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Mientras en el Senado se aprobaba ayer un dictamen a favor del proyecto de ley que limita las medidas cautelares contra el Estado, crecía imparable el rumor de que la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial había fallado sobre la validez de la ley de medios. Es el expediente donde Clarín sigue eximido de desprenderse de licencias gracias a los efectos residuales de una cautelar de hace más de tres años. A última hora de ayer, en el Gobierno daban casi por hecho que una resolución del tribunal declaraba la inconstitucionalidad de la norma, aunque la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) no había recibido ninguna notificación formal. Ante la consulta de Página/12, fuentes de la Cámara dijeron que aún no hay fallo, pero que seguramente lo habrá “a mediados de la semana que viene”.
En la Casa Rosada circulaba desde la tarde información extraoficial según la cual la Cámara había firmado el esperado fallo sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aunque admitían no conocer detalles, en la Afsca daban por sentado que cualquier decisión de ese tribunal sería adversa a sus pretensiones, con una declaración de inconstitucionalidad de la ley, en especial teniendo en cuenta que ya en 2010, cuando dictó la primera medida cautelar a favor del Grupo Clarín, la Sala I evaluó que el plazo de desinversión de un año para adecuarse a los límites de concentración de medios le parecía “breve, sorpresivo y fatal”. Un resultado negativo, de todos modos, no es visto con preocupación en el organismo donde, al contrario, están esperando que el proceso judicial siga su curso y llegue a la Corte Suprema, que es la que definirá todo.
En medio del runrún sobre el fallo, el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, tuvo reuniones en la Casa de Gobierno, donde el expediente de la ley de medios fue tema inevitable, pero quedó rodeado de algunos signos de pregunta. Consultadas por este diario, fuentes de la Cámara en lo Civil y Comercial que están vinculadas con el expediente dijeron que no hay ninguna resolución firmada, pero que está todo pensado para que esté lista la semana próxima, probablemente entre martes y miércoles.
Un rato antes, y mientras el Senado avanzaba con el dictamen de la ley sobre medidas cautelares –que limita su duración e impide que tengan efectos patrimoniales para el Estado, que no puede considerarse nunca insolvente–, Cristina Kirchner encabezó un acto de presentación del nuevo régimen de amas de casa y de penalización del trabajo infantil, donde dijo: “Para los invisibles y los pobres no hay cautelares ni inconstitucionalidades” (ver páginas 6 y 7). “Con todos los camaristas y jueces que tenemos repartiendo cautelares y declaraciones de inconstitucionalidad, a nadie se le ocurrió en sesenta años declarar inconstitucional un decreto que condena a las amas de casa a no tener vacaciones ni ninguno de los beneficios que tienen los trabajadores”, afirmó la Presidenta. Entonces, en defensa de las reformas que impulsa para democratizar la Justicia, señaló que “por eso es necesaria una modificación en la Justicia, para que no sólo exista para aquellos que tienen presión de lobby o que cuentan con el dinero para contratar buenos equipos de abogados, sino para todos por igual”.
El caso de la ley de medios es, para el Gobierno, un ejemplo paradigmático de expediente donde una cautelar, que incluye un reclamo patrimonial, se prolonga para impedir aplicar una ley y termina adquiriendo visos de sentencia de fondo. Pero hay otros muchos ejemplos de medidas similares, algunas por su extensión y otras por su tipo, que han obrado para frenar la operatividad de leyes o decisiones de Gobierno, desde la utilización del Fondo del Bicentenario que habilitaba el uso de reservas para pagar deuda hasta la que hace diez años le impide a la AFIP cobrarle al diario La Nación una deuda de 280 millones de pesos.
El derrotero de la causa de la ley que redefine el mapa de medios tuvo la prolongación de las medidas cautelares como constante, desde la primera que dictó el ex juez Edmundo Carbone en diciembre de 2009 y que luego la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial respaldó una primera vez en mayo de 2010 y que un año después prorrogó por 36 meses. Ese plazo fue reducido por la Corte Suprema, que fijó el famoso 7D (por el 7 de diciembre de 2012). Un día antes de esa fecha, la Cámara volvió a extender el plazo a favor de Clarín. Luego, el 27 de diciembre, la Corte rechazó un per saltum del Gobierno y mantuvo la vigencia de la medida cautelar.
En medio del enredo judicial, el Gobierno denunció que tras la jubilación de Carbone, en la Cámara se habían hecho maniobras con sorteos manuales para poner jueces afines (a Clarín). Y que cinco integrantes del tribunal habían participado de un viaje a Miami invitados por la ONG Certal, ligada al multimedio, a una cumbre sobre libertad de expresión.
En medio del intríngulis, el juez de primera instancia que quedó firme, Horacio Alfonso, falló a favor del Gobierno al confirmar la constitucionalidad de la ley, tras recibir un dictamen del fiscal Fernando Uriarte en el mismo sentido. Dijo que no estaba afectada la libertad de expresión, que había una discusión patrimonial y que, en caso de haber un perjuicio, se podría subsanar después. La paradoja es que igual, por las apelaciones y la cautelar, la ley sigue sin aplicarse. El fiscal de la Cámara, José María Medrano, también dictaminó a favor de la constitucionalidad. Es evidente que, aunque no tenga firma, la decisión de los camaristas está tomada, pero la que pondrá fin a la historia es la Corte. También es cierto que si la ley de cautelares se aprueba, no podría repetirse esta historia.
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