El país|Viernes, 30 de mayo de 2003

Por Santiago Rodríguez

El ex juez Eduardo Luis Duhalde aún no asumió formalmente su cargo, pero desde hace ya unos días viene trabajando al frente de la Secretaría de Derechos Humanos. “Las instrucciones del presidente Néstor Kirchner son potenciar la política de Estado de derechos humanos”, explicó a Página/12, y precisó cuáles serán los ejes de su gestión. Duhalde ratificó su posición a favor de la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y consideró que los represores de la dictadura pueden ser extraditados si así lo solicitan tribunales de otros países, porque “hay una justicia universal competente” para juzgarlos. De todos modos, aclaró que en ambos temas la última palabra le pertenece a Kirchner.
–¿Qué hay por hacer en la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Cuáles son las cuestiones pendientes en el área?
–Muchas cosas, porque la secretaría fue en varias ocasiones postergada y se le fue restando presupuesto, aun en relación con otras áreas del Ministerio de Justicia, sobre todo durante la época de la Alianza. Las instrucciones del presidente Kirchner y del ministro (Gustavo) Beliz son potenciar la política de Estado de derechos humanos. Esto va a requerir que se hagan cambios en la estructura y también definir una verdadera política de Estado en la materia.
–¿Cuáles son los ejes de la política de Estado que debe fijarse en materia de derechos humanos?
–Uno de los ejes, en el marco del análisis que realizamos con el ministro Beliz, es la prevención de la violación de los derechos humanos. Otro tiene que ver con todo lo que hace a la protección frente a las violaciones buscando los efectos reparatorios; es decir, el cese de las violaciones y al mismo tiempo brindar, donde caben, las reparaciones morales y materiales. Otro aspecto es la atención a las víctimas y los familiares de la violencia delictiva y de los abusos de los agentes públicos. Sigue siendo también una tarea de esta secretaría todo lo que hace a las secuelas del terrorismo de Estado y, en particular por la vigencia que tiene hoy, la Comisión Nacional de Recuperación de la Identidad.
–Las Abuelas de Plaza de Mayo siempre dicen que es necesario darle una mayor jerarquía. ¿Coincide con esa demanda?
–Sí y estuvimos hablando con Estela Carlotto. Allí sí vamos a poner todo el esfuerzo en consonancia con la tarea de la comisión y el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo. Volviendo a lo anterior, esta secretaría no debe quedar circunscripta tampoco a la violación de las garantías individuales en lo civil y en lo político sino también en lo que hace a los derechos económicos, sociales y culturales, que son una de las grandes columnas de los derechos humanos. En ese sentido hay mucho por hacer y una de las tareas es servir de sustento al trabajo de otras áreas ministeriales en tanto los derechos humanos comprenden todo lo que es un ciudadano. Entonces, la idea es estar a disposición, vinculando proyectos de distintas áreas del Estado. Por último, y ésta sí es una prioridad, aparece todo lo que hace a la formación, educación y difusión de los derechos humanos.
–¿Qué opina de la posible declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida?
–No podría darle una opinión porque con esta Corte nunca se sabe. En los últimos tiempos, la Corte no ha transmitido seguridad jurídica. La seguridad jurídica proviene de la previsibilidad de las acciones jurídicas y esta Corte ha sido errática, arbitraria y hasta ha sido acusada de cometer maniobras extorsivas.
–¿Qué posición tiene en lo personal frente a ese tema?
–Le respondo no ya como funcionario, porque yo me pronuncié hace años en el sentido de que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida son absolutamente inconstitucionales. En el mismo sentido se manifestó también el presidente Kirchner.
–Teniendo en cuenta su opinión y la posición que usted destaca que fijó Kirchner, si la Corte no declara la inconstitucionalidad de las leyes, ¿el Gobierno impulsará la anulación en el Congreso?
–En ese caso, la política la fijará oportunamente el presidente Kirchner y el ministro Beliz. Yo daré mi opinión en el caso de ser consultado y seré coherente con lo que he venido sosteniendo a lo largo de los años.
–¿Cuál será su posición frente a eventuales nuevos pedidos de extradición de los represores?
–En ese punto debo recordarle que, siendo juez de la Nación, yo fui testigo en el juicio que se sigue en Roma, en el que está involucrado Guillermo Suárez Mason. Desde mi perspectiva hay una justicia universal competente, pero reitero lo mismo que en el caso anterior: la política del Estado en este sentido la fijarán los órganos competentes y, si soy consultado, también en este punto expresaré la opinión que tengo desde hace tiempo y que quedó evidenciada en ese juicio en Italia.
–Usted señaló que la Secretaría de Derechos Humanos fue muchas veces postergada, incluso en términos presupuestarios. ¿No teme que suceda lo mismo en esta ocasión?
–Desde el momento en que el presidente Kirchner planteó que una de sus prioridades será la política en materia de derechos humanos, implica que debe existir una estructura idónea para desarrollar esa política. Estoy convencido de que dentro de las limitaciones que la situación presupuestaria hoy crea, el Gobierno va a poner todo el esfuerzo para potenciar la secretaría.

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