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El país|Viernes, 8 de febrero de 2013
Revocaron el arresto domiciliario del apropiador Carlos del Señor Hidalgo Garzón

Otro represor que salía a pasear

El ex miembro del Batallón de Inteligencia 601 estaba bajo arresto domiciliario en un geriátrico, pero Catalina de Sanctis Ovando, la hija de desaparecidos que se apropió, lo vio andando en bicicleta.

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Catalina de Sanctis Ovando es querellante contra su apropiador, a quien vio andando en bicicleta por Las Cañitas.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata revocó la prisión domiciliaria del represor y apropiador Carlos del Señor Hidalgo Garzón. El oficial de Inteligencia del Ejército gozaba de ese beneficio en un geriátrico de Belgrano, pero paseaba por las bicisendas porteñas, donde lo vio en dos oportunidades Catalina de Sanctis Ovando, la hija de desaparecidos que crió como hija propia y que hoy es querellante contra su apropiador. Tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, el tribunal platense ordenó su traslado al hospital del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. “Siento alivio, tranquilidad”, explicó Catalina a Página/12, y consideró “indignante” la decisión de los jueces que conceden automáticamente el beneficio del arresto hogareño a imputados por crímenes de lesa humanidad.

Ex miembro del Batallón de Inteligencia 601, Garzón fue procesado por el juez federal Manuel Blanco por secuestros y tormentos contra 127 personas en La Plata. El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, en tanto, lo juzga desde agosto por la apropiación de la hija de Myriam Ovando y Raúl de Sanctis, ambos desaparecidos y padres de Catalina, que figura como nacida en el Hospital Militar de Campo de Mayo. En la causa por la apropiación, Garzón fue excarcelado, beneficio que le concedió el juez federal Ariel Lijo, y en la causa platense goza del beneficio de arresto domiciliario, que ordenó Blanco antes de elevar la causa.

Catalina, que recuperó la identidad en 2008, se cruzó a su apropiador el miércoles 16 de enero, mientras Hidalgo Garzón pedaleaba por la bicisenda que bordea al hipódromo de Palermo, en Libertador y Ortega y Gasset. “Yo paseaba a mi perra, iba distraída, y cuando levanto la vista para cruzar la bicisenda veo su rostro a pocos metros. Me vio, nos miramos, y aceleró, siguió de largo. Yo me quedé helada”, relató a Página/12. Cuatro días después, el domingo 20, volvió a verlo en el mismo lugar. “Yo llevaba el celular por si lo veía, pero estaba convencida de que no iba a suceder, porque él me había visto. Lo vi en el mismo lugar pero por la calle, y no me vio”, agregó ante la consulta.

Abuelas y el fiscal Gerardo Fernández denunciaron la violación del beneficio y pidieron su revocatoria. Ayer llegó el pronunciamiento judicial. El tribunal que preside Carlos Rozansky e integran Pablo Jantus y Pablo Vega se hizo eco del pedido y consideró que “no existe razón legal alguna para que Hidalgo Garzón esté gozando el beneficio otorgado”. Rozansky destacó “la negligencia con que se manejó” el juez Blanco, dado que ni adentro ni afuera de la casona donde funciona la Residencia Geriátrica Belgrano había personal de seguridad. “Es evidente que un detenido acusado de graves crímenes y con diagnóstico psiquiátrico no puede estar alojado en un lugar como el descripto”, sostuvo, y apuntó que “se encuentra en juego tanto la seguridad de las ancianas que deambulan por la casona” como del personal. Ante los “rasgos psicopáticos y de simulación detectados en el procesado, la imagen del geriátrico resulta verdaderamente bizarra”, agregó, y señaló el “doble estándar” del juez al considerar “impensable que en causas por delitos comunes ordene el traslado de un procesado con prisión preventiva imputado de más de 200 delitos y con informes psiquiátricos a un geriátrico con ancianas y sin limitaciones ni restricciones de movilidad, ni seguridad o contención”.

“Siento alivio, tranquilidad, pero (la revocatoria) es algo que tendría que haber sucedido hace tiempo”, consideró De Sanctis Ovando, que vive a pocas cuadras del geriátrico. “Para mí era inexplicable que no estuviera preso. Cuando me sumé a la querella de Abuelas le pedimos al juez Lijo que reviera esa medida porque yo estaba intranquila, recibía llamados, cartas amenazantes, agresivas hacia mí y mi marido, pero no se modificó su situación”, recordó. “Es indignante que quienes tienen en sus manos la responsabilidad de tomar decisiones no puedan ver algo tan claro: el beneficio del arresto domiciliario no debe ser automático, deben rever la situación de cada uno, los medios que tienen, porque están viejitos y pobrecitos cuando lo piden, pero son súper piolas para escaparse. Y cometieron crímenes aberrantes”, recordó.

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