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El Congreso arrancará hoy el debate en comisiones de los seis proyectos del Gobierno para “democratizar la Justicia”, que ya tienen media sanción. En Diputados, un plenario de las comisiones abordará las tres iniciativas más controvertidas –la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, la creación de tres nuevas Cámaras de Casación y la regulación de las medidas cautelares–, que el kirchnerismo buscará llevar mañana al recinto para convertirlas en ley. Al plenario de la Cámara baja asistiría una veintena de expositores que van desde el ministro de Justicia, Julio Alak, hasta tres de las cinco ONG que lanzaron una campaña pública para forzar el voto en contra de una docena de diputados que habitualmente acompañan al oficialismo y así intentar torcer la balanza a favor del rechazo. En el Senado, el plenario de comisiones que tratará los otros tres proyectos menos controvertidos –la publicación en Internet de las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes y de las resoluciones de la Corte Suprema y el acceso igualitario al Poder Judicial– no tendrá invitados, aunque las iniciativas llegarán recién al recinto en mayo.
De todas maneras, la atención y la tensión estarán puestas en la Cámara baja. El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, citado para hoy a las 11 en el flamante Anexo C de la Cámara, discutirá los tres proyectos más controvertidos y resistidos por la oposición que llegan con media sanción del Senado: la elección a través del voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, la creación de tres nuevas Cámaras de Casación en los fueros federales y la regulación de las cautelares contra el Estado. Habrá allí casi una veintena de expositores, que el oficialismo y la oposición lograron consensuar luego de varias negociaciones. Desde el kirchnerismo, los encargados de defender los proyectos serán Alak, su secretario de Justicia, Julián Alvarez, y tres diputados: Jorge Landau, Omar Albrieu y Juan Pais.
Expondrán también varios representantes de asociaciones vinculadas con la Justicia, como Máximo Fonrouge (Colegio de Abogados porteño), Luis María Cabral (Asociación de Magistrados), Ricardo de Felipe (FACA), Jorge Rizzo (Colegio Público de Abogados), Ricardo Sáenz (fiscal de la Cámara de Apelaciones), Mario Fera (presidente del Consejo de la Magistratura), Beinusz Szmukler (Observatorio de la Justicia Argentina); expertos como Alberto Manuel García Lema, Carlos Balbin, Andrés Gil Domínguez, Juan Carlos Gemignani y Roberto Gargarella, además del sindicalista de los judiciales Julio Piumato. La lista se completa con varias ONG que lanzaron una campaña pública para presionar a una docena de legisladores que suelen acompañar proyectos del oficialismo y que todavía no definieron su voto. Expondrán Fernando Straface y Sandra Elena (Cippec)y José Miguel Onaindia (ADC). A ellos se suman el Directorio Legislativo y Poder Ciudadano, con la propuesta de incidir con la “presión social” sobre las opiniones de los legisladores para intentar dar vuelta la votación.
Los diputados que están en la mira de las ONG y las bancadas opositoras son los moyanistas Facundo Moyano y Omar Plaini y los integrantes del interbloque Unión Federal de Provincias: Alicia Comelli, Olga Guzmán y José Brillo (Movimiento Popular Neuquino); el bonaerense Julio Ledesma (Corriente de Pensamiento Federal); Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino); el salteño Walter Wayar (Frente Peronista Federal) y Mariana Veaute (Frente Cívico Catamarca). Además de los salteños Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos) y María Cristina Fiore Viñuales (Renovador de Salta), y Mauricio Ibarra (Unión por San Juan-interbloque Frente Peronista).
Aunque a la mayoría no le cayó en gracia que lanzaran una campaña pública con sus fotos, direcciones y teléfonos para presionarlos, varios de ellos comenzaron a dar explicaciones. “Van a votar conforme a lo que disponga el Consejo Directivo de la CGT”, dijo Piumato para meter presión extra a los legisladores de origen sindical. Plaini insistió luego con que tendrá “libertad de acción” y que el miércoles dará la respuesta. “Tenemos una responsabilidad, no encuentro el sujeto de la acción real de esta presión que es más de un sector que un conjunto de la sociedad”, señaló el representante de los canillitas. “Desde que soy diputado tengo libertad de conciencia. Acordé con mi padre cuando ingresé a la política actuar de esta manera”, sostuvo Moyano hijo.
Comelli, quien sugirió modificaciones al paquete de proyectos, dio a entender que las acompañaría para “reformar el Poder Judicial y hacerlo más democrático”. De todas maneras, confirmó que la resolución del interbloque se decidirá hoy. Pero Garramuño adelantó que votará en contra. Olmedo dijo que escuchará los argumentos de uno y otro lado para definirse, pero afirmó que dará quórum “porque nos pagan para trabajar”.
En el Senado no cambiarán los hábitos y será todo más tranquilo. El plenario de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Legislación General está convocado para las 15 en el Salón Azul y no tendrá invitados. El oficialismo buscará allí emitir los dictámenes de mayoría sobre los tres proyectos menos controvertidos de la reforma, aunque sin los dos tercios necesarios para forzar una sesión anticipada, esperará los 7 días que marca el reglamento interno para llevarlo al recinto. Aunque el feriado del miércoles 1º de Mayo haría demorar una semana más (posiblemente el 8 de mayo) su votación en la Cámara alta.
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