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Según el Ministerio de Defensa, no fue el ministro Arturo Puricelli sino el jefe del Grupo Militar de los Estados Unidos, Coronel Patrick D. Hall, quien ocultó que el Brigadier Mayor (R) Richard Goetze estuvo en misión oficial en la Argentina durante los peores años del terrorismo de Estado. Como prueba, la carpeta oficial enviada a este diario incluyó el currículum de Goetze suministrado por el Grupo Militar, en el que falta el dato de su paso previo por Buenos Aires. En cambio, no dice qué respuesta dio el Ministerio a este grave engaño sobre el jefe de los especialistas estadounidenses en Seguridad Nacional, Guerra No Convencional y Operaciones de Información, que hace dos semanas entrenaron a tres docenas de funcionarios civiles del ministerio de Defensa, abogaron por la actuación de los militares en seguridad interior su-bordinados a las autoridades civiles, defendieron la manipulación de la prensa para dirigir la información, ridiculizaron las violaciones a los derechos humanos en Guantánamo y se jactaron de haber realizado Inteligencia y escuchas telefónicas en Colombia. De haber cotejado los datos del Grupo Militar con la biografía pública de Goetze, que consta en la página electrónica de la Fuerza Aérea estadounidense (http://www.af.mil/information/bios/bio.asp?bioID=5567), Puricelli hubiera descubierto que Goetze llegó a Buenos Aires en julio de 1976 como agregado de la Fuerza Aérea y del Pentágono a la embajada de su país, donde permaneció hasta julio de 1978, lapso en el que se produjeron el 93 por ciento del total de las desapariciones de personas registradas por la Conadep. Tampoco consultó el propio archivo: según el Boletín Aeronáutico Público (BAP) 2358 del 15 de diciembre de 1978, Página/1214, Goetze fue condecorado como Aviador Militar honoris causa por su contribución “a estrechar vínculos de amistad” con sus camaradas argentinos. Si estos antecedentes se hubieran conocido, los inquietos asistentes al curso podrían haber enriquecido el diálogo con la explicación en primera persona del Aviador Militar honoris causa Goetze sobre el empleo de los aviones de las distintas fuerzas para arrojar prisioneros al mar, que hoy es investigado por los jueces federales Sergio Torres y Daniel Rafecas, quienes podrían citarlo a declarar. Esta negligencia del Ministerio de Defensa argentino contrasta con el minucioso procedimiento estadounidense, que el Coronel Hall comunicó al Secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, Alfredo Forti: treinta días antes del curso “se deberán verificar los antecedentes de todo el personal de las Fuerzas Armadas que participe en programas de asistencia para la Seguridad a fin de verificar que no ha estado involucrado en violaciones a los derechos humanos, tráfico de drogas u otros delitos”. Seguridad, dice la nota del jefe del Grupo Militar, según la copia que el ministro Arturo Puricelli envió a Página/12. En la Argentina, esa tarea no corresponde al Ministerio de Defensa ni a las Fuerzas Armadas.
El Grupo Militar de los Estados Unidos en la Argentina es una representación del Comando Sur, autónomo tanto de la embajada como de la agregaduría de Defensa de su propio país. Su titular, el coronel Hall, estaba asignado en Caracas cuando el presidente Hugo Chávez denunció la injerencia militar estadounidense en la política de su país. La existencia del Grupo Militar se basa en tres acuerdos bilaterales firmados durante la guerra fría. El inicial data de 1956, cuando luego del derrocamiento de Juan D. Perón, el dictador Pedro Aramburu participó en la Primera Conferencia de Presidentes americanos, convocada por Estados Unidos en Panamá. El segundo se firmó en 1960, como respuesta al ingreso de Fidel Castro y Ernesto Guevara a La Habana, y el tercero en 1964, luego de la crisis que concluyó con el retiro de los misiles soviéticos de Cuba y los estadounidenses de Turquía. En 2009, la Argentina propuso a Estados Unidos revisar ese acuerdo anacrónico para despojarlo “de la racionalidad política, ideológica e institucional de la guerra fría” y en 2010 le elevó un proyecto de Acuerdo Marco, que planteaba las asimetrías entre ambos países y reclamaba reciprocidad. Estados Unidos no mostró entusiasmo en renunciar a aquellos instrumentos rectores de su vínculo con lo que en Washington se denomina “el hemisferio occidental”, es decir el área de competencia del Comando Sur, y desde la asunción de Puricelli, en diciembre de 2010, tampoco la Argentina ha mostrado urgencia por el cambio de encuadre. Según la documentación que el Ministerio de Defensa elevó a la presidente CFK, el Grupo Militar se maneja a espaldas de las autoridades argentinas y con alto grado de discrecionalidad, promoviendo la agenda del Comando Sur sin informar a los ministerios de Defensa ni de Relaciones Exteriores. La autonomía del Grupo Militar respecto de la propia embajada estadounidense es evidente hasta en las direcciones de correo electrónico de sus integrantes (que llevan el dominio southcom.mil). En vez de seguir los canales institucionales el Grupo Militar prefiere la interacción horizontal y directa con las fuerzas armadas, sin pedir autorización ni informar al Ministerio de Defensa. Para estos fines le resultaban muy funcionales las oficinas que tenía en los estados mayores de las propias Fuerzas Armadas. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, y en el primer mandato de CFK, el Poder Ejecutivo solicitó al Grupo Militar que se retirara de esas instalaciones. Lo mismo había hecho en 1973 el fugaz presidente Héctor Cámpora. El Grupo Militar adujo que no podía instalarse en la embajada, porque ya estaban allí sus colegas expulsados de Bolivia por el presidente Evo Morales. Cuando les sugirieron que alquilaran oficinas respondieron que no podían, por cuestiones de seguridad, pero ante la insistencia argentina, terminaron por mudarse a la embajada, con los escritorios en los pasillos, según sus quejas. Además, el gobierno nacional les cortó el contacto directo con las fuerzas, retiró a los enlaces argentinos con el Comando Sur y la Joint Interagency Task Force South, con sede en la base naval de Key West, Florida, que reúne a militares y policías para realizar tareas de Inteligencia y represión del comercio ilegal de sustancias estupefacientes, dispuso no enviar enlaces a la 4ª Flota, con sede en la base naval de Mayport, Florida, y retiró al representante argentino ante la Junta Interamericana de Defensa. El desconocimiento del Comando Sur del ordenamiento institucional argentino se extiende también a las autoridades provinciales y municipales. El caso más notorio fue la financiación de un Centro de Emergencias y Ayuda Humanitaria en la capital del Chaco, realizado sin conocimiento ni autorización de los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores. La primera propuesta del Grupo Militar, presentada al gobierno chaqueño en febrero de 2007, revela un conocimiento detallado de la estructura de Defensa Civil Provincial y las responsabilidades de los municipios ante emergencias o desastres. Las instalaciones, junto al aeropuerto de Resistencia fueron inauguradas en febrero de este año. En junio, el Secretario Forti reveló que el gobierno nacional había ordenado anular el convenio que el gobernador Jorge Capitanich no tenía facultades para firmar con el Grupo Militar. “Chaco dijo que sí porque es muy difícil resistirse a la tentación de las donaciones. Pero recién después de avanzar en el tema se descubre que los recursos venían de un fondo para asistencia humanitaria del Comando Sur. Desde nuestra perspectiva, no podemos aceptar que una estructura militar extranjera tenga operaciones, actividades –así sean las de evitar inundaciones–, sin pasar por el Ministerio de Defensa, la Cancillería y el Congreso. Cuando descubrimos eso, hicimos lo que había que hacer. Volver todo para atrás”, dijo Forti. El mes pasado Capitanich envió un proyecto de ley a la Legislatura para reformar la Ley de Defensa Civil provincial, promulgada durante la dictadura, y establecer que la asistencia en emergencias y catástrofes es un deber indelegable del Estado chaqueño en concurrencia con el nacional, sin injerencia de cualquier otro Estado.
Si el Grupo Militar es el instrumento del Comando Sur en la relación bilateral, la Junta Interamericana de Defensa (JID) cumple la misma función en las relaciones multilaterales. Creada en 1942 luego del ataque a la base estadounidense de Pearl Harbour para “organizar la defensa colectiva de las naciones americanas”, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial la JID se convirtió en instrumento de la política de Estados Unidos en la guerra fría; se manejó con autonomía de las instituciones políticas, se autoasignó funciones y misiones y no se sujetó a ninguna instancia de control. En 2006 se reformó su estatuto, para quitarle funciones operativas y convertirla en un órgano de asesoramiento técnico y educativo, con autoridades rotativas y no siempre estadounidenses y sometida a la supervisión de la OEA. Su actual presidente es un general brasileño. Pero su funcionamiento no registró el cambio jurídico. Si en las décadas de 1960 y 1970 su actividad giró en torno de la contrainsurgencia y la venta de armas, con el colapso del bloque comunista definió como materia de trabajo las denominadas nuevas amenazas, entre ellas el terrorismo y el comercio ilícito de narcóticos, con las que procuró borrar las fronteras entre defensa y seguridad. El surgimiento de gobiernos progresistas y/o nacional-populistas en varios países de la región y la creciente homogeneidad de la Unasur y su Consejo de Defensa, que no consienten aquellos propósitos, hicieron que Estados Unidos virara sus propuestas hacia el empleo de las fuerzas militares en caso de catástrofes y desastres, con un centro de coordinación en el Comando Sur, que es el objetivo principal. Esa concepción fue escenificada en 2010 durante el terremoto en Haití. La misión estadounidense en ese país se caracterizó por la presencia militar, más que social o económica. Haití necesitaba con desesperación médicos, servicios sociales, inversiones y no soldados que exhiben uniformes futuristas y un amenazante equipamiento bélico. Como la Argentina tampoco aceptó que el Comando Sur fuera el centro neurálgico en la respuesta ante ciclones o terremotos, el Pentágono intenta que esa función sea asumida por la JID. El documento del Ministerio de Defensa que recibió Cristina dice que la JID pretende transformarse en la Secretaría Permanente de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (lo cual ya fue desestimado en las conferencias de 2008 y 2010) y “convertirse en la instancia continental coordinadora del Plan Hemisférico de Asistencia Humanitaria y Atención ante Desastres Naturales que ella misma propone, plan que reedita un proyecto impulsado por los Estados Unidos”. De aprobarse, las Fuerzas Armadas pasarían a conducir y controlar los esfuerzos de las agencias civiles, nacionales y continentales. En cambio la Argentina demandó la revisión total del sistema, incluyendo el Tratado, la Junta y el Colegio Interamericano de Defensa, que considera obsoletos, y se ofreció como sede de una conferencia especial al respecto. Estados Unidos se opuso y el viceministro del Pentágono para la región, Frank Mora, sólo aceptó una genérica mención a “institutos y mecanismos” del sistema. Pero en su visita del mes pasado a la Argentina y Uruguay, Mora terminó por admitir la inevitabilidad de la reforma. Sin embargo, intentó imponer nuevas condiciones: en vez de una conferencia especial en Buenos Aires, el Pentágono y el Departamento de Estado aceptarían que se realizara en la sede de la OEA, es decir en Washington, lo cual daría lugar a nuevas dilaciones en las que la burocracia de la organización es virtuosa. Estas cuestiones deberán dirimirse a partir del próximo domingo, durante la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que se realizará en el hotel Conrad de Punta del Este, Uruguay. Durante su paso por Buenos Aires, Mora dejó en claro que un acuerdo satisfactorio en cuestiones de defensa sería la llave para mejorar la relación bilateral en otras áreas que interesan a la Argentina.
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