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Opinión
Por Martín Granovsky
Las sesiones de hoy y mañana de los jueces y fiscales que en enero firmaron el documento “Justicia legítima” pueden terminar en una asociación civil al estilo de Magistratura Democrática de Italia o de Justicia Democrática de España. Sea cual fuere el resultado institucional, el debate en sí mismo marca una novedad importante: por primera vez desde la restauración de la democracia, cientos de magistrados discuten abiertamente el sistema judicial y, en cierto modo, se discuten a sí mismos.
El documento de enero tuvo dos disparadores. Por un lado, un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial. Decía que la magistratura se sentía agredida por el Poder Ejecutivo. Por otro lado, la sucesión de cautelares de la Cámara Civil y Comercial en favor del Grupo Clarín a raíz de la aplicación de los límites a la dominación de mercados que surgen de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por eso el texto llamado “Justicia legítima” incorporaba otro elemento al principio republicano de división de poderes: la necesaria independencia de los magistrados respecto del establishment. Los firmantes incluso se manifestaban independientes de organismos que supuestamente los representan, como la Asociación de Magistrados.
En principio, los que firmaron y hoy comienzan a reunirse cuentan con un crédito múltiple a favor. Son un grupo numeroso –y por lo tanto políticamente heterogéneo–, los nombres no aparecieron en el pasado entre jueces con origen de servilleta o con sorprendente capacidad de ahorro y su trabajo concreto los muestra justamente en esa condición: no son gente que flota sino que trabaja.
El riesgo a la vista, que no tiene por qué concretarse, pero puede figurar entre las posibilidades, es que el desarrollo de “Justicia legítima” quede atado a los dos disparadores. Que los cientos de magistrados se conviertan solamente en un eje dedicado a polarizar con miembros de la Corte Suprema o a hablar monotemáticamente del caso Clarín. Si eso sucediera, el resto es de manual: serán tildados de Magistrados K o algún apodo por el estilo. Muchos tal vez reaccionen con orgullo y refuercen esa construcción ajena sobre ellos mismos hasta hacerla propia y adiós novedad.
Sin embargo, el riesgo puede ser prevenido con facilidad si los magistrados, por más indignados que estén, logran convertir la bronca en una mezcla de análisis realista y propuestas viables. Y si, al momento de los ejemplos y las áreas de trabajo hacia adelante, exceden los disparadores iniciales. Es cierto que el sistema judicial es demasiado permeable a los poderes fácticos, pero no estaría mal alguna vez escuchar nombres y apellidos: por ejemplo el Estudio Fargosi, clave en el desastre de Aerolíneas Argentinas, o el Estudio Noceti Frías, de Jujuy, que construyó el sistema judicial de la provincia mediante la gran ayuda de uno de sus ex socios, el actual gobernador Eduardo Fellner. Los temas son infinitos, y podrían incluir el sistema judicial formoseño, montado por Gildo Insfrán o las nunca bien estudiadas relaciones entre muchos fiscales bonaerenses y las departamentales de la Maldita, relaciones que no parecen estar en la agenda de la procuradora María del Carmen Falbo.
Pero estas cuestiones no se resuelven en dos días. El resultado aparecerá a mediano plazo. Lo que quedará claro hoy y mañana es si los firmantes del documento de enero consiguen transformarse en una opción de poder real con capacidad de influir en el debate público, como empezaron, y evitan morder la manzanita que los desviaría hacia un destino de secta.
Opinión
Por Paula Litvachky *
Son excepcionales los momentos en los que los propios “judiciales” discuten qué hacen, qué son y para quiénes hacen lo que hacen. Un momento interesante se puede rastrear tras la recuperación democrática. Pero ese debate fue clausurado rápidamente. Se limitó a algunos cambios de nombres y de un incipiente movimiento interno llamado “jueces para la democracia”. Rápidamente ese espacio quedó reducido al mínimo y expresado en algunos ámbitos académicos, pero muy alejados del funcionamiento judicial. El libro de la antropóloga María José Sarrabayrouse Oliveira sobre el caso de la morgue judicial en plena dictadura puso en evidencia la dinámica de un poder que se mimetizó con los aires dictatoriales y se pobló de funcionarios grises, acomodados al momento político, en defensa del statu quo. No eran sólo algunos convencidos ideológicos, era todo un sistema que cubría el horror bajo el manto de su funcionamiento burocrático. Eso hizo del sistema de Justicia argentino actual, con el perdón de la generalización, un poder conservador por definición.
En 2001, luego de años de complicidad judicial para el desarme del Estado y una agenda de reforma judicial cooptada por la visión neoliberal, antiestatal y antipolítica, la crisis de legitimidad alcanzó también al Poder Judicial. Luego llegó un momento especial. Los decretos 222/03 y 588/03 fueron dando forma al proceso de renovación de la Corte Suprema (que generó las condiciones para el debate actual), abriendo una grieta en el cerrado círculo judicial. En los últimos años, también por la fuerza del proceso político y social de memoria, verdad y justicia, fueron avanzando imputaciones contra judiciales por los crímenes del terrorismo de Estado, inscribiendo finalmente algunos nombres y apellidos a la lista de cómplices de la dictadura.
Hasta ahora, el debate judicial interno había sido poco profundo. Hoy aparece de abajo hacia arriba –y desde los costados– un sector del propio sistema judicial dispuesto a dar los debates sobre cómo construir legitimidad social y política, poniendo en juego las estructuras y referencias políticas internas dominantes. Con optimismo puede verse que, después de tantos años, diferenciarse públicamente del sector más conservador en el Poder Judicial empieza a ser parte de la búsqueda de legitimidad social. La disputa de sentido por la función judicial, la idea de independencia y de legitimidad resulta en sí misma transformadora porque interpela a las estructuras que se resisten a perder espacios considerados propios. Esto se instala como continuidad de aquella crisis, demorada, que revisa la función del Estado y pone al sistema de Justicia en un lugar eminentemente político. Un momento histórico tan particular requiere participación, nuevas agendas y sobre todo impedir que se encapsule como algo meramente judicial.
Pero lo que aparece hoy como una ruptura de lenguaje, de referencias, de poder hacia el interior del sistema de Justicia, hace surgir nuevas preguntas: ¿cuál es la agenda de transformación que se promueve para sostener esa pelea y dar sentido de igualdad e inclusión? ¿De dónde se tomarán ideas, fuerzas, alianzas para construir esa legitimidad buscada?
El Poder Judicial será independiente en un sentido democrático y no corporativo cuando se asegure al resolver un conflicto la ausencia de presiones de los poderes políticos, pero también cuando –aun en contra de los intereses sectoriales de los diversos grupos de presión que pugnan por mantener un orden de cosas desigual– contribuya en el avance de la vigencia de los derechos humanos. Más aún cuando están en riesgo los derechos de los grupos más desaventajados o de las propias víctimas del poder estatal. En 2008 ya dijimos que un Poder Judicial más democrático será aquel que tienda con su práctica no a reproducir sino a transformar las injusticias del orden económico, político y social. Y para eso es que precisa ser independiente. ¿Alguien puede plantear seriamente que el no pago del impuesto a las Ganancias los hace más fuertes en este mismo sentido?
Hay una agenda judicial de defensa de los derechos humanos que debe estar en el primer lugar de las demandas de cambio. Como explica Boaventura da Sousa Santos, la función judicial no puede reducirse a “un desempeño reactivo de los jueces, centrado en el microlitigio clásico y políticamente neutralizado”. La idea de “independencia democrática” no deja de defender los intereses de la judicatura, pero los defiende como condición para que los juzgados asuman en concreto su cuota de responsabilidad política en el sistema democrático a través de un desempeño más activo y políticamente controvertible. La función judicial será más o menos transformadora cuanto más capacidad institucional tenga para defender los intereses de los sectores más desprotegidos.
Desde el CELS acompañamos e impulsamos otros procesos que abrieron espacios de construcción muy importantes, pero en los que habían quedado muy ajenos los propios integrantes del sistema judicial. La oportunidad se abre ahora hacia la construcción de una agenda compartida.
Está pendiente una propuesta profunda sobre las políticas de acceso a la Justicia (no sólo en el ámbito penal). Es absolutamente indispensable que este movimiento de transformación entre en diálogo con los movimientos sociales, de campesinos, indígenas y organizaciones sociales y de derechos humanos, porque de ellos saldrá justamente el reclamo de apertura y el anclaje desde donde construir legitimidad. Está claro que hay que organizarse para desformalizar y desburocratizar pero, fundamentalmente, para que las instituciones judiciales miren hacia ese lado.
No puede haber contradicción entre las políticas de inclusión social y las políticas criminales que, tal como hoy se manifiestan, profundizan la exclusión con más encarcelamiento y debates autoritarios sobre la seguridad que orientan los recursos a defender a los más ricos. La cárcel es síntoma de exclusión y el endurecimiento de los sistemas penales tiene que ser enfrentado por un movimiento de esta naturaleza.
Existe una agenda institucional en el Poder Judicial que puede ser enfocada hacia la apertura, la agilización de los trámites, el mejoramiento de la respuesta a partir de una gestión más inteligente, y orientada a los problemas sociales y no a la formalidad de los trámites. Hay mucho por hacer todavía hacia el interior de la Corte, y hay mucho por hacer también en la Cámara de Casación Penal.
Por ejemplo, a partir del caso del homicidio de Mariano Ferreyra se descubrió una trama de complicidades y una red de influencias que mostraron lo que era un secreto a voces: en la Casación Penal confluían expresiones del poder (militar, sindical, político, económico) que eran garantizadas por algunos jueces y funcionarios (algunos por convencimiento ideológico y otros, simples especialistas en la búsqueda de oportunidades). Los “esperpentos” de Arslanian salían nuevamente a la luz para mostrar el revés de la trama judicial. La responsabilidad de esos funcionarios hoy se está juzgando en un trámite muy demorado y en una investigación en el Consejo de la Magistratura, que debería poner lupa sobre estas prácticas que expresa el poder concentrado en el tribunal penal más importante del país. Aquí hay desafíos concretos para una agenda de transformación. Es necesario visibilizar esta forma de funcionamiento. Porque no se trata de un juez en particular sino de una forma de entender el sistema judicial.
¿Qué le queda a la política? No hay transformación judicial posible sin la confluencia de la política, de lo social y de un sector judicial dispuesto a comprometerse con el cambio. La pelea recién empieza. La legitimidad se construye con el afuera.
* Directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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