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La jueza Elena Liberatori le ordenó al gobierno de Mauricio Macri que siente a sus funcionarios en una mesa de trabajo para empezar a darle los servicios básicos a un sector de la Villa 31, conocido como barrio San Martín. Entre otras cosas, la gestión PRO se verá obligada a brindarles agua potable y electricidad mientras se realizan las obras de cloacas y de alumbrado público. “Este fallo ratifica el silencio al que el macrismo condena a los invisibles de la ciudad. La Justicia tuvo que venir a reconocer, por primera vez desde un poder del Estado, la existencia de un barrio porteño de alrededor de 2500 personas”, sostuvo en un comunicado la Agrupación Los Invisibles, que promovió el amparo.
“El barrio San Martín surgió a comienzos del año 2011, cuenta con 2500 habitantes (aproximadamente) y se encuentra a continuación de la manzana 107 de la Villa 31”, relatan los integrantes de Los Invisibles en el mismo comunicado. “Parte del barrio se encuentra en el polígono de Villa 31 a urbanizar según la Ley 3343, mientras está en la Legislatura el proyecto de ley que propone su inclusión definitiva en el polígono a urbanizar. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad no prestaba ningún servicio a sus habitantes, dejándolos en un abandono absoluto e inconstitucional”, denunciaron. Indicaron que el proyecto de ley, que presentó la legisladora Rocío Sánchez Andía, fue cajoneado en la Comisión de Vivienda de la Legislatura por las autoridades del PRO.
A raíz de esto, presentaron un amparo junto con la defensora Cecilia González de los Santos. La causa cayó en el juzgado de Liberatori. a quien le reclamaron por la negativa del gobierno de Macri de brindarle al barrio los servicios básicos indispensables: agua, electricidad, iluminación, cloacas, cobertura de las ambulancias y recolección de residuos. Le indicaron que en la actualidad los vecinos (y, en especial, los niños y niñas) conviven con grandes cantidades de basura.
La jueza Liberatori ponderó las pruebas e indicó en su fallo que “aquí está en juego el derecho a la vida, a la salud y esos derechos cuentan con la protección que les asigna la Constitución Nacional y la Constitución porteña”. Advirtió que los vecinos “resultan, en principio, perjudicados en cuestiones referidas a las condiciones de habitabilidad y falta de provisión de servicios elementales”.
La magistrada dictó una medida cautelar en la que le ordena al gobierno de Macri que envíe a sus funcionarios a una mesa de trabajo para “llevar adelante las acciones tendientes a sustanciar las mejoras de las condiciones de habitabilidad del asentamiento vulnerable denominado San Martín”. Para esto, convocó a funcionarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y de la Procuración a un encuentro el 20 de marzo. Los vecinos también pidieron un censo de los habitantes y la incorporación del barrio al esquema para los asentamientos informales.
“La mecánica de abordar estos temas en mesas de trabajo es una forma a la que hay que apostar, si los funcionarios tienen buena voluntad. Si no nos encontramos con esa buena voluntad, puede ser engorroso”, detalló la defensora Cecilia González de los Santos. Ante el fallo, la agrupación Los Invisibles repudió “la política agresiva y contraria a la Constitución que lleva adelante Macri respecto a las villas de esta Capital. Resulta indignante comprobar, día a día, la situación de abandono absoluto al que el Gobierno de la Ciudad somete a sus vecinos villeros”.
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