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El fiscal federal Carlos Alfredo Brito de Tucumán pidió la elevación a juicio oral de la causa por los crímenes cometidos en el penal de Villa Urquiza durante el Operativo Independencia y los años de la dictadura. Entre los 12 acusados está el jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Las víctimas son 43, la mayoría de las cuales es sobreviviente y está en condiciones de declarar durante el juicio. Entre ellas hay un grupo de mujeres que fue alojado en un pabellón habilitado especialmente, por donde pasaron además nueve de sus hijos. La causa tiene varias características. Por un lado, los pabellones destinados a los presos políticos son definidos como “centros clandestinos de detención”. Por otro, el lugar alojó a quienes hasta el día del golpe habían sido funcionarios de las primeras y segundas líneas de la provincia. Y, además, el grupo de mujeres sobrevivientes reunió pruebas para acusar a los imputados por delitos de violencia sexual, como “reducción a la esclavitud sexual” y “trata de mujeres”.
“En el año ’76 nos habilitaron un pabellón especial, estuvimos 29 mujeres con nueve niños, de los cuales algunos nacieron ahí”, recuerda ahora Lilian Reynaga de la Asociación de ex presos políticos. “Dentro de la cárcel nació uno y por falta de atención médica las compañeras que estaban en ese momento tuvieron que hacer de parteras. Otras dos compañeras que entraron embarazadas fueron sacadas a la maternidad porque dieron a luz. Y una tercera compañera, en el ‘traslado’ que se dio el 8 de octubre de 1976 a la cárcel de Villa Devoto, va con un embarazo de seis meses que es precipitado por las condiciones del viaje que tuvimos”.
Las pruebas recogidas durante la investigación, sobre todo los testimonios de los sobrevivientes, hacen que el penal sea pensado en esta causa con la lógica de un centro clandestino de detención.
“Desde el año ’75 estaban el Pabellón 1 y el 2 destinados a los varones, en los que había entre 100 y 120 compañeros y por las condiciones que teníamos ahí, lamentablemente, entre mayo y julio de ese año, hubo dos muertos”, dice Lilian. “En el Pabellón 2, al que le decían el Pabellón de la Muerte, matan a los dos compañeros: (José Cayetano) Torrente y (Juan Carlos) Suter, uno es degollado y al otro le abrieron el vientre. Lo que queremos noso-tros es que estas dos muertes y tantas otras situaciones de extrema violencia que vivimos ahí no queden impunes. Por eso, nos propusimos que esto sea elevado a juicio: que sea una causa en la que se investigue y no quede nadie impune”.
Los pabellones que alojaron a los presos políticos aparecen en la causa definidos como “centro clandestino de detención”. Eso es así aunque una parte de los detenidos estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y, así, supuestamente legalizados. O tenían sus nombres registrados en los libros del penal. A la luz de la elevación, son el tipo y modo de detención, las condiciones, los de-saparecidos, pero sobre todo la ilegalidad de las supuestas condiciones de legalidad, lo que lo ubican bajo esa categoría.
“En el caso particular de Tucumán –dice el escrito–, tanto durante el desarrollo del Operativo Independencia como, con posterioridad, durante la vigencia del gobierno de facto, se adoptaron medidas que repercutieron directamente en el funcionamiento del penal de Villa Urquiza, mediante el recrudecimiento de las condiciones generales de detención. Incluso se habilitó en el penal un lugar de detención destinado a recluir hombres y mujeres calificados como ‘presos políticos’ y/o ‘delincuentes subversivos’, quienes estaban sujetos a un régimen de excepcionalidad que implicaba la suspensión absoluta de sus garantías procesales y penales, y la comisión de delitos en su perjuicio”.
En ese mismo sentido se manifestaron las querellas que representan a las víctimas. “Noso-tros lo tomamos como centro clandestino y como parte del circuito represivo”, dice la abogada Julia Vitar. “Primero porque hubo desaparecidos que fueron vistos ahí; luego, por las condiciones de detención y tercero, porque las condiciones de detención incluso para los que estaban bajo la órbita del PEN eran de absoluta ilegalidad. Desde nuestra perspectiva, así como las causas penales eran ilegales, quedar a disposición del PEN era ilegal porque no había posibilidad de defenderse, ahí es donde es importante ver la responsabilidad de los funcionarios judiciales: pensar que el sistema era una maquinaria que estaba preparada para este tipo de servicio”.
A partir del 24 de marzo de 1976, dice el escrito, “se constató un régimen carcelario de extrema severidad caracterizado por un total desprecio por la vida humana de los internos, adoptándose medios sistemáticos de apremios ilegales y continuos malos tratos, alimentación insuficiente, falta de atención médica y psiquiátrica y falta de suministro de remedios”. Los presos calificados como “subversivos” eran alojados en el “Pabellón E”, conocido como el “Pabellón de la Muerte” donde las ventanas estaban selladas y los alojados eran sometidos a torturas. En un pabellón pegado a la panadería recluyeron a las mujeres con sus hijos.
Según uno de los testimonios, “en el sector E la guardia interna enjabonaba el pasillo y en horas de la madrugada sacaban a los internos, parándose a los costados con gomas, haciéndolos correr y pegándoles”. De acuerdo con otro testigo, Francisco Alberto Velarde, “(el cabo Miguel) Carrizo y toda la guardia pasaban primero por el pabellón de presos políticos, luego por donde estaban los presos comunes y por último donde estaban las mujeres, sembrando miedo, llanto y gritos. Golpeaban con bastones de goma, garrotes y los hacían morder por los perros”. Velarde pudo ver los castigos sobre las mujeres desnudas. Otro testigo, llamado Jorge Napoleón Molina, contó que “había apagones” y les daban la orden de “no mirar y entonces se sentían los golpes y gritos de los guardias que entraban a pegarles. Manifiesta que en varias oportunidades vio sacar en horas de la noche cadáveres de ese sector”.
Los ex presos impulsaron una acusación por violencia sexual. “Nosotros nos fuimos enterando después, pero entre las mujeres había ‘esclavas sexuales’ –dice Lilian Reynaga–, no se sabe ni qué fue de ellas, ni dónde están. Eran cuatro, dentro de estas 29 mujeres. Para todas, esto fue una situación bastante límite donde no teníamos ningún tipo de seguridad. En mayo de 1976 hicieron un simulacro de fusilamiento a las mujeres y en julio hicieron algo parecido. De comida, si se le podía denominar comida, recibíamos un pastoche blanco. Era algo indefinido, veíamos como restos de patas de vaca con los pelos y no sabíamos qué era, pero por ahí el hambre te hacía comer algo. Nos la pasábamos a mate. No teníamos otra alimentación. Los bebés, en cambio, sí tenían una atención diferenciada. A ellos les podían entrar algo de leche en los paquetes, o sea que se los pudo alimentar de alguna manera. Se los bañaba con agüita tibia. El resto de las presas nos sorteábamos una vez a la semana para ver a quién nos tocaba bañarnos con agüita tibia del enjuague de los bebés”.
Lilian pasó de Tucumán a Villa Devoto en octubre. “Nosotros, como presos, cumplíamos un rol para la dictadura: ellos buscaban destruirnos. En Devoto, después de ocho horas de vuelo en un Hércules, engrilladas al piso, con golpes, agua que nos vomitábamos encima, llegamos todas maltrechas, nos tuvieron cinco horas en la ‘leonera’, así se llamaba el lugar donde ingresaban los detenidos. Nos recibió el jefe de seguridad, (Horacio) Galíndez y nos dijo: de acá van a salir o locas o muertas. Querían una versión hacia afuera legalizada, pero hacia adentro en el trato y en su funcionalidad era absolutamente destructivo”.
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