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Las secretarías de Trabajo y Transporte instaron a la Cámara de Empresarios de Transporte de Larga Distancia (Celadi) a darles a sus empleados un aumento salarial del 18 por ciento no remunerativo para enero, febrero y marzo, y 23 por ciento remunerativo desde abril. Como la resolución dicta “una justa composición de los derechos de los trabajadores”, establecen que la UTA “deberá dejar sin efecto las medidas de acción directa”, que, cumplido el tercer día de paro consecutivo, dejaron un saldo de 80 mil pasajeros varados en todo el país. Sin embargo, el conflicto sigue en pie, en tanto la entidad patronal afirmó que “recurrirán inmediatamente” la medida cuyo “acatamiento es de imposible cumplimiento”, y el vocero del gremio, Mario Caligari, sostuvo que “si no garantizan el pago de salarios” se sostiene el paro. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, advirtió que “se han activado todos los mecanismos” y que si no se cumplen, habrá “sanciones tanto al sector empleador como a los trabajadores”.
Cuatro meses de negociaciones, con veinte audiencias en el marco de una conciliación obligatoria, no alcanzaron para que empresarios del sector de transporte de larga distancia y trabajadores sindicados en UTA acuerden un incremento salarial para el 2013. El escenario se recrudeció cuando comenzó la huelga de choferes y personal de boleterías que dejó a miles de pasajeros varados en las principales terminales de ómnibus del país. Ayer, el Gobierno resolvió “intervenir en forma inmediata para solucionar un conflicto de extrema gravedad”.
El acta conjunta, firmada por los secretarios de Trabajo, Noemí Rial, y de Transporte, Alejandro Ramos, ratifica que en “enero, febrero y marzo, se aplicará un incremento salarial del 18 por ciento, con carácter no remunerativo” –dos cuotas entre mayo y julio– y desde “el 1º de abril y hasta el 31 de diciembre, los salarios de los trabajadores se incrementarán en un 23 por ciento, con carácter remunerativo”. Además, los empleadores reciben “mecanismos de asistencia económica y medidas regulatorias para colaborar en generar los ajustes estructurales que correspondan con la caída de la demanda que afecte el empleo”.
Por lo dictaminado, la UTA debe “dejar sin efecto las medidas de acción directa” al encontrar “una justa composición de los derechos de los trabajadores”, y las empresas deben “poner a disposición las instalaciones y vehículos para el restablecimiento inmediato de los servicios”.
“Las partes fueron notificadas a primera hora en los domicilios constituidos”, afirmó a Página/12 el vocero de la cartera laboral, Gustavo Villafañe. “Beneficia a todos: los trabajadores obtienen el aumento pretendido, el mismo que en corta distancia, y a los empresarios se les abre una mesa para resolver problemas del sector”, explicó.
“El ministerio intenta resolver el conflicto obligándonos al pago compulsivo de incrementos salariales”, criticaron desde la Cámara de Empresarios de Transporte de Larga Distancia, porque “implicaría un incremento en los costos de más de 840 millones de pesos anuales”. Aseguraron que “repercute sobre el costo del boleto”, agrava “la situación económica” y pone “en riesgo la continuidad de los servicios” y “el empleo de más de 22 mil trabajadores”. Adelantaron que objetarán la medida “dejando en claro que su acatamiento es de imposible cumplimiento”.
Tampoco hay certeza de acatamiento en la UTA. El vocero Mario Caligari manifestó: “Si no garantizan el pago de salarios vamos a seguir con el paro de micros”. “Si nos dan el 23 por ciento y quedan sin efecto los despidos y la precarización laboral, vamos a volver a trabajar”, concluyó.
Los ministerios pidieron que se cumpla con los términos de la resolución, y aclararon que no se dará marcha atrás con la quita de subsidios a los pasajes, que rige hace dos años. “No aceptaremos extorsiones para volver al viejo sistema de subsidios”, aseveró el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. El funcionario opinó que “este paro es una locura y es una vergüenza lo que están haciendo con miles de pasajeros”. Advirtió que si las empresas no acatan, “se ha instruido a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) para que imponga las sanciones del caso que van desde multas hasta la caducidad de las licencias”. “Se han activado todos los mecanismos que, si no se cumplen, darán lugar a las sanciones que tanto al sector empleador como a los trabajadores les puedan corresponder”, coincidió Tomada.
Informe: Juan Manuel Frías.
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