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El juez federal Norberto Oyarbide “ratificó el congelamiento administrativo de los bienes y dinero de la empresa American Data SA, y el de sus directivos Jorge Ernesto Vildoza y Rodolfo Giromini dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) el 31 de agosto pasado y por el término de seis meses”. La resolución aplica por primera vez en la órbita de la Justicia la ley antiterrorista, sancionada en diciembre del año pasado. Tal como lo había dicho la UIF, el juez da por probado de forma preliminar que la empresa financió la fuga que mantuvieron durante más de veinte años el marino Jorge Raúl Vildoza –padre de uno de los directivos de la empresa– y su esposa Ana María Grimaldos, buscados por la apropiación de Javier Penino Viñas. En palabras de Oyarbide: “la conexión” entre “el autor del financiamiento y la perpetración delictiva terrorista llevada a cabo por Jorge Raúl Vildoza y Ana María Grimaldos”.
Según los papeles, American Data SA es una empresa creada a fines de los ’80, con domicilio en la calle Repetto al 3300, en Vicente López, y se dedica “al esparcimiento relacionado con juegos de azar y apuestas”. Como presidente aparece Jorge Ernesto Vildoza, hijo del represor, pero además él mismo integrante del SIN hasta 1988. Y como vicepresidente está Rodolfo Fernando Giromini, esposo de Mónica Vildoza, la otra hija biológica del marino. Giromini perteneció al Ejército, fue piloto entre 1978 y 1983 y por lo menos hasta agosto era piloto de Aerolíneas Argentinas.
El 3 de julio de este año la jueza María Servini de Cubría detuvo a la esposa de Vildoza después de años de buscarla por la apropiación de Javier. El 13 de julio allanó las oficinas de American Data SA porque las intervenciones telefónicas detectaron que el número de celular de la mujer estaba a nombre de esa compañía. Cuando los operadores judiciales llegaron a la empresa, Jorge Vildoza hijo se comunicó por teléfono con el marino Alfredo Astiz, en lo que se interpretó como un aviso del allanamiento.
Oyarbide retomó una parte de estos datos en la resolución del viernes pasado. Allí analiza el pedido de la UIF, a cargo de José Sbatella. Son tres las causas que tienen a Vildoza y a la empresa American Data como materia de investigación: la causa de Servini y otras dos, una en Ushuaia y otra en el juzgado de Sergio Torres en la que se investiga si el origen de la empresa estuvo vinculado al robo de bienes de los detenidos desaparecidos de la ESMA, un dato que surgió a partir de la declaración de un ex abogado de la compañía.
Sobre la ley antiterrorista, Oyarbide dice en un párrafo que las “normas analizadas permitirán aplicar una medida cautelar como la ordenada por la UIF” porque hacen “referencia a la conducta de financiar a un individuo que cometa un ilícito, o lo intente, con un propósito terrorista”, en este caso, se trata de American Data SA y de “financiar a personas que se encontraban prófugas de la Justicia y sospechadas de cometer delitos de lesa humanidad y que tendrían fuertes características asociadas con actos terroristas”.
Pese a que el objeto de investigación, American Data, aparece en distintas causas, y Oyarbide no sabe si seguirá teniendo en manos este expediente por “eventuales planteos de competencia”, señaló la necesidad de “fallar sin mayores demoras”. No sólo para evitar nuevas “dilaciones” como las que ya hubo en todos estos años en esos expedientes, sino porque “si se procediera de otra manera podrían los investigados ocultar los bienes sospechados para continuar con las conductas de cooperación hacia prófugos de la Justicia”.
Lo que estableció para esta etapa de la instrucción es una “hipótesis” que vincula a Vildoza padre, todavía prófugo, y Grimaldos con American Data, de la que “recibirían una cooperación fundamental que les habría permitido evadir la aplicación de la ley durante más de dos décadas”. Esa relación “tendría ribetes financieros y de otra índole, resultando responsables de la mentada firma su hijo Jorge Ernesto Vildoza y Giromini”.
Entre los elementos que prueban esa relación, la resolución a la que accedió Página/12 destaca los testimonios del ex abogado de American Data Oscar Beccaluva. Relevado de la obligación del secreto profesional, indagado en Ushuaia en 2006 y 2010, declaró que “los hombres que en esta provincia (Ushuaia) le brindaban protección y blanqueaban el dinero obtenido producto de la apropiación de bie-nes de desaparecidos, lo amenazaban con entregarlo”. También dijo que Vildoza padre le dijo que “estos casinos los habían instalado con dinero que habían obtenido de la época de la represión”. Y en cuanto al vínculo American Data-Vildoza padre dijo que el marino prófugo se hospedó en una ocasión en un departamento alquilado a nombre de un empleado de la firma.
A través de escuchas se detectó que American Data financió el teléfono celular que usó Grimaldos. Que en su huida la mujer era protegida por la familia y hubo comunicaciones en las que ella habla de la “muerte de su marido” con Javier Viñas, que aún tiene vínculo con sus apropiadores.
Otro dato evaluado fue la declaración en ese expediente del piloto Enrique Piñeyro: “Lo que conozco sobre el paradero (de Vildoza) es lo que he escuchado a lo largo de mi carrera de piloto, en donde pareció ser un hecho establecido y conocido que Vildoza está en el país, es socio comercial de Giromini y tienen un emprendimiento... Me parece haber escuchado que con Giromini se ve regularmente”.
Oyarbide dijo que los abogados de American Data hicieron un planteo para liberar una parte de los fondos. Dijo que sobre eso se expresaron el fiscal y las querellas. Ahora, la Justicia deberá resolver la cuestión de fondo en una causa que puede incluir la expropiación de los bienes de la empresa.
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