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El país|Jueves, 21 de marzo de 2013
La situación de Carlos Menem tras el fallo que lo declaró culpable de contrabando de armas

Bajo la lupa del resto de los senadores

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tratará los pedidos de desafuero y de creación de una comisión especial para estudiar el caso del ex presidente que presentó la oposición. El oficialismo dio el visto bueno y el debate se dará en la primera quincena de abril.

Por Sebastian Abrevaya
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El senador Menem, considerado “coautor” del contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tratará la situación del senador por La Rioja Carlos Menem, luego de que la Cámara de Casación lo considerara “coautor” del delito de contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia. A raíz de proyectos presentados por la UCR y el Frente Amplio Progresista, el kirchnerismo anunció en la sesión de ayer que durante la primera quincena de abril se debatirá el pedido de desafuero y el de creación de una comisión especial para estudiar el caso. “Estamos de acuerdo con tratarlo en el ámbito de Constitucionales, teniendo en cuenta que esa comisión se reúne durante la primera semana de abril para la elección de autoridades. Igual que se hizo en los antecedentes de los ex senadores (Luis) Barrionuevo y (Raúl) Ochoa”, aseguró el titular de la bancada, Miguel Pichetto.

A pedido de la oposición, el kirchnerismo aceptó tratar en comisión la situación de Menem, quien en los últimos tiempos viene colaborando con las necesidades parlamentarias del oficialismo. La decisión judicial de Casación, revirtiendo el sobreseimiento dictado en primera instancia, abrió paso al debate sobre la continuidad del ex presidente en su banca. Por el momento no existe un pedido judicial para quitarle sus fueros parlamentarios. La sentencia establece que deberá ser el tribunal de origen el que establezca la pena correspondiente para el delito de contrabando de armas agravado. De todas maneras, la decisión fue apelada, por lo que el tribunal deberá resolver si la acepta y le da traslado a la Corte Suprema o no.

“Esta Cámara no puede permanecer indiferente ante la situación condenatoria, de ninguna manera pretende arrogarse facultades propias de la Justicia, pero sí tiene facultades disciplinarias que debe ejercer cuando claramente la institución estaría siendo agraviada”, asegura el proyecto presentado por el jefe de la bancada radical, José Cano. Con Cano volviendo de la asunción del papa Francisco, la senadora radical Laura Montero insistió ayer con el tema: “Queremos que se establezca una agenda para que los expedientes puedan ser tratados”, reclamó. Desde el FAP, a través de una iniciativa del senador Jaime Linares, pidieron la exclusión del senador por “inhabilidad moral”, como está previsto por el artículo 66 de la Constitución nacional. Según el texto de la Carta Magna, se necesitan los dos tercios de los votos para expulsar a un legislador electo. “El fallo de la Cámara de Casación ha sido demasiado contundente como para ignorarlo o quedar de brazos cruzados esperando un pedido de desafuero”, aseguraron desde la fuerza que conduce Margarita Stolbizer.

“Como es tradición de la comisión, vamos a dar traslado a los proyectos y solicitar pruebas. Vamos a abrir todas las instancias que garanticen el debido proceso, tal como se establecieron en casos como Barrionuevo y Ochoa”, aseguró a Página/12 Marcelo Fuentes, titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. En abril la comisión deberá reunirse para ratificar sus autoridades y comenzar el tratamiento de este tema.

En 2003 la Cámara intentó expulsar a Luis Barrionuevo luego del episodio de quema de urnas en la elección a gobernador en Catamarca. El intento no prosperó, a diferencia del caso de Ochoa, quien fue suspendido en 2005 por haber sido condenado por votar dos veces en distintas localidades durante las elecciones nacionales de 2001.

El 5 de marzo último, la Cámara de Casación complicó la situación judicial de Menem, considerándolo coautor de la venta ilegal de armas entre los años 1991 y 1995 a Ecuador y Croacia. En el primer caso se trataba de una intervención en la denominada Guerra del Cóndor entre Ecuador y Perú, mientras que en el segundo se violó la determinación de Naciones Unidas para impedir la venta de armas a cualquiera de las partes que se enfrentaban en la Guerra de los Balcanes. Con la cuestión judicial con algunos pasos procesales pendientes, el Senado se abocará al estudio del caso, aunque el avance no sería inmediato.

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