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Después de ser denunciada ante la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal dio marcha atrás con el régimen de subrogancias semanales que venía utilizando para cubrir en forma transitoria los cinco juzgados vacantes del fuero y resolvió empezar a aplicar las directivas que prevé la ley (vigente desde 2008) para estos casos. Como consecuencia de esa decisión, el titular del juzgado número dos, Horacio Alfonso, quedó también a cargo del uno, donde está el expediente sobre la validez constitucional del artículo de la ley de medios que obliga al Grupo Clarín a desprenderse de licencias de radio y televisión. Alfonso es juez desde el año pasado. Su función interina durará “hasta que se cubra definitivamente la vacante”, definió la Cámara. Para llegar a esa situación, hace falta que se destrabe el concurso, que ya lleva tres intentos fallidos de aprobación en el Consejo.
La acordada extraordinaria de la Cámara dice, textualmente, que “las repercusiones que el aludido sistema de subrogancias (rotatorio) ha generado en las últimas declaraciones oficiales aconsejan al Tribunal seguir, en adelante, el procedimiento establecido en el artículo 1º inc. a) de la ley 26.376”. Según esa disposición, cuando hay una vacante en un juzgado de primera instancia debe subrogarlo el titular del juzgado que le sigue en el orden de prelación. Al número uno lo suplanta el del dos, y así sucesivamente. Pero la norma no habla ni de jueces jubilados ni de suplencias semanales, ni de sorteo de jueces sólo para dictar sentencia. Con esta última variante, pero sin constancias del sorteo, había sido nombrado el jubilado Raúl Tettamanti, en una resolución firmada por el presidente de la Cámara, Martín Farrel, y su vice, Ricardo Recondo. Tettamanti renunció a la subrogancia ante las denuncias de que había sido puesto a dedo para favorecer al Grupo Clarín. En su reemplazo quedó Raúl Torti, a quien hoy le vencía el interinato.
Pero así como admite que no aplicó la ley, la Cámara se defiende y afirma que el sistema de suplencias que venía implementando respondía a “una antigua práctica aplicada desde el año 2007, que ha sido comunicada oportunamente y jamás cuestionada por la Corte Suprema de Justicia”. A la vez cita una acordada del alto tribunal, firmada ese mismo año, que habilitaba la posibilidad de que subrogaran jueces jubilados. Los supremos habían dejado trascender recientemente que, más allá de la preocupación porque cerca del 30 por ciento de los juzgados está vacante, el método de cambiar de juez todas las semanas utilizado por la Cámara Civil y Comercial les parecía cuestionable. Se mostraban dispuestos a analizar la denuncia del Gobierno sobre ese punto, pero no a meterse de lleno en la pelea en el Consejo de la Magistratura.
A Recondo le abrieron un expediente en la Comisión de Acusación y Disciplina, que anteayer los consejeros resolvieron extender a todos los miembros de la Cámara en lo Civil y Comercial por el método de subrogancias utilizado. En un máximo de veinte días tendrán que presentar sus explicaciones. La denuncia penal que hizo el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, también les apunta a los jueces, a quienes acusa de violar la ley al elegir los suplentes e impedir que se aplique plenamente la ley de medios. Pero también compromete a los consejeros de la Magistratura alineados con el radicalismo que dificultan la aprobación del concurso para cinco juzgados, entre los que está el del caso Clarín.
El Gobierno evaluó la decisión de ayer de la Cámara como un triunfo, producto de la artillería legal desplegada en los últimos días y el temor de ciertos camaristas a salir mal parados. La acordada no tiene la firma de Recondo, blanco de algunos pases de factura, quien desde el miércoles está en Mendoza por la Conferencia Nacional de Jueces. Tampoco tiene la de Francisco de las Carreras, Guillermo Antelo y Alfredo Gusman. Los que la suscriben son Farrel –jubilado–, Santiago Kiernan, Ricardo Guarinon, Graciela Medina y María Susana Najurieta. El juez Alfonso queda al frente del juzgado 1; Francisco de Asís Soto en el juzgado 4 y Alejandro Saint Genez, en el 7. Durarán en la función hasta que se cubran las vacantes, dice la resolución, que “deja sin efecto” todo el sistema previo.
Alfonso, un juez de 56 años designado el 9 de septiembre del año pasado, tendrá en sus manos el expediente sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde el 7 de diciembre caerá la medida cautelar que exime a Clarín de la aplicación del artículo 161 que lo obliga a desinvertir. Se trata de un juez de carrera, que fue secretario del juzgado civil y comercial que estaba a cargo de Luis María Márquez, ahora camarista en lo contencioso administrativo, ascendido con el kirchnerismo. Por el sistema rotatorio que reinaba hasta ahora, Alfonso tuvo alguna intervención en la causa que desvela al multimedio. En la Casa Rosada no descartan que la empresa intente recusarlo, incluso que use la posibilidad de recusarlo sin causa para tratar de forzar su apartamiento. Si quedara fuera de juego, el que le seguiría en la lista para asumir en su lugar es Torti, quien había sido recusado por el Gobierno, planteo que rechazó.
Con este escenario, el ministro Alak insistió en que “más allá de que la Cámara le acaba de dar la razón al Poder Ejecutivo, en tanto el mecanismo que venía utilizando era irregular, lo que debería suceder es que la oposición dejara de bloquear el concurso 258 del Consejo de la Magistratura y que se procediera finalmente a la designación de un juez natural de la Constitución”.
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