La gira parlamentaria comenzó a pegar la vuelta. Después de llevar el debate de la reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial en audiencias públicas por seis ciudades del interior del país (San Miguel de Tucumán, Rosario, La Plata, Neuquén, Corrientes y Córdoba), la Comisión Bicameral encargada del tema pasará por otras cuatro (Bahía Blanca, La Rioja y San Luis) y culminará la recorrida nacional en el conurbano bonaerense (La Matanza), ya en la segunda quincena de octubre, antes de regresar al Congreso en el último tramo de la discusión legislativa. El plazo de 90 días que tiene asignado la Bicameral para pronunciarse sobre la nueva norma jurídica que regulará los contratos entre particulares vence el 8 de noviembre, por lo que los 30 legisladores –15 senadores y 15 diputados– tendrán cuatro semanas para emitir un dictamen, donde las diferencias filosóficas y religiosas que se dan en una decena de puntos del nuevo Código atraviesan a la mayoría de los bloques políticos.

“De las audiencias han participado los sectores más variados de la sociedad: arzobispos, pueblos originarios, juristas, empresarios, la comunidad trans, que aportaron una riqueza extraordinaria al debate. Más de 800 ponencias, que dejan sustentada y registrada su opinión, con planteos y propuestas en el marco de muchísimo respeto a la diversidad de opiniones”, afirmó a Página/12 el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. “Se trata de generar un Código que le permita a la gente vivir mejor y que el acceso a la Justicia sea simplificado para que no haya una Justicia para pobres y otra para ricos”, agregó Domínguez, miembro de la Bicameral y promotor de sacar el debate fuera del Congreso.

Una idea que también respaldó el arco opositor. “No estoy acostumbrado, pero debo hacer un reconocimiento al Ejecutivo, que ha planteado esto como proyecto colectivo, con un mayor margen de actuación de los legisladores en un debate abierto y sin obstáculos. Me parece bien porque excede por mucho a un gobierno efímero y coyuntural, en un tema que va a regir por muchos años la vida cotidiana de los argentinos”, sostuvo ante este diario el jefe de la bancada de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, tras otro debate sobre el nuevo Código en la Universidad del Litoral.

Para el ex camarista federal, que también integra la Bicameral, las audiencias públicas realizadas hasta ahora ya “han dejado establecido un cuerpo de objeciones al texto original que la Comisión deberá clasificar para avanzar en la construcción de un dictamen”.

Las audiencias comenzaron en agosto en el Congreso de la Nación y se extendieron a lo largo de cuatro jornadas, con 202 expositores de diversos credos religiosos y comunidades de pueblos originarios, profesionales de casi todas las disciplinas, juristas, ONG y particulares.

El grueso de las intervenciones (el 18 por ciento) estuvo vinculado con las “relaciones de familia” (matrimonio, convenciones matrimoniales, uniones convivenciales, divorcio, filiación, responsabilidad parental). Le siguieron los “derechos de las comunidades indígenas” (16 por ciento); “contratos” (consumo, arbitraje, servicios); y “el comienzo de la existencia de la vida” y “la protección del embrión no implantado” (11 por ciento), que contempla el texto del futuro orden jurídico.

Pero el orden de prioridades se revirtió en las audiencias que siguieron. El “comienzo de la existencia de la persona humana” y “la protección del embrión no implantado” pasaron a ser los temas que más intervenciones insumieron en Tucumán (24 por ciento), Rosario (20), La Plata (15) y Neuquén (24), donde la gran participación de referentes de distintos credos religiosos también ubicó a “la gestación por sustitución” en tercer orden de los temas más polémicos. Aunque en todas ellas, los derechos de los pueblos originarios se mantuvo como el segundo tema en importancia durante las audiencias públicas.

Pero en Corrientes y Córdoba la tendencia volvió a rectificarse. En el Litoral se repitió un orden similar al planteado en las jornadas porteñas, aunque ocupó un lugar importante en la discusión un tema que no se había dado con tanto énfasis en otras ciudades: el tipo de personería jurídica que corresponderá a otros credos religiosos que no responden a la Iglesia Católica. En la Docta, los derechos de los pueblos originarios (con el 17 por ciento de las intervenciones) y las relaciones familiares (14) encabezaron el temario que se completó con una distribución más pareja de inquietudes: comienzo de la existencia de la vida humana (11 por ciento), derechos reales –bienes, dominios, propiedades horizontales y complejos inmobiliarios– (10) y personería jurídica (10).

En el Congreso

Aún quedan por delante otras cuatro audiencias en Bahía Blanca, La Rioja, San Luis y La Matanza. De todas maneras, las posturas religiosas y filosóficas que cuestionan el texto que elaboraron juristas de todas las corrientes que presidió el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y que avaló el Gobierno, serán los más difíciles de congeniar al interior de cada uno de los bloques parlamentarios, atravesados por ese debate.

Por eso, la presidenta de la Bicameral, la diputada kirchnerista Diana Conti, propuso al resto de sus integrantes una metodología de trabajo, que comienza con el debate interno de cada bloque político para llevar al seno de la Comisión posturas “más concretas y firmes”. Conti argumentó que su bloque es el más numeroso y necesita consensuar en su interior las distintas posiciones. Algo que, seguramente, no estará ajeno a consultas permanentes con la comisión de juristas y con el Gobierno.

Desde la oposición, en cambio, prefieren que el debate comience en el interior de la Bicameral, especialmente de quienes representan a los bloques menos numerosos y con una postura algo más homogénea. La aspiración de máxima del oficialismo es concretar un dictamen único o al menos, si existen varios, que las diferencias no sean sustanciales. Quieren que el nuevo Código consiga el mayor respaldo posible.

Aunque algunos oficialistas y opositores pronostican que uno de los debates más arduos –que ya acumulan trece jornadas con casi 800 expositores, que adhirieron y propusieron modificaciones al texto original del proyecto– promete estar por fuera de los principales ejes que cruzaron las audiencias: las responsabilidades del Estado y los funcionarios públicos en el nuevo Código que se propone regular los contratos entre particulares.

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