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El argumento usado por la DAIA de que el régimen iraní no es un interlocutor confiable, ya que ampara y promueve el terrorismo internacional, es risible: el diálogo se explica justamente por las gravísimas acusaciones contenidas en el expediente judicial, sobre ocho pasados y actuales funcionarios de ese régimen, a los que la Argentina reclama juzgar, y a quienes Irán ampara. Con tal razonamiento ningún conflicto llegaría nunca a una solución negociada, que por definición sólo puede darse entre partes enfrentadas. Los cancilleres no firmaron un Tratado de Amistad sino un convenio circunscripto al esclarecimiento del peor atentado terrorista producido en la historia argentina. La situación es compleja, porque el atentado fue parte de una guerra que la Argentina no libra pero de la que fue víctima, y cada actor responde a una lógica distinta. Quedar en medio de dos gobiernos fundamentalistas y con fuerte impronta religiosa es una calamidad para cualquier estado democrático. El gobierno de Israel ya pronunció el veredicto de culpabilidad de Irán y no desea negociación ni juicio, sino ejecución de la sentencia, que no es jurídica sino política. Así lo dijo el viernes el columnista del diario Haaretz Anshel Pfeffer, en una diatriba titulada “La traición de Timerman”: “Mientras ninguno de los autores ha sido y probablemente nunca será llevado a la Justicia, el cerebro del atentado, el jefe de operaciones de Hezbolá, Imad Mughniyeh, fue asesinado hace ahora cinco años por un coche bomba en Damasco, que, según creencia generalizada, fue operado por Israel. Dura justicia, sin duda, pero hasta ahora la única que han visto en 19 años los familiares de las 85 víctimas en el atentado”. Puede comprenderse esta posición irreductible en un Estado vecino a Irán, cuyo presidente niega la Shoah y amenaza con repetirla. Estados Unidos, que está más lejos pero es un actor global y consume un cuarto de toda la energía del mundo, demostró que comparte el concepto israelí, con la operación contra Osama Bin Laden, asesinado junto con varios miembros de su familia y arrojado al mar, sin defensor ni juez. Pero esto poco tiene que ver con los criterios de Justicia que rigen en la Argentina, donde las pruebas de la acusación se confrontan con los argumentos de la defensa, como puede observarse cada semana en las salas de audiencias de los tribunales. Los autores de los peores crímenes no sólo ejercen ese derecho; incluso agravian a los jueces y a los familiares de sus víctimas, como hizo el jueves Alfredo Astiz, no 19 sino 37 años después de los crímenes por los que al fin se lo juzga. La propuesta adelantada el viernes por la DAIA luego de escuchar a su asesor internacional Luis Moreno Ocampo (quien dictaminó a favor de la impunidad de los jefes de la dictadura cuando Menem los indultó), contradice el cuidadoso camino recorrido desde entonces por los organismos defensores de los derechos humanos y los familiares de las víctimas y destroza el sistema liberal de derechos y garantías, al propiciar el juicio en rebeldía.
Hace apenas cuatro meses, cuando la presidente CFK anunció que Irán había ofrecido colaborar al esclarecimiento del atentado, ambas entidades declararon su satisfacción. La AMIA expresó su esperanza de que “los sospechosos se presenten ante la Justicia” y la DAIA que se establecieran “los mecanismos jurídicos que permitan avanzar en la causa judicial”. Eso es lo que ocurrió, como consta en el Memorándum de Entendimiento, que Cristina dejó conocer hace dos domingos. De inmediato, el fiscal Nisman manifestó su desacuerdo ante todos sus contactos en la dirigencia comunitaria. Por cierto hay muchos puntos en litigio y la verdad que ambos gobiernos buscan no es necesariamente la misma. El argentino respalda la acusación judicial contra los iraníes; el iraní la considera una fabricación estadounidense e israelí y niega toda responsabilidad. En su columna de Haaretz, Pfeffer también reveló que “la mayor parte de la información confiable suministrada a los investigadores argentinos provino de fuentes israelíes de Inteligencia”, y Nisman ha agradecido los aportes de los servicios estadounidenses. Cada paso que se dé de ahora en adelante quedará abierto a interpretaciones contrapuestas, pero el Memorándum firmado por el periodista Héctor Timerman y el ingeniero nuclear Ali Akbar Salehi, sin participación de ningún jurista, al menos destraba un procedimiento estancado por dos décadas y favorece el avance a otro estadio procesal. Que así pueda llegarse a la verdad y a la justicia es una hipótesis a demostrar pero mientras tanto no puede afirmarse que este Entendimiento haya frustrado un proceso vigoroso en marcha. El acuerdo habla de interrogar a los imputados y el Capítulo IV del Código Procesal argentino se titula “Indagatoria”. Pero el artículo 294, sobre su procedencia y término, dice que cuando se sospeche que una persona ha cometido un delito “el juez procederá a interrogarla”, lo cual no contradice al Memorándum. El artículo 295 dice que sólo podrán asistir a la declaración del imputado su defensor y el fiscal, mientras el Memorándum plantea que “la Comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja”. Esta es una contradicción sólo aparente, ya que el Memorándum no afirma que todos los mencionados deban participar de un mismo y único acto. Además, el Memorándum dice que las preguntas de la Comisión se dirigirán “a los representantes de cada parte”, es decir de los respectivos gobiernos, a los que luego formulará sus “recomendaciones”, que no serán obligatorias para el juez. Asesores de la Cancillería interpretan que si el Congreso aprueba el Memorándum, esa ley modificaría ese artículo del Código Procesal, sólo para este caso. Otras lecturas jurídicas replican que el código es una ley general, con reglas que se deben aplicar a todos los casos. De cualquier modo, si tanto el juez y el fiscal como el imputado consienten la presencia de la comisión, como garante de que se aplique la ley, nadie podría objetarlo, si bien los comisionados no preguntarían en ese acto. La función de la indagatoria es que los imputados conozcan con exactitud de qué se los acusa y puedan defenderse, con lo cual sería extraño que produjera información relevante para la acusación que, se supone, ya la ha reunido por otros medios. También pueden elegir callar, como garantiza la Constitución en su artículo 18. En cualquier caso, se entiende el escepticismo acerca de su importancia para conocer la verdad. Pero esto no variaría si el juez Rodolfo Canicoba Corral los indagara en Buenos Aires, dada la índole del acto procesal necesario de la indagatoria. Lo que sí podría cambiar es la secuencia posterior. Si después de oírlos el juez decidiera que son firmes las pruebas para detenerlos, la probabilidad de que su orden fuera acatada en Teherán es ínfima. Ni aún en esa hipótesis la causa habría retrocedido porque los sospechosos pasarían a ser procesados y si la comisión de juristas coincidiera con la opinión del juez reforzaría en forma notable la posición argentina. Ese sería un mal resultado para Irán, cuya máxima aspiración sería que Canicoba les dictara la falta de mérito y levantara la orden internacional de captura, algo que sólo él puede hacer. En ese caso, la frustración del anhelo de justicia no podría atribuirse al Entendimiento, sino a la endeblez de las pruebas. Aún así, se habría dado un paso hacia la verdad, cosa que no es seguro que motive a Israel y Estados Unidos. No sería razonable pretender que a partir de este acuerdo desaparecieran todas las dificultades objetivas existentes. Pero tampoco resulta lógico desdeñar la posibilidad que se abre. El miércoles, Timerman explicará el Memorándum en el Senado. Allí se verá si la oposición advierte estos matices o sólo ve otra oportunidad para denunciar que “la falta de límites, la ambición y el poder no tienen fondo”, como escribió el rabino Bergman invitando a la guerra santa contra el gobierno que quiere mutar “la demagogia populista de facto que vivimos en un nuevo orden, que dé por terminada la democracia republicana”.
Ni Israel, ni Estados Unidos, ni el fiscal Nisman fomentan el acuerdo, por más que en público el fiscal diga que acompañará la nueva etapa. Luego de varios viajes a Israel y a Estados Unidos y de varios años de trabajo conjunto con funcionarios de la Secretaría de Inteligencia interesados en la cooperación con aquellos países en cuestiones de Inteligencia y seguridad, se ha vuelto muy sensible a la trama internacional. Desde que se conoció el Memorándum mostró una extraordinaria actividad, presionando a miembros de la DAIA y la AMIA. Esto provocó un incidente con uno de ellos, que fue directivo de una de las entidades y aspira a serlo nuevamente, pero no comparte la política fundamentalista del bloque religioso en el que los rabinos Samuel Levin y Sergio Bergman respaldan al actual presidente de la AMIA, Guillermo Borger. La vinculación que hizo Borger del Entendimiento con un posible tercer atentado coincide con la política del miedo que los partidos de la derecha gobernante emplean en Israel para desalentar cualquier negociación de paz. Nisman mantiene un vínculo muy estrecho con el gobierno de los Estados Unidos, del que quedó constancia en varios despachos de su embajada en Buenos Aires. Algunos fueron publicados por el diario español El País y el resto incluidos por el periodista argentino Santiago O’Donnell en su libro Argenleaks. La reticencia a permitir que asista al interrogatorio en Teherán una comisión internacional de cinco juristas notables, dos de ellos designados por el gobierno argentino, dos por el de Irán y el quinto por acuerdo entre ambos, parece contradictoria con la disposición de Nisman a informar a la embajada sobre las distintas decisiones de la causa, aún antes de que se produjeran. Según los cables confidenciales, el 1º de noviembre de 2006 Nisman anticipó al ministro político Michael Matera que era inminente la orden de captura de los iraníes, que en efecto se produjo esa misma semana, y agradeció la colaboración del gobierno estadounidense a la investigación. Matera escribió al Departamento de Estado que la anunciada decisión de Canicoba, quien delegó la investigación en Nisman, haría más fácil coordinar esfuerzos con el gobierno argentino “para presionar a Irán y Hezbolá”. El 27 de noviembre de ese año, el fiscal le agradeció su apoyo al embajador Earl Anthony Wayne y, según el diplomático, “dijo que le hubiera gustado recibir una muestra similar de apoyo de su propio gobierno”. Wayne les dijo que ambos gobiernos deberían presionar juntos a Interpol para que emitiera la orden de detención, tal como ocurrió. Como parte de esa coordinación, en febrero de 2007 visitó Buenos Aires el Procurador General Alberto Gonzales. Partidario de los tribunales militares, Gonzales dictaminó que era lícito amenazar de muerte a los detenidos, sin reconocerles la presunción de inocencia, y someterlos al dolor físico, siempre que no equivaliera al que produce una herida grave o al colapso de un órgano. Gonzales transmitió aquí el apoyo de su gobierno al dictamen de Nisman. Las relaciones quedaron congeladas poco después, cuando el ministerio de Justicia norteamericano sostuvo que los 800.000 dólares que un empresario venezolano quiso introducir en el país sin declararlos estaban destinados a la campaña presidencial de CFK. En febrero de 2008, el sucesor de Matera en la embajada, Tom Kelly, escribió que la cooperación en materia de seguridad e Inteligencia estaba volviendo a la normalidad luego del escándalo y destacó la importancia de que visitara el país el subdirector del FBI John Pistole (éste es su apellido real) para “reforzar los intereses estadounidenses intensificando el trabajo contra el terrorismo y reanudar nuestra valiosa asociación con el gobierno para llevar a juicio a los autores del atentado a la AMIA con el apoyo de Irán”. En efecto, el hombre del apellido exacto llegó en mayo y fue recibido por la presidente. Pistole estaba negociando con el gobierno de Córdoba la construcción de un centro de entrenamiento estadounidense para fuerzas especiales de todos los países de la región, según el modelo de la que el FBI tiene en la base naval de Quantico, Virginia, con participación del FBI y de la DEA. Pero el gobierno nacional no lo permitió. El mismo día de la llegada de Pistole, Nisman anunció que pediría la detención del ex presidente Carlos Menem, su secretario de Inteligencia Hugo Anzorregui, el ex juez Juan José Galeano y el comisario Fino Palacios, por obstaculizar la investigación de la pista siria en la autoría del atentado. Luego se excusó con el embajador Wayne por no haberle avisado antes. Clarín tituló cuando se conoció ese despacho: “Insólito pedido de disculpas de un fiscal a Estados Unidos”. Wayne comunicó su extrañeza al Departamento de Estado porque pocos días antes el representante del FBI en la embajada, William Godoy, le había recomendado a Nisman que se concentrara en los autores del atentado y no en los errores de la investigación anterior. Es decir, en los iraníes y no en la pista siria. En un reportaje con la revista Apertura, Nisman desmintió haber recibido esa sugerencia de la embajada. Según Wayne, coincidía con su visión el funcionario de la DAIA Alfredo Neuburger. Ambos temían que esas órdenes de captura por tapar la pista siria fueran utilizadas por Irán para dañar la credibilidad de la investigación de Nisman, alimentada según confirmó esta semana Haaretz, por la Inteligencia israelí. Nisman se disculpó por no haber previsto esa posibilidad y, que se sepa, no volvió a incomodar a sus amigos de la embajada.
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