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Desde el año 2003 resulta manifiesta la reorientación de las políticas sociales en pos de transformar el carácter neoliberal que adquirieron a lo largo de la década del ’90. Dicha transformación es visible en un doble sentido: en la calidad de derechos que son reconocidos y garantizados, como en la cantidad de personas que son incorporadas a su goce pleno. No obstante, resta aún profundizar el camino iniciado para alcanzar grados crecientes de igualdad elevando el piso de derechos y protecciones.
La Asignación Universal por Hijo constituye sin dudas una de las medidas más acertadas, universales y de restitución de derechos que ha implementado la actual gestión. Es por ello que merece un tratamiento legislativo que garantice: su asentamiento constitucional inalienable, su extensión a grupos de población que aún no han sido incluidos y su adecuación sistemática al costo de vida, en una modalidad semejante a lo que ocurre con las jubilaciones.
En el ámbito de la educación es preciso reconquistar el prestigio que supo tener y que ha perdido como contracara del terreno ganado por la educación privada como espacio de excelencia que garantiza mejores posibilidades. Ello requiere reducir las brechas entre las distintas regiones del país, acompañando la creciente asignación presupuestaria con un trabajo de rediscusión de contenidos, de (re)capacitación de los docentes, mejoramiento edilicio, actualización tecnológica y otros saberes que la escuela debe garantizar y no dejar librados a las posibilidades de cada familia.
La misma reflexión vale para el ámbito de la salud, donde la asociación entre medicina privada y atención eficiente/confiable constituye un importante logro cultural del neoliberalismo, aunque ello vino a sumarse a un funcionamiento histórico complejo y errático. Habría que apuntar a la constitución de un sistema global de salud que brinde atención de calidad garantizando el acceso independientemente de la erogación individual que cada uno pueda realizar. Ello implica discusión y acciones integrales por parte del Estado, en asociación con los diversos prestadores, incorporando de manera participativa a los sujetos de la atención.
Si hablamos del mercado de trabajo, resulta notable que los índices en su conjunto han mejorado sustancialmente, aunque el porcentaje de informalidad aún es considerable. Esto supone redoblar esfuerzos para promover el blanqueamiento en actividades productivas que desde siempre incluyeron un nulo desarrollo de condiciones laborales óptimas y que no responden “automáticamente” a las políticas instrumentadas desde el Ministerio de Trabajo.
Resalta la necesidad de encarar megapolíticas destinadas a los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan, lo que implica poner en acción toda la creatividad posible por parte del Estado en asociación con organizaciones y redes sociales, para generar políticas que resulten atractivas y que los mantengan interesados de manera sostenida.
Finalmente, es necesario concentrar esfuerzos en algunos conjuntos sociales (niños que trabajan en subtes o trenes, personas que viven en la calle) que requieren obligadamente de programas especiales que posibiliten la salida de esa situación en la que se encuentran y que no eligieron, brindándoles herramientas de distinto tipo que les permitan incorporarse de manera integral al goce de sus derechos ciudadanos.
En definitiva, avanzar hacia una sociedad más igualitaria implica introducir mayores mejoras materiales en las condiciones de vida de la población, junto con la rejerarquización de la existencia de los bienes y servicios público-estatales.
* Socióloga, doctora en Ciencias Sociales, UBA.
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