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Los integrantes de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina desmintieron las versiones sobre la existencia de un documento en el que se oponían a los proyectos de reforma judicial que presentará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por el contrario, señalaron que existen “coincidencias con los proyectos de ley que impulsa el gobierno nacional” en ese sentido.
En un encuentro con el ministro de Justicia nacional, Julio Alak, los integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina manifestaron su voluntad de participar del debate y afirmaron que “las presiones y los condicionamientos que puedan imponer los grupos o poderes económicos son inadmisibles”. El presidente de la Comisión de Justicia y Paz, Gabriel Castelli, y el asesor del Episcopado en asuntos jurídicos, Juan Gregorio Navarro Floria, negaron que la comisión exprese “una posición de enfrentamiento con el Gobierno en este terreno”. Indicaron que lo que se publicó fue un borrador apócrifo con ideas que no están en la versión oficial.
Desmintieron que la comisión haya señalado que “la prohibición de medidas cautelares o ejecutivas en contra del Estado sería la reedición de medidas ya tomadas en los años noventa para impedir o limitar el ejercicio de los derechos”. También sostuvieron que no es verdad que se haya declarado que “los argentinos hemos visto con escándalo el espectáculo de jueces que exhiben joyas, propiedades o un nivel de vida impropio de sus ingresos conocidos”.
En el escrito oficial, la comisión indicó que “el anuncio del Poder Ejecutivo de una serie de proyectos destinados a democratizar la Justicia invita a una seria y serena reflexión acerca de los cambios que ciertamente necesita la administración de justicia en la Argentina”. “Hay que celebrar la idea de una mayor transparencia judicial y la convicción de que todos los ciudadanos debemos contribuir en la medida de nuestros ingresos y patrimonios al sostenimiento del Estado mediante el pago de impuestos y no deberían existir excepciones”, afirmaron, en referencia a que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias.
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