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El Congreso se prepara para una semana agitada en la que el oficialismo buscará convertir en ley los proyectos del Gobierno para “democratizar la Justicia”, que ya tienen media sanción de cada una de las cámaras. Diputados convocó para mañana a un plenario de cuatro comisiones, donde los legisladores escucharán a más de una docena de expositores invitados como parte del debate de las iniciativas más controvertidas de la batería de propuestas: la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, la creación de tres nuevas Cámaras de Casación y la regulación de las medidas cautelares, que el kirchnerismo llevará al recinto el mismo miércoles (aunque no se descarta que la sesión especial se prolongue durante la jornada del jueves). El Senado también reunirá el martes un plenario de comisiones que abordará los proyectos que llegan de la Cámara baja sobre la publicación en Internet de las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes –jueces incluidos– y de las resoluciones de la Corte Suprema y los tribunales superiores del fuero federal, además del acceso igualitario al Poder Judicial: estas iniciativas llegarán al recinto de la Cámara alta una semana después.
La atención estará puesta en la Cámara baja, donde se debatirán los temas más controvertidos y que el kirchnerismo quiere convertir en ley esta misma semana. Para mañana a las once de la mañana está convocado el plenario que aglutinará a las comisiones de Asuntos Constitucionales –que oficiará de cabecera–, Justicia, Legislación general y Presupuesto. Hasta el viernes por la noche, oficialistas y opositores buscaban terminar de consensuar una lista de expositores invitados, que ya tiene más de una docena de nombres confirmados entre funcionarios, expertos y miembros de distintas organizaciones ligadas a la Justicia.
El ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario del área, Julián Alvarez, defenderán los proyectos del Gobierno con las modificaciones que ya introdujo la media sanción del Senado. La lista incluye, por pedido de la oposición, al presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral; el fiscal general de la Cámara de Apelaciones porteña, Ricardo Sáenz; representantes de asociaciones como Fernando Straface (Cippec) y Carlos Balbín (ADC), los expertos Andrés Gil Domínguez, Juan Carlos Gemignani, Alberto García Lema y Roberto Gargarella; los presidentes de la Federación de Colegios de Abogados (FACA), Ricardo De Felipe, y del Colegio Público de Abogados de la Capital, Jorge Rizzo, además de Julio Piumatto, del sindicatos de empleados judiciales, aunque podrían agregarse algunos más.
En tanto, el oficialismo propondrá a tres de sus propios diputados de distintas comisiones para defender cada uno de los tres proyectos: el bonaerense Jorge Landau, el rionegrino Omar Albrieu y el chubutense Juan Pais.
La metodología será agrupar de alguna manera a los expositores para luego pasar al debate de los legisladores que forman parte de las cuatro comisiones, que se encargarán de plantear las posturas de cada bloque partidario frente a los tres proyectos del Gobierno que más resistencia generan en las distintas bancadas opositoras.
Uno de esos proyectos es la ampliación de los integrantes del Consejo de la Magistratura y su elección a través del voto popular junto con las elecciones presidenciales, aunque la propuesta del Ejecutivo establece –para no esperar dos años para la votación– que la primera renovación se produzca en las legislativas de octubre, y sus postulantes deberán atravesar las primarias (PASO), que en agosto definirán las candidaturas partidarias.
Otro proyecto apunta a la creación de cámaras de Casación en los fueros federales en lo Contencioso y Administrativo, de Trabajo y Seguridad Social, y en lo Civil y Comercial. La tercera iniciativa propone limitar las medidas cautelares contra el Estado a seis meses con una única prórroga por el mismo período de tiempo, aunque la regulación no se aplicará “cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, se encuentre comprometida la vida digna, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derechos de naturales alimentaria”. También quedaron excluidos de la limitación a las cautelares aquellos casos en que “se trate de un derecho de naturaleza ambiental” o cuando se trate de conflictos laborales que involucren el derecho a huelga.
La principal preocupación del kirchnerismo pasa por no prolongar demasiado la discusión, que ya tiene posturas claras y definidas, para emitir los dictámenes de mayoría que quiere llevar al recinto al día siguiente.
Para el miércoles está pedida una sesión especial para tratar los tres proyectos. El oficialismo también trabaja sobre la hipótesis de que el debate en el recinto se extienda hasta avanzado el jueves o que se desdoble en dos jornadas. Una tarea que incluye garantizar la presencia de los diputados propios y de sus aliados, para no enfrentar sobresaltos. Ya que el proyecto que propone la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura modifica la ley electoral y requiere de la mayoría especial, la mitad más uno de los miembros de la cámara.
Los tiempos son otros en la Cámara alta. Para el martes a las 15 está convocado el plenario de las comisiones de Justicia, Asuntos constitucionales y Legislación general, donde el kirchnerismo buscará rubricar los dictámenes de mayoría para llevar el debate al recinto una semana después. Pese a que las iniciativas que ahora debatirá el Senado son las menos controvertidas, el grueso de la oposición las rechazaría –como hizo en Diputados– por considerarlas parte de un mismo paquete de medidas que consideran “inconstitucional”. Sin los dos tercios necesarios como para forzar una sesión especial, el oficialismo tendrá que esperar los siete días que establece el reglamento interno del Senado para llevar los dictámenes al recinto.
Pero los proyectos que proponen publicitar a través de Internet las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios de los tres poderes y las resoluciones de la Corte Suprema y de los tribunales superiores del fuero federal, así como establecer un régimen de acceso igualitario al Poder Judicial, podrían tener otra demora para transformarse en ley. Una semana después del debate en plenario de comisiones, el miércoles será 1º de Mayo, Día del Trabajador y feriado nacional. El reglamento interno fija como días de sesiones los miércoles y jueves, lo que obligaría a los senadores de distintas provincias a estar el feriado en Buenos Aires para garantizar su presencia en la sesión y no depender de eventuales dificultades en los vuelos aéreos. Por ahora, el Frente para la Victoria no definió su estrategia.
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