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La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creará dos nuevos cuerpos especiales de fiscales para que trabajen con dedicación exclusiva en temas complejos y problemáticos: uno de esos equipos intentará mejorar las investigaciones sobre redes de narcotráfico; otro buscará meterse en uno de los mayores nichos de impunidad, el de la violencia institucional, es decir, los delitos cometidos por fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios, desde detenciones ilegales y torturas hasta ejecuciones y su relación con las tramas de corrupción.
Desde que asumió, a fines de agosto del año pasado, como jefa de los fiscales, Gils Carbó creó unidades especiales para las investigaciones sobre apropiación de hijos de desaparecidos, un programa con fiscales ad hoc para casos de violencia de género y una procuraduría específica sobre criminalidad económica y lavado de activos (Procelac). Están planteados como estructuras paralelas y complementarias a la tarea investigativa de los “fiscales naturales”, de instrucción. Aunque el anuncio de este mecanismo generó malestar en algunas fiscalías, en la procuración le dijeron a Página/12 que el objetivo es que funcionen como refuerzo, aunque en ciertos casos también como puntapié inicial de las investigaciones.
Las unidades de narcotráfico y violencia institucional serían inauguradas entre febrero y marzo. La de drogas no tendría, en los inicios, una misión investigativa sino de apoyo y entrenamiento para las fiscalías que ya se ocupan del asunto, y que en la procuración evalúan que carecen de una buena preparación y especialización. De todos modos, el principal fin es que se logre identificar y desarticular las redes locales de comercialización, siempre con posibles conexiones internacionales. Es casi cantado que este grupo trabajará en coordinación con la Procelac. La de violencia institucional, por la cual Gils Carbó viene conversando con el Ministerio de Seguridad, sí intentará poner la lupa sobre el sistema carcelario y otros ámbitos y mecanismos delictivos de las fuerzas de seguridad, y es posible, según el diseño que está en elaboración, que se concentre en las investigaciones propiamente dichas.
Esta nueva forma de investigar, desde un cuerpo especializado, ajeno o externo respecto de las fiscalías comunes, pretende romper con una lógica donde los fiscales se ven en la situación de tener que investigar a policías, gendarmes o agentes de otras fuerzas a los que conocen por tener que convocarlos para que colaboren en otras investigaciones. Dependen de ellos para sus causas penales. Todavía, de todos modos, está en pleno armado el nuevo esquema y habrá que ver cómo hace la procuración para garantizar que funcione, y que tampoco quede contaminado por viejas prácticas.
Uno de los principales disparadores de la creación de esta unidad está relacionado en parte con los informes, que empeoran año a año, de organismos de derechos humanos sobre la situación carcelaria, la violencia y las torturas aplicadas en el ámbito penitenciario. El año pasado la Comisión Provincial por la Memoria señaló 10.458 hechos violentos informados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en 2011, un promedio de 28,6 casos por día y un incremento del 31 por ciento en relación con el año anterior. Hubo 126 muertes en 39 de las 54 unidades del SPB. Estas cifras son un ejemplo, ya que en la procuración se analiza actuar en diversas jurisdicciones. Además de contemplar un enorme abanico de circunstancias y casos, como el de Luciano Arruga, el chico desaparecido en Lomas del Mirador cuatro meses después de haber sido torturado por la policía. Según el proyecto en que trabajan los colaboradores de Gils Carbó, la unidad de violencia institucional podría tener una competencia amplia y facultades para impulsar pesquisas.
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