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En medio de la discusión sobre la independencia de los jueces y su carácter corporativo, una importante decisión (no ajena a esa polémica) adoptada por la Cámara de Casación Penal logró pasar inadvertida. El martes último todos sus integrantes, menos uno, decidieron respaldar la permanencia de Luis Cabral como subrogante en ese tribunal. Cabral pertenece a un tribunal oral, pero no es un camarista más ya que el 29 de noviembre fue reelecto presidente de la Asociación de Magistrados, la entidad que aglutina históricamente a la familia judicial, y una de las que alimentaron el comunicado que la semana pasada denunció “presiones” del Poder Ejecutivo y amenazas a la “estabilidad” de los magistrados en el contexto del caso Clarín, y un rato antes de que la Cámara en lo Civil y Comercial ampliara la medida cautelar a su favor.
La suplencia de Cabral en Casación comenzó en septiembre del año pasado, cuando lo llevó uno de los casadores más antiguos, Raúl Madueño. Pero según denunciaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Fiscal Jorge Auat, su desembarco violó dos reglas básicas: los cargos vacantes en Casación se cubren transitoriamente con alguno de sus miembros; si por alguna razón hiciera falta nombrar a alguien de afuera, se debe hacer un sorteo entre todos los jueces de tribunales orales y cámaras del país. Cabral tuvo el respaldo de sus colegas y de sí mismo en una resolución que no explica por qué no se procedió como dice la ley de subrogancias. Ese mismo día, una solicitada de jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales cuestionaba el comunicado de las “presiones” y abría un importante debate al decir que deberían soportar el escrutinio democrático de la ciudadanía, y que la independencia no sólo se define en relación con el poder político, sino con otros poderes como el económico, el de los jueces superiores y el de las propias asociaciones.
En la comunidad judicial hay quienes dicen que Cabral tiene un poder real propio, que excede su papel en la Asociación de Magistrados. Que goza de un acompañamiento del poder político y de otros subterráneos, como el económico. Tiene, aunque sea paradójico, una buena relación con el Gobierno. Pero no deja de ser un dato llamativo que justo el titular de la Asociación más tradicionalista de los jueces, sea protagonista de una movida para su permanencia en el tribunal penal más alto del país, con un mecanismo que ignoró los pasos establecidos por la ley de subrogancias. También es muy comentada una interna en la lista oficialista de la entidad de los magistrados, la Bordó, entre los aliados de Cabral y los radicales que rodean al camarista Ricardo Recondo, quien lo antecedió en la presidencia. Como sea, a la hora de sacar comunicados y de mandar notas en defensa de sus intereses, la Asociación es una sola. Fue la primera en patalear ante la Corte Suprema, a raíz de las recusaciones por posible imparcialidad y denuncias penales del Gobierno contra los integrantes de la Cámara en lo Civil y Comercial –Recondo entre ellos– en el contexto del caso Clarín.
El aval a Cabral en la Cámara de Casación fue de nueve votos contra uno, pese a que algunos camaristas en los días previos deslizaban que votarían contra su líder gremial. Cuando habilitaron su ingreso el año pasado alegaron que el tribunal estaba en una situación de emergencia, con casi la mitad de los cargos vacantes. A los pocos días, cuatro de ellos se cubrieron con una camada nueva de jueces fijos. Aun así, la resolución de respaldo de la semana pasada afirma sin explicaciones que la emergencia continúa. Y trata a Auat y al CELS como “impugnantes” (aunque son denunciantes), para decir que sus planteos son “extemporáneos”, que no cuestionan la validez de los fallos de Cabral ni su idoneidad. Al final, establece que se tiene que quedar hasta el 30 de junio del año que viene. El único disidente fue Alejandro Slokar.
Casualmente, los nombramientos a dedo (con sorteos manuales con dos papelitos) de jueces subrogantes para la causa de la ley de medios en el fuero Civil y Comercial, motivaron algunas de las denuncias del Gobierno que dispararon la confrontación con el Poder Judicial. Recondo fue señalado por los sorteos truchos, junto con su colega jubilado Martín Farrel. El otro eje de las denuncias fue el viaje de cinco camaristas a Miami, a una conferencia sobre libertad de expresión convocada por la organización Certal y auspiciada entre otros por Cablevisión. Jefatura de Gabinete denunció que Certal está integrada por directivos de Clarín, y que el multimedio pagó invitaciones a jueces, que así serían imparciales al fallar. Más allá de su veracidad, al Gobierno esas presentaciones le sirvieron para tratar de acercarse sin sobresaltos judiciales al 7D, cuando vencía la medida cautelar que beneficiaba a Clarín.
Frente a este cuadro, que incluyó una recusación en masa, la Asociación de Magistrados ayudó a instalar la idea de las “presiones políticas” que perturban a los jueces. Pidió la intervención de la Comisión de Protección de la Independencia Judicial (que encabezan Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay), que emitió un estruendoso comunicado (junto con esa y otras asociaciones). Fue casi un anuncio y un respaldo a la resolución que apenas un rato después le concedería al Grupo Clarín la extensión de la medida cautelar, con la firma de uno de los jueces cuestionados por el viaje a Miami, Francisco de las Carreras. El documento parangonaba los planteos judiciales del ejecutivo con “presiones”, los describía como una “agresión institucional” y una perturbación a la independencia, advertía sobre posibles reformas que afectarían la estabilidad de los jueces, pedían “mesura” a los medios y espacios en ellos para el Poder Judicial.
El juez supremo Raúl Zaffaroni salió a decir que no hay tales presiones y que en Argentina no se destituye a jueces alegremente sin motivos. Zaffaroni describió, en un trabajo publicado a comienzos de los noventa acerca de “La independencia del poder judicial en su marco histórico”, el proceso de gestación de poder en el Poder Judicial argentino. Allí decía que a fines del siglo XIX, los jueces, provenientes de la oligarquía dominante estaban comprometidos con el proyecto económico de país agroexportador por la simple razón de que las familias a las que pertenecían eran sus beneficiarias. Había una armonía entre las políticas públicas y las familias patricias que ocupaban cargos en la Justicia. Cuando la Argentina deja de ser el granero del mundo, los estratos medios de la sociedad empiezan a acceder a los cargos de jueces. Aunque el proceso de cambio comenzó antes, es a partir de 1930, cuando la Corte Suprema legitima al gobierno de facto, que el objetivo de los jueces empieza ser la conservación del cargo. El ideal de juez deja de ser aquel comprometido con un proyecto político-económico y pasa a ser apolítico, burocrático, busca dar una imagen aséptica, prescindente, de quien aplica la ley de manera mecánica. La falta de compromiso es fuente de elogios. El Poder Judicial pasa a estar compuesto por personas provenientes de sectores medios que se concentran en defender intereses corporativos frente a la amenaza a su estabilidad, aparentando ser imperturbables sin representar un peligro frente a los cambios políticos. Se valora la permanencia, la portación de apellido, se nombra a los hijos de a modo de intercambio de favores, así se forma la familia judicial. Eso es lo que se considera “carrera judicial”. Y con ella se cuidan los privilegios de pertenencia, desde la inamovilidad constitucional hasta la eximición del pago de Impuesto a las Ganancias.
En medio de esa construcción corporativa, en 1928 surgió la Asociación de Magistrados en la década del ’20, aunque primero se llamó “... de funcionarios judiciales”, luego destronados por los jueces. Históricamente estuvo dominada por el ala más tradicionalista y verticalista de la Justicia. Antes del desembarco de Cabral, el radical Recondo tenía un gran poderío. Cabral viene de la izquierda nacional de Jorge Abelardo Ramos y apoyó al peronismo. Es un personaje querido en tribunales, conocido como buscador de acuerdos.
Aquel modelo de juez apolítico en general perduró, con algunos matices según los gobiernos. En estos tiempos lo que está quedando en evidencia tal vez es que el proyecto de país del kirchnerismo no es del agrado de una buena parte del Poder Judicial. Aunque hay sectores conservadores que insisten en la imagen neutral, deja en evidencia que su poder de decisión sobre grandes asuntos y sobre el control de la constitucionalidad puede transformarse en una forma de obstrucción a políticas públicas. Un ejemplo está en el periplo judicial de la ley de medios.
Aunque ése sigue siendo el paradigma reinante, dentro de la propia estructura surgen voces que lo ponen discusión. Muestra de eso fue la solicitada contra el comunicado de la Comisión de Independencia por las “presiones”, en la que jueces de un nutrido grupo de integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público dijo abiertamente no comulgar ni sentirse representado por aquella denuncia. Ellos dicen que la independencia judicial no sólo se debe pensar en relación con el poder político, sino al de las corporaciones económicas, de los medios, de los tribunales superiores y al de las propias asociaciones de jueces. Hay quienes agregan la presión personal de cada juez, la de sus propios prejuicios. El mensaje es que los jueces deben tolerar la crítica, que las recusaciones son herramientas legales y que no se puede hablar del peligro a la estabilidad de cualquier modo.
Frente a la solicitada anticorporativa y el llamado de la Presidenta a “democratizar la Justicia”, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, dejó un mensaje grabado (porque estaba de viaje) que se proyectó el jueves último en la Asociación de Magistrados –donde llamativamente estaban invitados empresarios y miembros de Certal–, en el que llamó a Sus Señorías a la unidad, marcó territorio diciendo “no somos una corporación sino un poder del Estado”, que no defiende “intereses personales” sino de los demás. Habló como autoridad de todos los jueces, con el sello de la tradición vertical, dándoles tranquilidad a quienes parece preocupados por permanecer donde están. También dijo lo suyo Cabral, que pidió que se respeten los fallos. Frente a los cuestionamientos, incluso internos, procuraron quedarse con la última palabra. Quizá con esta fórmula de la permanencia es que la familia judicial ha logrado incluso hacer ceder a la dirigencia política cada vez que se intentó algún proyecto democratizador, desde lograr que paguen Ganancias o la reforma procesal, hasta el planteo de revalidar los cargos o el juicio por jurados. Por ahora ninguno prosperó.
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