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Alejandro y Carlos Iaccarino. Mañana conocerán la sentencia contra dos de sus secuestradores.Este lunes, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata dará a conocer su sentencia en la causa en que se investiga la responsabilidad de dos represores que participaron, durante la última dictadura, del secuestro y tormento a los hermanos Alejandro, Carlos Alberto y Rodolfo (este último, ya fallecido) Iaccarino con fines de extorsión. Sin embargo, un aspecto hasta ahora no resuelto por la Justicia es la responsabilidad civil en torno de estos delitos. En este caso en particular, de las autoridades del Banco Nación de aquella época, encabezadas por Juan Ocampo, que estando “en conocimiento de la situación” de secuestrados de los hermanos Iaccarino, facilitaron la transferencia de parte del patrimonio familiar a favor de un grupo empresario que había actuado en complicidad con quienes los mantenían secuestrados. Uno de los elementos que prueban la responsabilidad de las autoridades de la entidad oficial en tiempos de la dictadura es un acta interna de la institución de enero de 1980, cuyo facsímil acompaña la presente nota y de la cual no se conocía hasta hace muy poco de su existencia. “De este documento, de importancia crucial, se desprende que autoridades del Banco Nación estaban al tanto del secuestro de los Iaccarino y abrieron los canales necesarios para desapoderarlos de los bienes a favor del grupo Chezzi; este documento es un claro ejemplo de la articulación del aparato represivo y el sistema financiero trabajando de manera conjunta para el desapoderamiento de empresarios”, concluyen los integrantes de la Oficina de Derechos Humanos Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Nacional de Valores, que investigó la causa y obtuvo la mencionada documentación.
Cinco miembros de la familia Iaccarino fueron secuestrados en dos operativos simultáneos el 4 de noviembre de 1976. Uno en Santiago del Estero, del que fueron víctimas el padre de los tres hermanos, Rodolfo Genaro, y dos de sus hijos, Rodolfo José y Carlos Alberto. En Buenos Aires, los represores capturaban ese mismo día a la madre de los hermanos, Dora Emma Venturino de Iaccarino, y al otro hijo, Alejandro. Ambos operativos habían sido ordenados por el Comando del Primer Cuerpo de Ejército. Dos semanas después, el matrimonio recuperaba la libertad, mientras sus tres hijos permanecerían en manos de la dictadura hasta el 4 de septiembre de 1978.
En nombre de “la lucha contra la subversión económica”, los tres Iaccarino fueron torturados e interrogados acerca de sus vínculos con el ERP y el financiamiento del terrorismo, así como el desempeño de sus actividades empresarias, fundamentalmente en Santiago del Estero (agro y construcción). Para ello, los “pasearon” por 14 centros de detención. Sin embargo, el verdadero propósito de su secuestro fue puesto de manifiesto cuando, a mediados de 1977, los Iaccarino son obligados a reunirse con los empresarios Bruno Chezzi y Vicente Antonio García Fernández, en nombre de la firma Equinoquímica SA. El encuentro, según relataron los dos hermanos sobrevivientes, tuvo lugar en el despacho del subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, Rómulo Ferranti, lugar donde permanecían detenidos. Ferranti es uno de los acusados que esperan sentencia este lunes.
La curiosa reunión de negocios tuvo por fin hacerles saber el interés de los visitantes por 25 mil hectáreas de su propiedad en tierras santiagueñas y por un avión Aerocommander Srike 500 que habían adquirido poco antes de ser secuestrados, en 1976. Los términos del “acuerdo” propuesto era que, a cambio de la cesión de la propiedad, le ofrecían anular las causas judiciales “armadas” en su contra en el Juzgado Federal No2 de La Plata.
Sin posibilidad a negarse, el supuesto acuerdo fue sellado en el propio centro clandestino de detención de Lanús, conocido como El Infierno. Unos días después, el 11 de noviembre de 1977, Chezzi y García Fernández volvían al mismo lugar acompañado de una escribana, Lía Cuartas de Caamaño, a efectos de dejar sentada la cesión de poder.
Todo lo anterior está reflejado en el minucioso trabajo de investigación realizado por la Oficina de Derechos Humanos de la CNV, conformada en 2010 a instancias de la dirección del organismo, que encabeza Alejandro Vanoli, y que ha comenzado a revelar detalles de la complicidad entre el poder civil y el poder militar no sólo en el plano ideológico, sino además en los hechos de tortura, privación ilegítima de la libertad y extorsión durante la dictadura. Sin embargo, lo más novedoso es un documento que acaba de salir a la luz como resultado de dicha investigación, y que prueba el acompañamiento que prestaron, para poder concretar estos hechos, otras autoridades civiles ligadas al poder económico, como era el caso del Directorio del Banco de la Nación Argentina entre 1976 y 1980.
Un acta de la Gerencia Departamental de Asuntos Contenciosos del Banco Nación, del 18 de enero de 1980, prueba que la privación de la libertad de los hermanos Iaccarino no sólo era un hecho “conocido” por el Directorio de la entidad, sino que además facilitó los medios para viabilizar el desapoderamiento de sus bienes. La aeronave Rockwell, Srike Commander, importada por valor de 200 mil dólares por los Iaccarino, había sido financiada por un crédito del Banco Nación. Como a partir de noviembre de 1976 (mes de su secuestro) el banco dejó de recibir el pago de la cuota del crédito, el Departamento de Legales refiere en el acta que recibe los antecedentes y la deuda correspondiente, “por resolución del Honorable Directorio del 24 de febrero de 1977 en conocimiento de la detención de los titulares”. Detención que se originó en su secuestro tres meses y medio antes, el 4 de noviembre de 1976, y se convirtió en detención a disposición del Poder Ejecutivo a partir de enero de 1977.
Pero en la misma acta se relata, párrafos más abajo, que tras haber iniciado acciones para subastar la aeronave en acuerdo “con la superioridad” de la entidad, y ya obtenido el embargo de la misma, “se presenta ante la Departamental la firma Equinoquímica SAIC, la que presentó escrito de los titulares (los Iaccarino) expresando sus conformidades para transferir el avión a la citada”. El escrito prestando conformidad no era otro que el firmado, bajo presión extorsiva y tortura, en El Infierno (Brigada de Lanús), ya relatado.
En función de esos instrumentos, Equinoquímica se propuso como subrogante (sustituto) de los Iaccarino en la titularidad del crédito de financiamiento de la aeronave. “Dicha resolución fue resuelta favorablemente por resolución del Honorable Directorio con fecha 10 de noviembre de 1977”, manifiesta finalmente el acta de la Gerencia de Asuntos Contenciosos del Banco Nación. Un día después de esa fecha, el 11 de noviembre, como ya se mencionó, los directivos de Equinoquímica volvían a la Brigada de Lanús acompañados de una escribana para perfeccionar legalmente la captura de la aeronave, con la firma aprobatoria del Directorio del Banco Nación como aval.
Facsímil del acta del Banco Nación de 1980. El Directorio conocía la situación de privación de libertad cuando admitió el desapoderamiento.
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