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Con el represor Luciano Benjamín Menéndez y otros 43 imputados en el banquillo de los acusados, la Justicia de Tucumán verá reconstruir delante de sí a partir de hoy y “por primera vez el sistema de terror, represivo y desaparecedor que funcionó en la provincia con todos sus actores y partes”, según definió el fiscal Pablo Camuña, que participará del megajuicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Jefatura de la Policía y en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, dos de los principales centros clandestinos de detención que funcionaron en Tucumán durante la última dictadura. El juicio, que repasa 235 hechos, entre desapariciones, torturas, secuestros y delitos sexuales perpetrados entre 1976 y 1982, contará con cerca de 400 testigos.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán, integrado por Gabriel Casas, Juan Carlos Reynaga y Carlos Jiménez Montilla, estableció que el juicio comience hoy a las 9. Menéndez fue autorizado a participar del debate por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos peritos aconsejaron que las audiencias no sean extensas –las jornadas contarán con interrupciones cada dos horas–. Sin embargo, si bien Menéndez estará presente esta mañana, su permanencia no está asegurada en la totalidad de los encuentros, ya que el represor está siendo juzgado en La Rioja –el juicio terminará el 7 del mes próximo– y las audiencias de los debates se superponen.
Otro imputado cuya ausencia ponía en duda el inicio del juicio es el escribano Juan Carlos Benedicto, quien a fines de la semana pasada fue sometido a una operación de vesícula. Benedicto, un civil que estuvo prófugo durante mucho tiempo y fue detenido no hace tanto, finalmente fue dado de alta el sábado por la tarde y habilitado para asistir a la apertura del debate en el que la Justicia analizará su participación en violaciones a los derechos humanos. Del resto de la cuarentena de imputados, poco menos de una decena presenciará las jornadas desde el hospital del penal de Ezeiza, vía teleconferencia.
Los represores fueron acusados por la comisión de violaciones de domicilio, privaciones de libertad, torturas, delitos sexuales, homicidios y desapariciones. Estos delitos se habrían cometido entre 1976 y 1982, en perjuicio de 235 víctimas que habrían sido vistas o se supo que estuvieron en los centros clandestinos que funcionaron en la Jefatura de Policía y el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Los delitos cometidos en uno u otro centro fueron investigados en instrucción por separado, y unificados en la etapa oral.
“Es la primera vez que está todo el sistema represivo de Tucumán en un solo proceso. Hasta el momento, se venían analizando en casos más pequeños, partes. Ahora, por primera vez se verá al sistema de terror, represivo y desaparecedor que funcionó en la provincia con todos sus actores”, definió Camuña, representante del Ministerio Público Fiscal, que compartirá la parte acusatoria con ocho querellas particulares.
La unificación de las causas fue pedida por una de las querellas, representada por la abogada Laura Figueroa, quien destacó que “algunos familiares de las víctimas tienen ya más de 80 años y es imperiosa la necesidad de agilizar los tiempos procesales”. Al aceptar el pedido, el Tribunal consideró que esa medida “permitirá compatibilizar de la mejor manera el posible interés de todos los imputados en una pronta definición de sus respectivas situaciones procesales, en dos causas que por sus características reúnen las condiciones de megacausas”.
Camuña sumó al análisis que, en definitiva, “estamos hablando del mismo sistema represivo. Hay una relación muy estrecha entre los centros clandestinos de detención”. A fines del año pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense encontró restos humanos enterrados en el Arsenal Miguel de Azcuénaga y se pudo identificar a trece personas que estaban desaparecidas.
Además de permitir comprobar que las víctimas habían sido torturadas, asesinadas y enterradas en una fosa común, el hallazgo también ayudó a atar cabos entre ambos centros. “Una de las personas identificadas figuraba en nuestros registros como víctima de Jefatura. No teníamos registro de que había sido trasladada a Arsenal. Eso nos confirma cómo era el sistema: en Jefatura se decidían las muertes, se trasladaban a las víctimas a Arsenal y allí se definía cómo se las hacía desaparecer”, comentó el fiscal. El Arsenal Miguel de Azcuénaga y la Jefatura de Policía fueron los dos centros clandestinos de detención más sangrientos que funcionaron en la provincia.
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