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Luego de seis años de recolección de pruebas, allanamientos y declaraciones indagatorias, el fiscal Sebastián Lorenzo Basso pidió, el martes pasado, el procesamiento de nueve acusados por hackear mails de políticos, empresarios, sindicalistas y artistas. En el dictamen, al que accedió Página/12, le solicitó a la jueza Sandra Arroyo Salgado el procesamiento de Juan Bautista Yofre (ex titular de la SIDE durante el menemismo) y los ex agentes de inteligencia Iván Velázquez y Pablo Carpintero por asociación ilícita. El general retirado Daniel Manuel Raimundes, el empresario Néstor Ick y los periodistas Carlos Pagni (La Nación), Roberto García (Perfil) y Edgar Mainhard (Urgente 24) y el responsable del portal Seprin, Héctor Alderete, son requeridos como partícipes o encubridores de violar correspondencia electrónica.
Fuentes judiciales explicaron a este diario que la fiscalía requirió los procesamientos por la contundencia de la prueba recabada que no fue refutada durante las indagatorias. “Yofre, Carpintero y Velázquez –que está prófugo de la Justicia– habían montado una empresa para capturar mails en forma ilegal y se los vendían a otros”, sintetizaron. Pasaron dos meses del final de las indagatorias, teniendo en cuenta que lo habitual son diez días, la Fiscalía le requirió a la jueza que se pronuncie en forma inminente.
El fiscal Basso explica en el dictamen que “incluso algunos de los acusados “(Raimundes, Pagni, García, etc.) han reconocido expresamente haber recibido en cuentas receptáculos creadas especialmente para tal fin el producido de las intrusiones a los correos electrónicos de distintos funcionarios públicos que les fueron proporcionados por Yofre, como líder indiscutido del microemprendimiento criminal aquí juzgado”.
La causa por violación de secreto de Estado comenzó en agosto de 2006 por una denuncia de la Secretaría de Inteligencia. La vastedad de la información recabada, clasificada en más de cincuenta carpetas, y las sucesivas chicanas judiciales de los imputados que llegaron hasta recursos de queja ante la Corte Suprema fueron demorando las definiciones. De hecho, el fiscal Sebastián Basso realizó los pedidos de indagatoria hace dos años y medio. Recién en abril la jueza envió las cédulas de citación para empezar a tomar declaración.
En el escrito, el fiscal señala que en su descargo Yofre adujo que el ex agente de inteligencia del Ejército, la SIDE y la Policía de Seguridad Aeroportuaria trabajaba en forma autónoma. Sin embargo, al contrastar los correos electrónicos incautados y las escuchas, Basso señala que “los modismos y el lenguaje utilizado por los imputados Velázquez y Yofre –por ejemplo dux (jefe)–, que se desprenden de los distintos correos electrónicos enviados y/o recibidos entre uno y otro, y en el hecho de que el imputado Yofre era quien recibía el producido de las intrusiones (más allá de las que él hacía a título personal (...) y quien entregaba al imputado Velázquez ‘la mensualidad’”. Las pericias realizadas a las computadoras incautadas en el allanamiento al domicilio de Yofre permitieron comprobar –detalla el fiscal– que gran parte de los hackeos se realizó desde ese departamento en Barrio Norte.
Los periodistas investigados por difundir información ilegal argumentaron en su defensa, con distintas fundamentaciones, que se reservaban el derecho de mantener en el anonimato las fuentes y en el desconocimiento del origen de las mismas. Basso contrastó esas afirmaciones con el relevamiento de los mails y las escuchas telefónicas registradas entre los imputados. En el caso del columnista de La Nación, el dictamen reseña que Pagni explicó que Yofre “le proporcionó –por motivos que dijo ignorar– una dirección de correo electrónico y su correspondiente clave de acceso, pero que nunca pagó por ello, ya que la información que le enviaba era intrascendente para su trabajo”. Basso concluye que “tales afirmaciones carecen de toda entidad verídica” y detalla que “las conversaciones registradas evidencian la clandestinidad de tales envíos y el conocimiento de la ilegitimidad de la receptación del producido de las intrusiones remitidas por el imputado Yofre, de otra manera no se explica satisfactoriamente el hecho de que el imputado Pagni haya solicitado al imputado Yofre pasar por su domicilio para bajar el producido de las intrusiones porque no quería quedar ‘pegado’”. El fiscal también reseñó otro intercambio de mails en el que Pagni pide si tiene más información sobre “las valijas” por los dólares incautados al venezolano Antonini Wilson y sobre la agenda presidencial.
En el caso de los intercambios con Raimundes abundan sobre la custodia presidencial y, a Mainhard, Yofre le reclama que vacíe su casilla porque “tenés demasiado material sin baja. Hacelo por razones de seguridad”. El intercambio con el editor del portal Urgente 24 abunda sobre las actividades del asesor presidencial Fabián Gutiérrez. Los intercambios con el empresario santiagueño Néstor Ick dan cuenta del pedido de hackeos por parte de Ick que muestra “un mismo modo de proceder criminal frente a la defensa de sus intereses”, explica Basso.
A lo largo de veintitrés fojas, Basso acompaña cada conclusión sobre la vinculación entre los imputados con el bibliorato de las escuchas y mails incautados. El fiscal advierte que la información difundida en todo tipo de soportes “constituye una de las actividades comerciales más rentables de los tiempos que transitan, y tal circunstancia parece no resultar ajena a esta investigación, por el contrario, ello se verifica, prueba y demuestra en el microemprendimiento criminal llevado a cabo por los imputados”. El fiscal espera ahora que la jueza Arroyo Salgado decida los procesamientos requeridos de una causa que empezó hace seis años.
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