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El gobierno nacional presentó en la Justicia la denuncia contra el juez Francisco de las Carreras, el integrante de la Cámara Civil y Comercial Federal que viajó a un congreso en Miami invitado por una ONG vinculada con el Grupo Clarín, mientras decidía en la causa iniciada por ese multimedio sobre la constitucionalidad de la cláusula de la ley de medios que lo obliga a desinvertir. La denuncia penal por el presunto delito de recepción de dádivas fue presentada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Tras el sorteo, el caso quedó a cargo del juez federal Sebastián Cassanello.
De las Carreras integra la Sala I de la Cámara y hace dos semanas se había declarado competente para dictaminar sobre una nueva medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín para extender la suspensión de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual más allá del 7 de diciembre próximo.
Sin embargo, al trascender públicamente que había viajado quince días a Miami y que se había hospedado en un hotel cinco estrellas con los gastos de tickets aéreos y hotelería pagados por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Certal), el gobierno nacional decidió recusarlo por haber recibido dádivas de una de las partes.
La ONG tiene en su consejo directivo al gerente de asuntos regulatorios del Grupo Clarín, Hernán Verdaguer. En un comunicado de prensa, la organización admitió que se financia con los aportes de “más de 50 empresas vinculadas con la industria de la comunicación”, muchas de ellas pertenecientes al Grupo Clarín. En el caso puntual del evento que se realizó en Miami en mayo pasado, fue auspiciado entre otras empresas por Cablevisión, del Grupo Clarín, y por Capsa, cuyo principal directivo es Pablo Casey, sobrino de Héctor Magnetto, CEO del grupo.
Del evento en Miami habrían participado al menos cinco integrantes del tribunal, incluido el vicepresidente Ricardo Recondo, que también es miembro del Consejo de la Magistratura y que podría quedar como titular de la Cámara tras las renuncia de su par Martín Farrell. Pero se encuentra también bajo la lupa, ya que su hija Ana Inés es la coordinadora general de Certal para la Argentina.
La presentación de la denuncia penal contra De las Carreras había sido anticipada el viernes por el ministro de Justicia, Julio Alak, que consideró que De las Carreras “se encuentra en una posición muy delicada, porque existen elementos suficientes para impulsar la investigación penal” en su contra.
“Es inadmisible que un juez de la Nación acceda a participar de actividades organizadas, promovidas y financiadas por un grupo económico que es parte en un expediente judicial en el que está interviniendo”, completó Alak.
Fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py señalaron que el juez le enviará la denuncia penal al fiscal Eduardo Taiano –que reemplaza al titular, Miguel Angel Osorio, de licencia– para que dictamine si impulsa la investigación. El delito de dádivas está penado con entre 4 y 12 años de prisión.
De las Carreras ya falló a favor de Clarín en la demanda que interpuso el grupo por la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de medios. En su defensa, la semana pasada el camarista negó que su viaje y su estadía en Miami hayan sido pagados por Clarín, pero admitió que parte de los gastos corrieron por cuenta de Certal.
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