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Una protesta del Ministerio de Relaciones Exteriores español frenó ayer una histórica declaración por videoconferencia de tres familiares y víctimas del franquismo ante la Justicia argentina, en el marco de la única investigación abierta por esos crímenes. Pablo Mayoral Rueda, Merçona Puig Antich y Pedro Fausto Canales habían sido citados a declarar en el consulado argentino de Madrid, donde serían interrogados desde Buenos Aires por la jueza argentina María Servini de Cubría. El embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, recibió una comunicación del director de Asuntos Jurídicos y Consulares español, Luis Fernández, que le manifestó preocupación ante la posibilidad de que se violen los artículos 30 y 31 del tratado bilateral de extradición y asistencia judicial firmado entre ambos países el 3 de marzo de 1987. Según el documento, este tipo de declaraciones debería hacerse a través de una comisión rogatoria (exhorto) y con previo aviso a las autoridades españoles.
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