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Lo que para Carlos Menem debió haber sido una de las mejores noticias de su vida, allá en septiembre de 2011, ayer se dio vuelta como una media. La Cámara de Casación Penal revocó su absolución por la venta de 6500 toneladas de material bélico a Ecuador y Croacia y la convirtió en una condena por contrabando agravado de armas, un delito grave que prevé penas de cumplimiento efectivo si involucra a funcionarios públicos y si en su ejecución participaron más de tres personas. En este caso, el tribunal condenó también al ex ministro de Defensa Oscar Camilión y a otros diez funcionarios de Fabricaciones Militares. La sentencia no estableció el monto de la pena, que deberá fijar el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3, que en su momento llevó adelante el juicio oral, que duró casi tres años. El riojano, como senador, goza de la protección de fueros parlamentarios que le dan inmunidad de arresto. Por lo tanto, si se ordenara su detención, la Cámara alta tendría que votar su desafuero.
La decisión de la Sala I de Casación Penal convierte a Menem en el primer ex presidente constitucional condenado por hechos de corrupción. El contrabando de armas, dice un tramo de la sentencia, fue “centralmente planificado y ejecutado por funcionarios públicos, quienes además ostentaban en la época de los hechos las máximas responsabilidades institucionales de la administración estatal”. Durante el juicio oral, el entonces fiscal –ahora juez de Casación– Mariano Borinsky y su par Marcelo Agüero Vera pidieron ocho años de prisión para los principales implicados. El “contrabando agravado” tiene un piso de cuatro años de prisión y máximo de 12. El mínimo es lo que hace que sea de cumplimiento efectivo. El tribunal oral puede tomarse su tiempo en definir el monto. Mientras tanto, la defensa de Menem ya se concentra en presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que puede tener efecto suspensivo. La definición de la situación del ex presidente y los demás condenados, todo indica, viene para largo.
Menem no estuvo presente ayer cuando el camarista Raúl Madueño leyó los tramos definitorios de la sentencia, escoltado por sus colegas Juan Gemignani y Luis Cabral. Al juicio oral había llegado acusado por la firma de tres decretos secretos que, entre 1991 y 1995, permitieron la venta de armas a Ecuador y Croacia. Por disposiciones de Naciones Unidas, estaba prohibido vender armamento a los países implicados en el conflicto bélico de los Balcanes, como Croacia. En relación con Ecuador, Argentina era garante de paz en el conflicto con Perú. Pero en los decretos que firmó Menem, recuerda la resolución, no figuraban los verdaderos países destinatarios de las armas sino otros falsos: Panamá y Venezuela. “Menem sabía que el material bélico iba a un destino distinto” y “tenía especial interés” en los decretos, dijeron los camaristas.
El TOPE3 había argumentado, al absolver a los dieciocho imputados, que la venta de armas no había sido contrabando sino una “decisión de política exterior y un acto político no judiciable”. En cambio, para los camaristas de Casación, el solo hecho de que los decretos consignaran destinos falsos “mal puede considerarse un actuar conforme a la ley”. “El conocimiento de la Aduana de los destinos reales habría provocado la detención de las operaciones”, señalaron. “El Poder Ejecutivo podía autorizar las exportaciones a los destinos reales” aunque no podía concretar la operación “si el Congreso al ser puesto en conocimiento no convalidaba”, explicaron. El Código Penal, dijeron, prevé castigo para quienes propician un “peligro de declaración de guerra de parte del otro estado beligerante así como la exposición de los habitantes de la Nación a represalias” o la afectación de relaciones amistosas con otros gobiernos. Sólo con una autorización del Congreso, que no existió, el tema hubiera entrado en “las llamadas cuestiones políticas no justiciables”, dijeron los camaristas.
La maniobra, describió el tribunal, se completó con la concreción de los embarques y la “percepción indebida de reintegros”. Para lo primero hicieron falta grandes movimientos y cierta organización. “Los sucesos sólo pudieron acaecer del modo en que lo hicieron con la decisión de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo”, señala la sentencia. En cuanto a los reintegros, Borinsky había calculado que distribuyeron 20 millones de dólares fruto del contrabando. “Parte de la mercadería no podría haber sido beneficiaria de reintegros impositivos ya que no se trataba de material nuevo ni manufacturado en el país”, afirmó Casación. “Resulta difícil imaginar una burla más completa de todo el sistema jurídico de prohibiciones y fiscalización del decurso de mercaderías a través de la frontera nacional”, advirtió el tribunal, que insistió en que los decretos “fueron piezas fundamentales” y que además “el control aduanero ha sido burlado de manera flagrante”.
Además de Menem, fueron condenados por Casación el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, el traficante de armas Diego Palleros y varios directivos y ejecutivos de Fabricaciones Militares, empezando por Luis Sarlenga, ex interventor, y el primer arrepentido que tuvo la causa. En 2001 Sarlenga confesó que en el gobierno todo el mundo conocía el destino de las armas y que las órdenes emanaban de Emir Yoma, cuñado del ex presidente y asesor estelar. La absolución de Yoma quedó firme ayer junto con la de dos funcionarios de Cancillería. También fue ratificado el sobreseimiento por prescripción del ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik.
Menem estuvo preso durante 167 días en 2001 por esta causa. Tuvo un glamoroso arresto domiciliario en la quinta de su amigo Armando Gostanian. Lo liberó la Corte en la época de la “mayoría automática”. Perdido por perdido, el ex mandatario probará suerte con la Corte actual. Y por ahora, además, lo protegen los fueros parlamentarios.
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