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El país|Jueves, 17 de enero de 2013
EL JUEZ BONADIO DIO POR CERRADA LA INSTRUCCION EN LA CAUSA POR LA TRAGEDIA DE ONCE Y PODRIA LLEGAR A JUICIO ANTES DE FIN DE AÑO

Con marcha acelerada rumbo al juicio oral

En una resolución de media página el juez cerró la investigación preliminar. Están procesados el maquinista Córdoba, el empresario Cirigliano y los ex funcionarios Jaime y Schiavi por descarrilamiento culposo.

Por Raúl Kollmann
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La tragedia de Once podría llegar a juicio oral antes de fin de año o, a más tardar, el año próximo.

El juez federal Claudio Bonadío decidió ayer elevar a juicio oral la causa por la tragedia de Once. En una resolución de media página el magistrado cerró la instrucción, es decir la investigación judicial preliminar, como se lo había pedido la Cámara Federal que sugirió acelerar los tiempos para que todos –imputados y familiares de las víctimas– no tuvieran que esperar excesivamente por un pronunciamiento de la Justicia. En Comodoro Py creen que existen leves chances de que el juicio se realice este mismo año, pero parece claro que se hará, a más tardar, en 2014. Habrán pasado, a lo sumo, dos años del hecho. Se puede comparar con el caso Cromañón: la tragedia fue el 30 de diciembre de 2004 y el primer juicio oral comenzó en agosto de 2008, tres años y ocho meses después de los hechos.

La Cámara Federal, integrada por los doctores Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, reencuadró el caso la semana pasada sobre la base de un delito por el que procesó a todos los imputados: descarrilamiento culposo, es decir por imprudencia o negligencia, agravado porque causó muertes. Ese delito tiene penas que van de uno a cinco años de prisión y se le imputó al maquinista Marcos Antonio Córdoba, a los empresarios del grupo Cirigliano y a los funcionarios del Estado, incluyendo a los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. A empresarios y funcionarios también se los acusó por defraudación.

Todas estas calificaciones son provisorias y los jueces, en el juicio oral, pueden optar por delitos distintos y, por supuesto, condenar o absolver a cada uno de los imputados. Algunos de los querellantes acusarán, y lo harán también de cara al juicio, por homicidio simple, que tiene penas que van de ocho a 25 años de prisión.

Justamente, para acelerar los tiempos, la Cámara Federal consideró que existen dos vertientes del caso:

- Por un lado, el choque en sí mismo, con la consecuencia en las muertes.

- Por otro lado, si hubo maniobras económicas en el manejo de la concesión del ex Ferrocarril Sarmiento, es decir si el grupo Cirigliano utilizó de forma fraudulenta los fondos provenientes de los subsidios.

La Cámara sostuvo que este último aspecto, que ya venía siendo investigado antes de la tragedia de Once, seguirá en manos del juez Sebastián Ramos. Se trata de un expediente más farragoso, porque requiere de peritajes contables que no son sencillos. En cambio, la investigación por el choque es más concreta y pueden definirse los hechos y las imputaciones de forma más rápida.

De hecho, la elevación a juicio tiene que ver con esa consideración. El juez Bonadío sostiene que la investigación preliminar está completada y que los hechos ya quedaron definidos por las pruebas recogidas hasta el momento. La mecánica del choque por los peritajes, los testimonios, filmaciones, grabaciones y otras evidencias; la razón de las muertes por las autopsias; y además hubo estudios sobre el mantenimiento y peritajes contables sobre el dinero destinado a esas tareas.

Las definiciones adoptadas por la Cámara apuntan a que el maquinista, Córdoba, condujo en forma negligente la formación e ingresó a excesiva velocidad en la estación, pese a que declaró que tenía dificultades en los frenos. A los empresarios se los acusó de mantenimiento irregular de las formaciones y por no haber tomado medidas pese a que los conductores reportaban fallas en los días anteriores. Los funcionarios fueron procesados porque debían ejercer el control formal del servicio y no haber prestado la debida atención a los alertas planteados sobre los riesgos que se estaban corriendo.

Lo que sigue

En el próximo paso corresponderá que el fiscal Federico Delgado formule la acusación, para la cual cuenta con seis días hábiles. No está obligado por ninguna de las calificaciones que existen hasta el momento, aunque lo que quedan definidos son los hechos. Luego las querellas, es decir los familiares de las víctimas, harán lo propio, acusando de acuerdo a lo que consideren desde su óptica. Y finalmente será el turno de las defensas de los imputados. Ninguno de ellos podrá objetar la elevación a juicio, que no es apelable.

Todo indica que, en el camino y en forma paralela, habrá apelaciones a lo decidido por la Cámara, así como pedidos de nulidades, sobre todo de las defensas. Todo ello deberá ser resuelto por la Cámara de Casación, pero ese tribunal ha cobrado un nuevo dinamismo con las incorporaciones de magistrados designados en los últimos dos años. Por ejemplo, es seguro que la defensa de los Cirigliano va a apelar los procesamientos, incluyendo el de defraudación.

Después de la acusación formulada por Delgado en los próximos días, el pronunciamiento de las querellas y las defensas, se sorteará un Tribunal Oral que, a su vez, definirá medidas complementarias a realizarse antes del juicio. Ayer, algunos magistrados de Comodoro Py sostenían que las audiencias del juicio oral podrían comenzar este mismo año, pero otros consideraron que los tiempos no dan y que el juicio se va a desarrollar en el primer semestre de 2014. En cualquier caso, sería un proceso mucho más rápido que el de Cromañón y ni que hablar del juicio por el atentado contra la AMIA, que tardó siete años en comenzar: el ataque fue en 1994 y el juicio oral en 2001.

Parece cantado que el caso derivará en una fuerte confrontación en el juicio oral. Los concesionarios de Trenes de Buenos Aires sostienen que el responsable del choque fue el maquinista, que los peritajes probaron que el tren frenaba y que Córdoba se quedó dormido o tuvo algún desmayo. Tal vez insistan, incluso, con una interpretación de los niveles de alcoholemia del conductor. Los querellantes y la fiscalía apuntarán esencialmente a los empresarios y a los funcionarios, sosteniendo que más allá del mal manejo del conductor o de lo que calificaron como distracciones, el contexto de mal funcionamiento del servicio fue lo que desencadenó los hechos y las muertes.

Todo hace pensar que los peritos, ingenieros y expertos en ferrocarriles serán protagonistas importantes del juicio oral y se debatirá mucho sobre el estado de los frenos, por qué un vagón terminó subido sobre el otro, el paragolpes, las comunicaciones por radio y otros elementos con los que se tratarán de explicar cómo y por qué se produjo la tragedia que les costó la vida a 51 personas y dejó heridas a más de 700.

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