El país|Miércoles, 25 de junio de 2003

Tres años y seis meses fue la condena que el juez Norberto Oyarbide le impuso al represor Carlos Guillermo Suárez Mason, alias “Pajarito”. Los cargos fueron apología del delito e infracción a la ley antidiscriminatoria. El genocida cumple prisión domiciliaria por las causas abiertas por robo de bebés hijos de desaparecidos y por la matanza de militantes montoneros durante la denominada contraofensiva. En una entrevista publicada por la revista Noticias el 5 de octubre de 1996, el ex jefe del I Cuerpo del Ejército había dicho, entre otras cosas, que tenía “prevención” hacia los judíos y que “el poder judío es un poder mundial”. Allí también había cargado contra el periodista Guillermo Patricio Kelly, de quien opinó: “Es un hombre que no me merece respeto, más ahora que está al servicio de los judíos”.
Tanto el fiscal Miguel Angel Osorio como los abogados de los querellantes Guillermo Patricio Kelly y la DAIA se mostraron conformes con la resolución. En sus alegatos, Osorio y la letrada patrocinante de Kelly habían pedido cuatro años por el “concurso real” de los dos hechos, es decir, la conjunción de ambos, prevista por el Código Procesal Penal en caso de delitos conexos. La DAIA, por su parte, se había ceñido a la pena máxima de tres años establecida por el artículo 3 de la ley 23.952 que castiga la incitación “al odio racial o religioso”. Estuvo presente en la audiencia de ayer Juan Ramos Padilla, el abogado del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), organismo que participó de la audiencia como auxiliar de la Justicia a pedido de los querellantes.
Vestido con un traje gris claro, Suárez Mason escuchó atentamente la exposición del secretario del Juzgado y el auto de elevación a juicio. Mantuvo su mirada baja, hacia su escritorio, y un leve temblor aparecía en su mano derecha cada vez que tomaba notas con su bolígrafo o bebía un sorbo de agua del pequeño vaso de plástico que le tocó en suerte, a diferencia de las coquetas copas de vidrio que se sirvieron a los abogados y al juez. Ni se inmutó cuando se leyeron sus polémicas frases de hace seis años y ocho meses. “La tortura tal vez deberíamos haberla legalizado para cubrir algunos excesos, como hacen los judíos, que dan unas palizas de muerte por día”, había dicho entonces. La defensa aclaró que se refería a la autorización que la Corte Suprema israelí dio a la “presión física” sobre los detenidos en cárceles de ese país. “La guerra no tiene excesos, gana el más violento”, decía el represor en otro fragmento del reportaje, frase tomada, según él, de Clausewitz.
“No soy antisemita”, se defendió Suárez Mason, quien manifestó a Oyarbide su “voluntad de hablar” durante la audiencia. Pidió varias veces al fiscal y a los abogados querellantes que reiteraran las preguntas, alegando problemas con el micrófono y el audio de la sala. “No ha sido mi intención agraviar a ninguna comunidad”, aseguró, antes de recordar sus “buenas relaciones” con “amigos judíos”. Destacó su intervención personal para lograr la liberación del sobrino de Tato Bores y del hijo de Marcos Zucker, en este caso durante su primera detención. Intentó explicar el sentido de su frase “a los judíos les tengo prevención”. Dijo que prevención significaba “cuidado, alerta en lo personal” y lo justificó por su experiencia con los casos de David Graiver y Jacobo Timerman.
Hablando de la violencia de los ‘70, Suárez Mason dijo: “Yo pienso que las comunidades extranjeras no deberían participar en situaciones como éstas”. Inmediatamente el fiscal le preguntó si consideraba “extranjeros” a los judíos argentinos, a lo que el represor respondió que se los podía considerar “una comunidad argentina diferenciada” y comparó a la DAIA con el Centro Gallego. A Guillermo Patricio Kelly le recordó su pasado en la ultraderechista Alianza Libertadora Nacionalista, uno de cuyos lemas era “Haga patria, mate un judío”. Dijo que esto había sido omitido por Noticias y que él envió sus correcciones manuscritas sobre una copia de la desgrabación del reportaje, pero le dijeron que “ya no había tiempo” de introducir modificaciones porque la revista estaba en la imprenta. Tuvo, sin embargo, la oportunidad de hacer sus aclaraciones en el número siguiente del semanario, pero en esa oportunidad sólo deslindó su responsabilidad respecto de las atrocidades de la dictadura y corrigió un error menor sobre su pasado como dirigente de Argentinos Juniors.
Juan Darío Gallo, el autor de la entrevista y único testigo de la causa, dio algunas precisiones sobre el proceso de elaboración de la nota. Reconoció que se trató de un extracto de lo “periodísticamente más importante” de sus encuentros con Suárez Mason, pero aseguró que respetó el sentido de sus dichos. Dijo haber mantenido con el represor, desde aquella entrevista de 1996, una “relación normal de periodista con su fuente”. Lo atribuyó a la supuesta conformidad de Suárez Mason con la nota publicada. “Cuando un entrevistado no queda conforme, corta los lazos”, aseguró Gallo, que atribuyó “cierta ingenuidad” en el manejo del off the record a Suárez Mason.
La estrategia de la defensa fue desmentir la supuesta fidelidad de la nota publicada a las palabras del entrevistado y tratar de convencer al juez de que “muchas frases fueron recortadas” y sacadas de contexto. Al margen de este argumento general, Perla Martínez de Buck, abogada de Suárez Mason, explicó que su defendido “no cometió el delito de discriminación” porque sus dichos no buscaron “alentar” ni “incitar” el odio racial, los dos elementos previstos por la norma penal. Tampoco, a su juicio, hubo “apología del delito” porque en ningún momento Suárez Mason “puso su voluntad individual por encima de la voluntad de la ley”.
En sus alegatos, la DAIA y la fiscalía se centraron en la figura del represor. “Es paradójico que hoy estemos juzgando a Suárez Mason por lo que dijo y no por lo que hizo”, aseguró Mariano Fridman, abogado de la DAIA. “Después de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, el imputado sigue apologando e impulsando el odio racial y religioso”, sentenció Miguel Angel Osorio.
Tras el cuarto intermedio llegó la sentencia de Oyarbide y un cerrado aplauso se apoderó de la sala.

Informe: Mariano Roca.

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