”Las prácticas policiales y judiciales enumeradas en este informe se sustentan en las acciones y omisiones de los tres poderes del Estado, y crean las condiciones para impedir el esclarecimiento de los hechos, garantizar la impunidad de sus autores materiales e intelectuales, y eludir las responsabilidades políticas”, sentencia el documento que la Comisión Investigadora No Gubernamental de la represión del 20 de diciembre en Santa Fe entregó al secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde. En las ocho causas abiertas hay un solo policía procesado, y la mayoría de esos procesos van camino a ser cerrados. Además, sus integrantes le manifestaron al funcionario su inquietud porque Enrique Alvarez, subsecretario de Seguridad de Santa Fe en aquellos días, estaría desempeñándose en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y el ex jefe de la policía provincial José Storani ocuparía un cargo en el Ministerio del Interior.
“Confiamos en Duhalde”, comentó la diputada santafesina del ARI Alicia Gutiérrez sobre la petición formulada. Habría sido el hermano del gobernador Reutemann quien dio la pista sobre el nuevo destino de Alvarez. Una de las causas iniciadas por denuncias de la Comisión está caratulada “Enrique Alvarez y otros sobre incumplimiento de los deberes de funcionario público”, y contiene pruebas que incriminan al ex subsecretario de Seguridad provincial, a los jefes policiales y al Poder Ejecutivo. Ante esta Comisión, integrada por personalidades santafesinas y nacionales, declararon el ex ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez y su delegado en Rosario, Osvaldo Truco, y de esos testimonios se desprendieron varias precisiones. En primer lugar, surgió que el gobernador manejaba información en forma directa con el subsecretario de Seguridad sobre la situación en Rosario. También quedó evidenciado que el ministro de gobierno (Domínguez) dio órdenes que no fueron cumplidas al subsecretario de Seguridad y a los jefes policiales. Otro dato que destacó la Comisión es la falta de voluntad política para resolver en forma pacífica el conflicto.
El martes pasado la Comisión presentó su informe preliminar en la sala Cabezas del Congreso, con la presencia de los familiares de los asesinados. “Se han determinado falencias en la conducción judicial de las investigaciones, las que en algunos casos quedaron por meses en manos de la policía, lo cual impidió recolectar las pruebas necesarias para conocer la verdad de los graves hechos sucedidos”, explicaron. Y agregaron que “la instrucción judicial no agota la totalidad de las hipótesis investigativas, fundando sus resoluciones casi exclusivamente sobre la base de las investigaciones realizadas por la policía”. En la mayoría de las causas se ha dictado el sobreseimiento al personal policial interviniente en la represión. En el expediente en el que se investigaban las responsabilidades de los distintos jefes policiales se dictó la falta de mérito para los imputados. Los juzgados intervinientes son el de Instrucción 13, Correccional 2º y la sala 4ª de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario.
En cuanto al poder político, la Comisión destacó que el Ejecutivo provincial impidió la conformación de una comisión investigadora legislativa y toleró la obstaculización de las investigaciones por parte de la policía. “A 18 meses de los hechos no hemos constatado cambio alguno en la política de Seguridad de Carlos Reutemann, sí decisiones que tienden a perpetuar dentro de las fuerzas de seguridad a los jefes policiales, funcionarios y agentes responsables de siete asesinatos en nuestra provincia, y ascensos a cargos a nivel nacional”, expusieron.
“¡Hijos de puta, no tiren que hay pibes comiendo!”, fueron las últimas palabras que gritó Claudio “Pocho” Lepratti el miércoles 19 de diciembre de 2001 subido a la terraza de la escuela Mariano Serrano en el barrio LasFlores de Rosario, donde era ayudante de cocina. Los policías levantaron sus escopetas y le dispararon. Una bala de plomo le atravesó la tráquea y lo mató. La causa sobre su muerte es la única que avanzó y en la que está procesado con prisión preventiva el policía Esteban Velázquez. Cuando su padre le planteó a Reutemann la responsabilidad que habían tenido los funcionarios políticos en la represión, el gobernador “no contestó nada”, según relató Orlando Lepratti a Página/12. “Este estado de impunidad es el que posibilita la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales”, concluyó la Comisión.
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