“Pedimos perpetuas”

“La celeridad de la Justicia fue reparadora. Ahora pedimos perpetua para (José) Pedraza y los demás acusados”, anunció Pablo Ferreyra, hermano de Mariano, el militante del Partido Obrero que fue asesinado por una patota de la Unión Ferroviaria (UF) el 20 de octubre de 2010. En una conferencia que dio junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que representa a la querella de su familia, llamó a “una gran movilización para el lunes próximo”. Ese día comienza el juicio oral contra el líder sindical y su número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, como instigadores del homicidio. También estarán en el banquillo ocho integrantes del grupo de choque acusados como ejecutores y siete policías federales que liberaron la zona y les facilitaron el ataque. Mariano había ido a protestar a las vías del Ferrocarril Roca junto con otras agrupaciones por la reincorporación y regularización de trabajadores tercerizados de ese ramal. “Una de las motivaciones evidentes que tuvo la dirigencia de la UF para realizar este crimen fue la defensa del sindicalismo empresarial”, advirtió el titular del CELS, Horacio Verbitsky. El juicio, vaticinó, es una ocasión para “contribuir a realzar el rol de la Justicia”.

“La lucha de Mariano era contra la tercerización, forma perversa de la precarización de los derechos laborales (...) Pedraza no actuó en defensa de los intereses de los trabajadores sino de las empresas”, dijo Verbitsky. “Es evidente –enfatizó– que quisieron dar un escarmiento en defensa de las empresas” que el dirigente manejaba. Aludió también a que junto con la empresa Ugofe (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria), que administra ramales bajo tutela estatal, se quedaban con parte de los subsidios que recibían para pagar sueldos y cargas sociales de los tercerizados, que recibían un ingreso mucho menor al de un trabajador de planta. Recordó que él mismo militó con Pedraza en la CGT de los Argentinos y que el dirigente también estuvo en las filas del PCR. “Es patética su parábola” ya que pasó a ser “la burocracia sindical que ordena matar al joven militante”, dijo el periodista.

En la primera fila del auditorio del CELS escuchaban y asentían las hermanas de Mariano, Paula y Rocío, junto a su mamá, Beatriz. En ellas, igual que en Pablo, se filtra la impronta de algún rasgo de Mariano. Pablo lo recordó como “un pibe de 23 años” que había empezado en la militancia política desde muy chico, a los 14 años, y llegó a ser responsable de la Juventud del PO de Avellaneda. Aunque pidió “alejarlo de la idealización”, dijo que tampoco “es casual que su rostro empapele la ciudad porque se convirtió en un emblema”, “un luchador popular”. En efecto, su cara está en murales, pintadas y afiches que se multiplicaron en los últimos días en todos los barrios. Pablo pidió apoyo a todos los sectores y llamó a movilizarse el lunes, cuando empiece el juicio en los tribunales de Retiro, a cargo del Tribunal Oral Criminal 21, que preside Horacio Díaz e integran también Diego Barroetaveña y Carlos Bossi. “La expectativa familiar –dijo– es lograr una condena efectiva” y, en continuidad con la lucha de su hermano, “discutir la precarización y tercerización laboral”. Solicitarán, anticipó, una pena de prisión perpetua para los principales acusados. Los abogados Carolina Varsky, Maximiliano Medina y Alberto Bovino representarán a la familia en el juicio.

Verbitsky elogió la actuación de la Justicia en la etapa de instrucción de la investigación y la unificación del juicio a Pedraza y la patota con el de los policías cuyo papel “fue necesario para el crimen”. También recordó múltiples “intentos de entorpecimiento por parte de la UF” reflejado en amenazas a testigos y la participación de un perito que alteró como prueba (al golpearla) la bala que mató a Mariano. A esto se sumó el intento de soborno a jueces de Casación Penal para que salvaran a Pedraza, por el que se abrió una causa que apenas avanza. “La bala que mató a Mariano remite a toda esta constelación de podredumbre de la vida argentina que creemos que este juicio puede contribuir a limpiar”, definió. Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, dijo esperar “que se mantenga la seriedad que tuvo” hasta ahora “la Justicia”.

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