Página/12 :: El país :: Con un ojo puesto en cada comisaría

El Gobierno anunciará entre hoy y mañana quién será el nuevo jefe de la Policía Federal y el pase a retiro de unos diez comisarios de primera línea. El nuevo jefe casi seguro será un integrante de la máxima jerarquía, o sea un comisario general, pero la segunda línea –los comisarios mayores– pasarán a tener un papel relevante. Sin embargo, mucho más importante que eso es que el presidente Néstor Kirchner y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, avanzarán sobre un plan de control total de la Federal: ningún comisario podrá ser designado en una comisaría de barrio si no es con el visto bueno del Ejecutivo.
Cada zona trabajará sobre la base de lo que se llama un mapa del delito, lo que permite detectar en qué lugares precisos se produce, por ejemplo, una cantidad inusual de robos o secuestros. Al comisario de esa zona –así como a todos los demás– se le hará un control mensual de resultados. Los que no cumplan los objetivos serán pasados a retiro.
Una de las grandes estrategias se pondrá en marcha hoy mismo con una reunión entre Beliz y el ministro de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero: habrá una íntima coordinación entre la Federal y la Bonaerense e incluso se baraja la idea de que, por primera vez en la historia, se unifique la formación de los policías de una y otra fuerza.
Kirchner y Beliz también dispondrán que exista una fuerte división de Asuntos Internos de la Federal. En su opinión, así se asegura la transparencia. Habrá menos operativos de la Gendarmería en el conurbano, ya que la prioridad de esa fuerza será combatir el contrabando y se producirán profundos cambios en las superintendencias –Investigaciones, Metropolitana, Científica, Interior– para hacerlas más efectivas.
El ministro Beliz está trabajando, junto al secretario de Seguridad, Norberto Quantin, en un vasto plan que va más allá de los nombres. La designación del nuevo jefe correrá por cuenta del Presidente, aunque con la frase “los cambios serán profundos” ya queda en claro que el actual jefe, Roberto Giacomino, pasará a retiro. Su segundo, Julio Peremateu, ya había pedido el pase a retiro ni bien asumió el santacruceño.
En total hay doce comisarios generales, que es la máxima jerarquía de la Federal, y según dicen en fuentes del Gobierno será el primer mandatario quien resuelva quiénes se quedan y quienes se van. Lo más probable es que la mayoría sea pasada a retiro, pero que igual el nuevo jefe sea un comisario general. Kirchner decidirá hoy.
Los comisarios mayores son la segunda línea de mando. Se trata de un grupo de más de 20 oficiales. El peso de la conducción recaerá en esa segunda línea, integrada por comisarios que tienen, por lo general, alrededor de 50 años. O sea que el modelo que se sigue es el que se aplicó en las Fuerzas Armadas: gente más bien nueva y de confianza.
Sin embargo, en la Casa Rosada se dice que el cambio más fuerte no será de nombres sino control del Ejecutivo sobre la fuerza. Es una decisión tomada que cualquier cambio de un comisario de barrio, o sea del oficial a cargo de una comisaría, requerirá de la aprobación del ministro Beliz.
Hasta ahora la fuerza resolvía esos cambios por sí misma. Ahora se estudiará muy detenidamente si el nuevo oficial que se haga cargo de una comisaría es apto o no para responder a las necesidades de un vecindario. Por ejemplo, en estos días se resolvió cambiar al titular de la comisaría 51, la que corresponde al barrio donde está la cancha de River. “Eso no ocurrirá más sin la opinión del Gobierno”, dijo a Página/12 un alto funcionario del Ejecutivo. “Hay vecinos que están a favor del cambio y otros que no. Por lo tanto, antes de producir una modificación escucharemos lo que dice la gente y recién después aceptaremos o no la propuesta de cambio que se haga.” Una de las transformaciones monumentales que se van a producir es la utilización de los “mapas de delito”. Significa que todos los días se ingresa a un centro de datos un detallado informe sobre cada delito que se comete: robo de autos, de viviendas, en la vía pública, secuestros, homicidios y cada hecho que se registre. No sólo se ingresa el delito sino también las características: exactamente dónde se produjo, el horario, si el o los ladrones eran gente joven, qué tipo de armas se usaron, cuál fue la metodología de un secuestro, en qué tipo de vehículo huyeron los delincuentes y cada detalle que sirva para componer ese mapa del delito.
En la mañana siguiente ya se puede hacer un análisis de los lugares donde hay una cantidad inusual de delitos. Será posible determinar si existe una banda que actúa en forma reiterada, si utilizan la misma metodología una y otra vez y si en la huida van a tal barrio o a tal otro. Por supuesto, si en una determinada parte de la ciudad hubiera robos de autos en forma sistemática, surgiría la sospecha de que existe una zona liberada, o sea delincuentes actuando en complicidad con policías. También permitiría determinar dónde se están concentrando las bandas y qué medidas de seguridad se pueden implementar. Muchos dicen que los mapas de delito nunca se pudieron imponer en el país porque ponen de relieve muchos de los “negocios” de los jefes policiales, pero ahora no sólo se van a establecer sino que se va a evaluar a cada comisario de acuerdo a los resultados que se verifiquen.
En base a los mapas de delito, la idea del Ejecutivo es que se hagan operativos sorpresa, de envergadura, para contrarrestar la acción de las bandas en una determinada zona. Paralelamente, está también el proyecto de ir sacando del conurbano a la Gendarmería, que tiene muchos efectivos asignados allí, y concentrar esa fuerza en algo que el Gobierno considera prioritario: la lucha contra el contrabando. Ese delito, según la Casa Rosada, tiene un impacto sideral en la economía.
Otra de las claves de la reforma en materia de seguridad será un acercamiento entre dos fuerzas que son tradicionalmente rivales: la Federal y la Bonaerense. Hoy mismo, Beliz y Cafiero darán el puntapié inicial y es intención del Ejecutivo superar los recelos que mantenían Cafiero y Juan José Alvarez, el ministro de Justicia de Duhalde. La intención oficial es poner en marcha no sólo un plan de reuniones conjuntas de los jefes de las fuerzas. El Gobierno incluso piensa en unificar algunos aspectos de la formación de los efectivos de la Bonaerense y la Federal. Hasta el momento, más de una vez una fuerza le arruinó operaciones a la otra e incluso hubo casos en que policías de una fuerza le advertían a los delincuentes que los iban a detener. Así buscaban impedir que la otra fuerza consiguiera un éxito.
En cuanto a las superintendencias, algunas tienen una gran envergadura. Metropolitana, por ejemplo, maneja todas las comisarías de la Capital, e Interior se ocupa de la gran cantidad de delegaciones que la Federal tiene en todo el país. El Ejecutivo prepara cambios y allí los comisarios mayores tendrán gran protagonismo. La Casa Rosada y el Ministerio de Justicia también tienen la decisión tomada de darle gran relevancia a la División Asuntos Internos, o sea la dependencia que vigila la actuación de los propios policías y que supuestamente se ocupa de darle transparencia a la Federal. Todo indica que allí también habrá cambios de fondo.

EL GOBIERNO QUIERE DETENTAR EL CONTROL ABSOLUTO SOBRE LA POLICIA FEDERAL

Con un ojo puesto en cada comisaría

Página/12 pudo saber que el Presidente y el ministro de Justicia se proponen intervenir incluso en la designación de los jefes de comisaría, en lugar de mantener la costumbre de dejarle el área a la conducción de la Policía Federal. Diez miembros de la primera línea pasarían a retiro.