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“La división de poderes y la libertad de prensa son esenciales para la democracia”, enunció el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre el pronunciamiento de jueces y fiscales. Sus legisladores, por lo pronto, no parecen estar siguiendo esa línea. Según advirtió el legislador del Partido Socialista Auténtico Jorge Selser, el proyecto de traspaso del subte que presentó el PRO es “el sueño del per saltum propio”. Establece que todas las cuestiones referidas a la concesión serán dirimidas en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, salteando la primera instancia. Otro proyecto macrista intenta disminuir la cantidad de votos necesarios en el Consejo de la Magistratura porteño para iniciar la acusación a un juez. Diversas entidades que agrupan jueces porteños se mostraron preocupadas por esta última iniciativa y enviaron notas a la Legislatura.
Con cierta pompa, Mauricio Macri y sus funcionarios respaldaron las denuncias de presiones al Poder Judicial. En la Ciudad, en cambio, avanzan sotto voce diversos proyectos que son interpretados por los magistrados como un intento de socavar la independencia de la Justicia.
El primero es el inciso del proyecto que redactó el legislador Martín Ocampo, que establece un per saltum automático para el subte. El abogado favorito de Daniel “Tano” Angelici estableció que irá directo a la Cámara “toda pretensión y acción respecto de la acción e interpretación que realice la autoridad de aplicación acerca de los contratos de operación, mantenimiento o concesión del subte, así como cualquier otra medida que adopte”. El proyecto macrista, además, establece un plazo de treinta días para presentarse ante la Justicia.
“No se trata sólo de ‘cuestiones de gravedad institucional’, como en el caso del proyecto de per saltum impulsado por el Ejecutivo Nacional, sino lisa y llanamente de todas y absolutamente todas las cuestiones que puedan presentarse respecto de la concesión del subterráneo”, advirtió Selser. “Con las presiones a la Justicia, el macrismo ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio”, señaló. “Queda claro que el PRO quiere sacar del medio de las cuestiones relacionadas con el subte a una serie de jueces y juezas de primera instancia del fuero contencioso administrativo que han demostrado independencia sobre los gobiernos de turno”, advirtió.
No es la primera vez que el macrismo recurre al per saltum. Hace algunos años, Macri logró saltearse las diversas instancias para ir directo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño cuando una serie de fallos judiciales bloquearon a su candidata a ocupar una banca en ese tribunal (el equivalente de la Corte Suprema en la Ciudad). Se trataba de Daniela Bruna Ugolini, una fiscal que casi la totalidad de las veces dictaminaba en favor del gobierno porteño. Todo un ejemplo de independencia.
Selser advirtió que hay un segundo proyecto, del que es autor el legislador y ex subsecretario de Justicia porteño Daniel Presti. En él, busca disminuir las mayorías necesarias para poder acusar a un magistrado y llevarlo así al juicio político. Actualmente, es necesaria una mayoría calificada de dos tercios de los miembros del Consejo de la Magistratura. En el proyecto de Presti, pasa a ser mayoría simple: cinco votos.
“Incluso cuando se modificó la ley de Consejo de la Magistratura a nivel nacional se mantuvo en dos tercios los votos necesarios para iniciarle el juicio político a un juez, este es el número que actualmente contempla la ley 31 del Consejo de la Magistratura de la Ciudad –alertó Selser–. El PRO intenta llevar esa mayoría calificada a una de simple mayoría del total, número que le sería más fácil alcanzar incluso circunstancialmente.” “Es claro que el único propósito de esta modificación es tener disciplinados a los jueces y juezas de la ciudad, un verdadero ataque a la independencia de la Justicia”, concluyó.
La Asociación de Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires y el Colegio de Magistrados porteños advirtieron en una carta enviada a la Legislatura que, antes de que se apruebe una norma así, debería “realizar un estudio reposado, serio y profundo en torno de la reforma de la ley, dando a todos los involucrados la oportunidad de dar su opinión sobre un tema que hace a la esencia del funcionamiento del sistema republicano.” La Federación Argentina de la Magistratura y Función Judicial (FAM) enmarcó ese reclamo en el comunicado que envió la Corte Suprema sobre la independencia de la Justicia.
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