieza un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad

Con diez acusados en Mendoza

El proceso abarcará los casos de treinta víctimas, 27 de ellas desaparecidas, por lo que habrá pocos sobrevivientes como testigos. Entre los represores procesados hay militares y agentes de las policías provincial y Federal.

Por Alejandra Dandan
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Walter Domínguez y su esposa, Gladys Castro, esperaban un hijo cuando fueron secuestrados, en 1977.

María Domínguez todavía no sabe qué día va a declarar, pero eso no importa mucho. “Paciencia –dice–. Hemos tenido tanta paciencia... Esperamos 35 años para esto, así que podemos seguir teniéndola todavía más: no sé si en este juicio saldrá algo en limpio, no sé si podremos saber quiénes fueron los responsables del secuestro de mi hijo o de mi nuera, y ojalá saltara algo de mi nieto o nieta, pero eso es muy difícil. Lo que espero es que esto le haga bien a la sociedad, que se sepa lo que pasó, que en los juicios sigan saliendo los nombres de los responsables, que no van a ser todos ni se los va a poder juzgar a todos, pero bueno, algo es algo, y nosotros seguimos pidiéndolo.”

María Domínguez es una de las pocas sobrevivientes de las rondas que las Madres de Plaza de Mayo de Mendoza continúan haciendo cada jueves en la Plaza San Martín. Es la madre de Walter Domínguez, un joven que militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista, se había casado con Gladys Castro, embarazada de seis meses cuando los secuestraron, el 9 de diciembre de 1977. Ellos son parte de las treinta víctimas cuyos casos empezarán a ventilarse este jueves en Mendoza, con el comienzo del juicio oral que sentará a diez represores en el banquillo de acusados. Entre ellos hay oficiales del Ejército de la 8ª Brigada de Mendoza, como Dardo Migno y Paulino Enrique Furió, que fue absuelto en el primer juicio. Además, hay un hombre simbólico de la represión: Francisco Alsides Paris, sucesor como jefe de la policía de Mendoza de Julio César Santuccione, los dos de la Fuerza Aérea. El juicio lleva a debate a policías de Mendoza y de la Federal. Entre ellos, al ex comisario Fernando Morellato Donna, recordado porque en 1976 pidió por escrito “una picana” para interrogar a dos militantes luego desaparecidos y en 2004 estaba al frente de una agencia de seguridad y presidía la Cámara de Empresas de Seguridad de la provincia.

Para el abogado querellante Pablo Salinas (MEDH), “el juicio demuestra que luego de la caída del ‘Imperio Romano’ (por Otilio, el ex camarista mendocino) y con una renovación en la Justicia, avanzan las causas y se están empezando a producir los juicios”.

El proceso pondrá en escena dos expedientes paradigmáticos. Por un lado, el operativo de diciembre de 1977, que alcanzó al grupo de militantes de Walter y Gladys, también a Rodolfo Vera, compañero de Walter e impulsor con él de un centro de estudiantes de Arquitectura. Por otro lado, se avanzará en lo que se conoce como la “gran caída”: once secuestros de mayo de 1978 producidos por el Grupo Especial ’78, en el marco del Mundial y mientras las fuerzas de seguridad buscaban a Juan José Galamba. Parte de Montoneros había logrado escaparse de su captura en 1976 y vivieron dos años refugiados por una trama solidaria por fuera de la organización. En 1978, el Grupo Especial volvió sobre esa red y secuestraron a uno tras otro: todos están desaparecidos. El 15 de mayo cayó Margarita Dolz, que había ayudado a Juan José en 1976. El 17 de mayo secuestraron a Aldo Enrique Patroni y en seguida a Raúl Gómez Mazzola, que lo había refugiado. Luego, a Mario Guillermo Camín, un estudiante de ingeniería, cuyo padre le dio trabajo en una cantera de San Juan: a padre e hijo los secuestraron el 22 de mayo. El 24 cayó Daniel Romero: lo había llevado a Las Heras cuando regresó de San Juan. El 25, secuestraron a Víctor Hugo Herrera, que lo alojó en la casa de sus padres. El 28 cayó Ramón Alberto Sosa, con el que se supone iba a encontrarse. Ese mismo día lo secuestraron a él. El 29 secuestraron a Juan Carlos Romero, hermano de Daniel y dirigente político que le había dado trabajo. Alrededor hay otras tramas que aún no llegaron a juicio: son los secuestros de julio de 1976, que se produjeron en su casa y alrededores, en los que cayeron su esposa Alicia Morales, Jorge Vargas Alvarez, de Montoneros, su compañera María Luisa Sánchez y los hijos.

Otro eje del debate recorrerá las formas que tomó la represión en Mendoza. Habrá pocos sobrevivientes como testigos, como explica Virtudes de la Santa, del Frente de Apoyo de Madres de Plaza de Mayo. De los treinta “compañeros” de la causa, 27 están desaparecidos. El juicio debía haber empezado en junio y se suspendió por falta de jueces. En la calle todo empezará la noche antes, con una vigilia convocada por los organismos de derechos humanos.

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