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Tras muchas demoras, el juez federal Sergio Torres decidió no esperar más respuestas directas de jueces norteamericanos y cursó ayer a través de la Cancillería extensos pedidos de informes sobre los casi 500 clientes de la banca JP Morgan de Nueva York que sacaron unos 400 millones de dólares del país –presuntamente por evasión impositiva– en los años que van de 2006 a 2008. El listado está encabezado por la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, que remitió 150 millones de dólares. La denuncia fue hecha en 2008 por el ex vicepresidente del JP Morgan, Hernán Arbizu, con el patrocinio de Pablo Argibay Molina, retrucando una denuncia hecha por estafa del banco contra Arbizu. El ex directivo del JP Morgan entregó listados originales, pero además el juez Torres allanó la oficina local del banco y secuestró la documentación que acreditaba la denuncia de Arbizu. Todo indica que el JP Morgan estaba al tanto de esta movida del magistrado porque en enero les mandó una carta a sus clientes argentinos, diciéndoles que debían cerrar sus cuentas antes del 28 de marzo.
Torres tuvo desde el origen una causa judicial más que caliente porque aparecen involucrados algunos de los principales empresarios del país y porque el JP Morgan fue el banco que encabezó también –según la denuncia de Arbizu– una suscripción de acciones emitidas por el Grupo Clarín de unos 300 millones de dólares que fueron adquiridas por las AFJP, es decir con dinero de los jubilados. A todo esto se sumó una intervención directa de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, lo que derivó en una denuncia contra dos hombres del FBI acreditados en la delegación diplomática. Semejante cóctel –incluyendo un pedido de extradición de Arbizu para ser juzgado en Estados Unidos– convirtió el expediente en una papa caliente.
Torres les había pedido a jueces norteamericanos que acreditaran los montos depositados por los empresarios argentinos, lo que incluye el Grupo Clarín y toda su cúpula, Eduardo Costantini, el Frigorífico Rioplatense, la familia Priú de la ex petrolera San Jorge y varias otras sociedades que no queda claro a quién pertenecen. Por ello, Torres le pidió también ayer a la AFIP que identifique el listado de los casi 500 depositantes en el JP Morgan, informando la situación fiscal, patrimonial, financiera y económica de las personas y sociedades desde 2001, y si alguno de ellos se acogió a la ley de blanqueo de capitales. También el juez le pidió a la Inspección General de Justicia que haga un informe sobre todas las personas y sociedades que figuran en el listado.
“Esto se tendría que haber hecho hace cinco años. Por fin se hizo –dijo ayer Arbizu–. Tal vez se hubiera evitado una enorme fuga de capitales. Ese dinero que yo logré captar para el JP Morgan diría que en un 90 por ciento era en negro. Por ejemplo, los dueños de un banco dijeron que la vendieron a un valor equis, pero se hizo como en los casos de los departamentos: una cosa era el valor en el que se escrituraba y otro superior el valor de la venta real. Esa diferencia es la que me daban a mí para invertir en el JP Morgan. Las transferencias solían hacerse en negro desde casas de cambio. Pero esto es justamente lo que tiene que investigar el juez.”
Hasta ahora, Torres les había pedido los datos a las autoridades judiciales de Estados Unidos, pero nunca obtuvo respuesta. El camino que emprendió ahora es a través de la Cancillería, de gobierno a gobierno. Y, además, también se tramita lo mismo respecto de Suiza, porque hay certeza de que parte de los depósitos fueron derivados a ese país.
Por lo que se sabe, el JP Morgan esperaba una movida de esta naturaleza. Eso explicaría que en enero enviara una carta a sus clientes argentinos, diciéndoles que antes del 28 de marzo debían cerrar sus cuentas. Lo asombroso es que quien, junto a Arbizu, se dedicaba a captar los fondos millonarios para llevárselos a Estados Unidos, Luke Palacio, fue presentado como nuevo funcionario del banco Citi en Miami: esto indica que todos estaban al tanto y tratando de captar fondos que sabían que iban a ser sacados del JP Morgan.
Arbizu fue imputado por un juez norteamericano a raíz de que prometió intereses muy altos a algunos ahorristas que, cuando pidieron su dinero, lo llevaron a utilizar fondos de otros ahorristas e incluso a falsificar una firma. Ante el pedido de extradición, Arbizu realizó la denuncia de toda la operatoria del banco en el que era vicepresidente, JP Morgan, Banca Privada de Nueva York.
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