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La diputada nacional Juliana Di Tullio y el constitucionalista Eduardo Barcesat realizaron ayer una denuncia ante la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) “contra todas aquellas personas físicas o jurídicas” que sean “autores, partícipes o encubridores” de operaciones sospechadas de lavado de dinero en paraísos fiscales. La denuncia, que convoca a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a que asuma el rol de querellante, está basada en información difundida en los últimos días que confirmaría la titularidad de los directivos del Grupo Clarín en once sociedades anónimas constituidas en Panamá con dinero no declarado en Argentina.
Barcesat informó que “los depósitos en paraísos fiscales provenientes de la Argentina de personas físicas, jurídicas o en representación de, alcanzarían la cifra de 400 mil millones de dólares, lo que nos pone en un lugar de oscuro privilegio en el ranking de países evasores, octavos a nivel mundial y cuartos si se computa la población”, como una manera de focalizar la atención en la gravedad del asunto que, junto con Di Tullio, denunció ayer ante la Procelac en base a “datos concretos” aportados por el diario Tiempo Argentino en las ediciones de los últimos días.
La diputada Di Tullio había insistido ayer en que la Justicia “tiene la obligación de investigar” las once sociedades no declaradas a nombre de directivos del Grupo Clarín en Panamá y también “la obligación de decir si (Héctor) Magnetto y el Grupo han lavado dinero” a través de empresas que, en su mayoría, fueron constituidas en 1979, en plena dictadura militar. En ese sentido, Barcesat consideró que “lo del Grupo Clarín fue un puntapié de arranque, teniendo en cuenta las cifras del GAFI, para que la UIF se constituya en parte querellante y obviamente darle igual tratamiento al universo de casos”.
El abogado constitucionalista destacó que, en cuanto a la denuncia contra Clarín, “aparentemente se recolectaron más elementos de prueba y es una punta para iniciar la investigación”, ya que el multimedio “no desmintió o no ha desconocido la constitución de esas sociedades”.
Según consta en el documento, el objetivo de la denuncia es “impulsar una amplia investigación sobre lavado de dinero (según las leyes 25.246 y 26.683) y figuras penales conexas” para que “se investigue y apliquen sanciones” contra toda persona jurídica o física que desarrolle su actividad permanente en el país y “haya efectuado la constitución societaria o colocado fondos en los denominados paraísos fiscales”. Un texto difundido tras la presentación, explicó que entre las consecuencias del presunto delito investigado se destaca “la grave afectación a los intereses nacionales que deriva de haberse expatriado fondos en moneda extranjera obtenidos de la explotación de recursos y riquezas naturales que son de titularidad del pueblo argentino”.
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