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La Corte Suprema le respondió a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que ni los fiscales –a quienes ella dirige– ni los defensores oficiales tienen impedimento alguno para pagar impuesto a las Ganancias y le advirtió que incluso “es su obligación hacerlo”. Ella le había planteado al alto tribunal la necesidad de modificar una acordada de 1996 que exime al Poder Judicial de ese tributo, para que la procuración pueda empezar a deducirlo de los sueldos. Sin embargo, los supremos dijeron que la acordada en cuestión sólo alcanza a los jueces, funcionarios y empleados judiciales, pero no a los ministerios públicos, que son autónomos. Interpretaron que Gils Carbó intentaba apurarlos y que lo hacía cometiendo un “error jurídico”. En la procuración reaccionaron: “Nosotros llamamos al diálogo para consensuar un mecanismo para que todo el mundo pague Ganancias y nos contestan con un misil; hacemos un compromiso a la vista de todos, no nos escondemos”.
El oficio de la procuración enviado a la Corte la semana pasada estaba firmado por el subdirector de administración, Daniel Domanico, quien pedía una reunión con el administrador general del tribunal, Daniel Marchi. Le planteaba trabajar “de manera conjunta” para implementar el impuesto a las Ganancias en el Poder Judicial, lo que a su vez permitiría trasladarlo –señalaba– a los fiscales. Según interpreta Gils Carbó, la ley orgánica del Ministerio Público garantiza a sus integrantes el reconocimiento de la misma “jerarquía y beneficios” que a los del Poder Judicial. Por eso, cualquier modificación de la acordada noventista que exime de pagar Ganancias debería, a su entender, ser aplicada automáticamente por la procuración. El concepto es que los fiscales están sujetos a lo que diga la Corte por una cuestión de equidad, y que en ese contexto sería injusto que jueces, fiscales y defensores gocen de regímenes diferenciados.
En la Corte, sin embargo, interpretaron el planteo de la procuradora como una presión para que se expida sobre el tema, siguiendo la línea del discurso de Cristina Kirchner en la apertura de sesiones del Congreso. Allí la Presidenta dijo que los jueces de la Corte tienen que pronunciarse, porque la ley vigente que obliga a los tres poderes del Estado a tributar como cualquier ciudadano ya existe y está vigente, sólo que por obra del máximo tribunal los magistrados se convirtieron en excepción.
En su plenario de ayer, los jueces supremos acordaron responderle a la procuración. Le enviaron una nota firmada por una funcionaria –la contadora Karina Ramos– de la misma jerarquía que Domanico, aunque expresa la posición del tribunal. Dice que debatieron una fórmula para el pago de Ganancias durante todo 2012 y que siguen haciéndolo ahora. Aclara que han sido consultados jueces, juezas, funcionarios, asociaciones y representantes gremiales, no así los ministerios públicos (fiscal y de la defensa) porque son autónomos y pueden manejar su “administración general y financiera”. Una acordada de la Corte (o su derogación), señala, “no puede obligar” ni generar “algún impacto sobre los ministerios públicos”. Tampoco la ley orgánica para los fiscales, añade, menciona nada sobre ese tipo de resoluciones.
Dos párrafos del texto resumen el espíritu de la respuesta:
- La Corte “carece de atribuciones para tomar cualquier clase de decisiones sobre la situación salarial o impositiva de los integrantes de otros poderes”, por ende, la acordada que exime al Poder Judicial de pagar ganancias “resulta inaplicable a los ministerios públicos”.
- “Desde el año 1994, no sólo no existe ningún impedimento para que el Ministerio Público actúe como agente de retención del impuesto a las Ganancias, sino que es su obligación hacerlo”. Es decir, el alto tribunal le dice a Gils Carbó que los fiscales bien podrían estar pagando Ganancias. Sin embargo, a la vez, le dice que prefiere “no abrir juicios” sobre “el alcance de la equiparación” establecida por la ley entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.
En la procuración siguen sosteniendo que “el pago del impuesto sólo puede ponerse en práctica en los ámbitos correspondientes a ambas instituciones de manera simultánea”. Evalúan que surge de la ley y dicen además que es evidentemente injusto que unos tributen y otros no. Explican que la nota que enviaron la semana pasada a la Corte fue en tono de acercamiento y en plan de que el mecanismo que se aplique para descontar Ganancias sea consensuado. Gils Carbó está convencida del pago de Ganancias. “Hacemos un compromiso y lo hacemos a la luz pública”, dicen sus colaboradores. Ella dijo que quizá hoy dará una respuesta más amplia a la Corte.
La semana pasada la Corte manifestó la voluntad de “resolver el tema”, pero puertas adentro hay posiciones muy distintas y se analiza un amplio espectro de opciones, todas tendientes a evitar afectar el monto de los ingresos de los jueces (y minimizar los reclamos judiciales y las medidas de fuerza): que sólo paguen Ganancias los jueces nombrados de ahora en más; que paguen todos, pero se los exceptúe en algunos rubros (como los legisladores, que no pagan por gastos de representación); que paguen, pero reciban una compensación económica para que no les disminuya tanto el salario; que se aplique el impuesto de manera progresiva en el tiempo.
Los chispazos con Gils Carbó, de todos modos, comenzaron ya hace algunos meses, quizá a partir de que ella se puso al frente del movimiento “Justicia legítima”, cuya primera solicitada se diferenciaba de un comunicado de la Comisión de Independencia de la Corte que, junto con entidades corporativas, denunciaba presiones políticas sobre la Cámara que intervenía en el caso Clarín. En el encuentro de este grupo en la Biblioteca Nacional, dos semanas atrás, la procuradora fue tácitamente crítica con el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien había anticipado su discurso anual justo al día anterior a ese evento.
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