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La Procuración General tiene desde ayer una unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado que realizará un monitoreo de las causas en trámite, hará sus propias investigaciones preliminares y armará una base de datos para detectar patrones comunes que puedan llevar a dar con más jóvenes apropiados. A la vez se ocupará de garantizar que todos los fiscales apliquen un nuevo protocolo con medidas específicas ante la sospecha de que una persona pueda ser hija de desaparecidos. La procuradora Alejandra Gils Carbó designó como coordinadores del área al fiscal Martín Niklison, quien actuó en el juicio sobre robo de niños en la última dictadura, y a Pablo Parenti, segundo de la Unidad de Coordinación de causas de lesa humanidad. Ambos quedaron facultados, además, para intervenir como fiscales coadyuvantes en causas en trámites que requieran refuerzos para avanzar. La iniciativa responde en parte a un reclamo de Abuelas de Plaza de Mayo, a las propias conclusiones de los especialistas de la Procuración y a las obligaciones internacionales pendientes del Estado argentino.
La resolución de Gils Carbó que crea la nueva Unidad recuerda que si bien ya se registran 51 condenas por apropiación de niños y se ha restituido la identidad a 107 hijos de desaparecidos “aún restan ubicar cerca de 400 niños más que continúan siendo víctimas de estos crímenes aberrantes”, según la información aportada por Abuelas. Pero incluso la Unidad de Derechos Humanos, que integra Parenti –advierten los fundamentos–, “ha venido detectando serios obstáculos para el avance eficaz de esta clase de investigaciones” y “ha señalado la necesidad imperiosa de implementar medidas orientadas a elevar la eficiencia” de la intervención de los fiscales y “a acortar los plazos insumidos por la instrucción de algunos de estos procesos, que suelen prolongarse innecesariamente”.
Cerca de un mes atrás, la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, le acercó a Gils Carbó un relevamiento realizado por el organismo sobre causas tramitadas en los últimos cinco años y medio que revela que en 31 casos (de 41 analizados) se tardó en realizar un estudio de ADN un promedio de 21,2 meses. Los fiscales, según este estudio, intervinieron sólo 1,16 vez para pedir medidas de prueba. En los tres casos en que se descartó hacer la prueba genética, se tardó 13 meses en llegar a esa decisión. Las siete causas con resultados pendientes llevan 44,8 meses promedio de duración (ver recuadro).
Parenti explicó a Página/12 que “muchas veces la prueba genética se demora sin razón porque los investigadores no saben cómo implementarla, y porque es un paso traumático y tampoco se sabe como abordarlo con la posible víctima de la apropiación, entonces se dilata la concreción de la medida”. El nuevo protocolo de investigación, señaló, contempla estos y otros aspectos. Es obligatorio para los fiscales. Incluye reglas para proceder en la búsqueda de material genético de los posibles jóvenes apropiados (desde la toma de cabellos, cepillos de dientes, prendas, entre otros elementos) hasta la extracción de sangre. Como premisa, se los citará por personal especializado (de un equipo interdisciplinario) para intentar que aporten muestras de ADN de manera voluntaria. Los fiscales tendrán que estar presentes en “los momentos claves”, como los allanamientos en busca de las muestras biológicas, que a menudo fracasan o terminan en supuestos errores cuando sólo los realiza personal policial.
De acuerdo con el protocolo y con los ejes de trabajo de la nueva Unidad, los fiscales tendrán que encarar las investigaciones sobre posibles apropiaciones de hijos de desaparecidos teniendo en cuenta documentación clave: las inscripciones de los niños como hijos biológicos, muchas veces fraguadas, y los trámites de adopción y guarda, que suelen sumar a los expedientes la responsabilidad de los funcionarios judiciales que los tramitaron. Las inscripciones de chicos fuera de término, es decir, tiempo después de su nacimiento, ha servido de prueba en casos resueltos de restitución de identidad. “Muchas de estas pautas surgieron de lo que vimos en el juicio sobre apropiación de hijos de desaparecidos y muestran la necesidad de un trabajo de investigación específico, diferenciado de otros delitos de lesa humanidad”, dice Niklison.
Con todo este nuevo esquema, la Procuración intenta también cumplir con el acuerdo de solución amistosa que se firmó en 2009 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación con el caso de la apropiación de Evelyn Vázquez Ferrá, en el que el Estado argentino se comprometió a reorganizar la investigación sobre apropiación de niños en el terrorismo de Estado. Sólo cumplió con un aspecto, con la aprobación de la ley de ADN. La flamante Unidad recibirá denuncias y podrá coadyuvar en causas, pero además se plantea el objetivo de hacer investigaciones genéricas que permitan la recopilación de datos para derivar de allí casos dudosos.
“En nuestra experiencia veníamos viendo que hay una especificidad de estos casos que tanto fiscales como jueces desconocen, y esto ha hecho desperdiciar recursos”, ilustra Alan Iud, abogado de Abuelas. “Nos parece un muy buen punto de inicio la creación de la Unidad y el protocolo, aunque sabemos que siempre pueden aparecer fiscales y jueces que ofrezcan resistencia. Por eso es determinante la decisión política de la procuradora. Tal vez a futuro –sugirió– hay que pensar en una reforma legal o mecanismo que obligue a los jueces a delegar la instrucción en esta unidad.”
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