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Es indudable que hay un inglés trucho. El final de las negociaciones sobre la supervisión de la puesta en marcha del SUBE, con todos los detalles del contrato, aparece firmado por siete personas, entre ellas Stephen Chandler, el inglés experto en sistemas de tarjetas para transporte. Pero Chandler dice que el contrato se firmó a sus espaldas. En el acta figuran como presentes diez personas. Eso fue en 2010. Pero después de eso, Chandler aparece firmando el pedido de cobro de sueldos en numerosas oportunidades, incluso en 2012. Y no sólo pide el cobro de su sueldo, sino que su firma aparece al pie de las liquidaciones por las que se requiere el pago a Marcela Ashley y Steven Beer, dos colaboradores que se suponía que trabajaban con él en Londres. Ashley dijo que nunca trabajó. Beer lo mismo. Pero la firma de Chandler aparece al pie de las liquidaciones. De manera que el que firma o es el verdadero Chandler o –lo más improbable– alguien puso a un inglés falso a firmar.
La historia del inglés trucho tiene que ver con un contrato –ahora suspendido por el ministro Florencio Randazzo–, aprobado en cada uno de sus pasos por el directorio del Banco Mundial, para supervisar la puesta en marcha de la tarjeta SUBE. El sistema no es simple: había que instalar miles de máquinas, convencer a los dueños de los micros de poner esas máquinas, lo que significaba una fuerte instancia de control, vender tarjetas, cargarlas, procesar millones de operaciones y una especie de clearing para que a través del Banco Nación el dinero esté disponible para las empresas de micros al día siguiente de cada viaje. La complejidad se consideró equivalente a sólo dos sistemas que existen en el mundo, el de Londres y el de Hong Kong. La Secretaría de Transporte sostuvo que no tenía personal ni estructura para supervisar tamaña operación –eso es parte de la investigación judicial– y, sobre la base de un crédito del Banco Mundial, se hizo una licitación para adjudicar el trabajo al consorcio de consultoras que ganara. Se presentaron numerosos grupos de consultoras, principalmente cuatro competidores que llegaron a las instancias decisivas. Al final del proceso –en una licitación que está auditando la Auditoría General de la Nación, a cargo del radical Leandro Despouy– se quedó con el trabajo una alianza entre Global Infrastructure (GI), representada por Chandler, y tres conocidas consultoras argentinas, Ingeniería en Relevamientos Viales (IRV), Iatasa SA y González Fischer y Asociados. La licitación y la adjudicación no fueron aprobados por un delegado del Banco Mundial en la Argentina, sino por el directorio del BM con sede en Washington.
Después de meses de trabajo y de presentación de informes mensuales sobre la evolución del funcionamiento del SUBE, se desató una furiosa pelea entre los socios. Desde Londres, Chandler dijo al diario La Nación que prácticamente no tuvo nada que ver con la firma del contrato, que no cobró ni un dólar ni un peso y que hubo una confabulación en su contra por parte de sus socios argentinos, un funcionario del Banco Mundial, Andrés Pizarro, y la Secretaría de Transporte. Esto puso en marcha una investigación del fiscal Carlos Stornelli, hubo varias denuncias y todo indica que el caso quedará en manos del juez federal Sergio Torres. Son investigados el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, el coordinador general de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Transporte ligados al Banco Mundial, Jorge de Beláustegui, todos los empresarios argentinos de las consultoras que ganaron la licitación y también está imputado Chandler.
El inglés fue respaldado en su momento por la embajada británica en Buenos Aires y por el alcalde de Londres, quienes hablaron de sus bondades como técnico, pese a que –aparentemente– no tiene oficina en la capital británica. Esa fama llevó seguramente a que la oferta de su grupo ganara, porque de acuerdo con las normas fijadas por el Banco Mundial, el 80 por ciento de la calificación en la licitación correspondía a la capacidad técnica y sólo el 20 por ciento al mejor precio. De hecho, el grupo encabezado por GI no presentó la mejor oferta en cuanto a precio, pero aun así el BM avaló la decisión de que ganara.
Lo asombroso ocurrió después. Una colaboradora propuesta por Chandler, Marcela Ashley –que vive en Buenos Aires pero fue contactada por el inglés–, y que está en la lista que acompaña al acta en la que firma el británico, dijo que nunca realizó ningún trabajo y que no cobró ni un peso. El otro colaborador, propuesto por Chandler con su firma, Steven Beer, también dijo que nunca tuvo nada que ver con el SUBE y finalmente el propio Chandler dijo que no firmó, que no tuvo nada que ver y que no cobró. Sin embargo, la firma de Chandler aparece mes a mes en los certificados de costos en moneda extranjera del Ministerio de Planificación. El último al que tuvo acceso este diario de enero de 2012 donde figuran Chandler, Stephen –jefe del proyecto, dice– por 30.450 dólares, Ashley Marcela por 4860 y Beer, Steven, por 8120. Todo firmado al pie por Chandler, lo que indicaría que él pide el cobro no sólo de su trabajo, sino el de sus dos colaboradores. Y, de hecho, cobraba todos los meses lo que él requería en sus liquidaciones. Además, mes a mes, se presentó un voluminoso informe de la marcha del SUBE, lo que fue acompañado por una nota, firmada por el propio Chandler. La última que pudo ver este diario es de mayo de este mismo año.
Y también hay largos detalles del cómputo de gastos reembolsables variables, en los que, también con la firma de Chandler, aparecen pasajes y viáticos de Londres a Buenos Aires.
Los papeles a la vista llevarían a distintas conclusiones:
Chandler participó activamente de todo el proceso, presentó a dos empleados que no trabajaron, firmó los pedidos de cobro suyos y de esos dos empleados y los informes mensuales, todo en el marco de un contrato en el que también puso su rúbrica en el acta en el que quedaron refrendados todos los acuerdos, incluso la incorporación de las dos personas que dicen que no trabajaron ni cobraron. Esa acta se firmó ante la presencia de otras nueve personas. En ese caso es falso lo que afirma desde Londres.
La otra alternativa es que haya un Chandler trucho que firmó toda la documentación, algo que suena improbable.
Está claro que hubo una pelea entre los socios de la Unión Transitoria de Empresas que ganó la supervisión del SUBE. Primero Chandler dijo que se habían complotado en su contra hasta el Banco Mundial. Luego las tres empresas argentinas anunciaron la ruptura con el inglés, asombradas entre otras cosas porque Chandler certificó el trabajo de dos colaboradores suyos –Ashley y Beer– que no trabajaron.
La licitación y los trabajos de supervisión del SUBE están siendo auditados por la Auditoría General de la Nación y habrá que ver qué surge de la investigación de la Justicia federal.
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